“Resolverá como jurado”

Después que la Cámara de Diputados aprobara por 56 votos contra 54 la acusación constitucional contra el Ministro de Educación Harald Beyer, corresponde al Senado conocer de ella. Según el art. 53 letra a) de la Constitución, el Senado “resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”. Se trata de una norma que no es original de la Constitución de 1980, estaba ya con prácticamente el mismo tenor en la Constitución de 1925 (art. 42 Nº 1).

La Constitución de 1833 tenía un planteamiento diferente; disponía que el Senado se pronunciaba no sólo sobre la caracterización del delito sino sobre la pena aplicable, y ello mediante el ejercicio de un poder discrecional: “El Senado juzgará al Ministro acusado ejerciendo un poder discrecional, ya sea para caracterizar el delito, ya para dictar la pena” (art. 98). Sería la reforma constitucional efectuada por ley de 24 de octubre de 1874 la que introduciría la fórmula que hasta ahora sobrevive: que el Senado se limitará a declarar si el acusado es o no culpable y que esa declaración se obtendrá mediante una resolución “como jurado”.

¿Qué quiere decir que el Senado “resolverá como jurado”? Pareciera que existe aquí un único caso en que sobrevive en nuestro ordenamiento una institución característica del derecho procesal del common law: el juicio por jurados (trial by jury), es decir, no por jueces letrados (abogados) sino por ciudadanos comunes seleccionados aleatoriamente del pueblo. Es posible que los legisladores de 1874 hayan tenido en cuenta para usar la expresión “como jurado”, que en ese tiempo existía en Chile un tribunal que funcionaba de esa manera: desde un decreto de la Junta de Gobierno de 1813, las sanciones por abusos de la libertad de prensa fueron encomendados a tribunales compuesto por jurados. Esto sería recogido en las Constituciones de 1822 (art. 226), 1823 (art. 264), 1828 (art. 18) y de 1833 (art. 10 Nº 7). En la reforma constitucional de 1874, habrá de haber influido la ley de abusos de la libertad de imprenta de 1872, que hacía decidir a un primer jurado de 7 miembros si la acusación era admisible, y luego a un segundo jurado de 9 integrantes le encargaba la declaración de culpabilidad. Los jurados eran seleccionados del Registro Alfabético de ciudadanos electores del Departamento. El juicio por jurados subsistiría hasta el D.L. 425 de 1925 que derogó la ley de 1872 y encomendó estos pleitos a los tribunales ordinarios, o sea, a jueces letrados (cfr. Piwonka Figueroa, Gonzalo, “Los juicios por jurado en Chile”, en Revista Chilena de Historia del Derecho 20, 2008, pp. 133-146: ver texto).

Teniendo en cuenta este origen es posible concluir que cuando la Constitución exige a los senadores resolver en cuanto jurados, está diciendo algo más que lo que suelen decir los constitucionalistas, esto es, que deben decidir en conciencia y libremente, sin sujeción a órdenes de partido. Se trata de que resuelvan, además, conforme al mérito del proceso, en congruencia con las graves causales y la envergadura de las consecuencias de la declaración de culpabilidad  (destitución, inhabilidad para funciones públicas por cinco años, y posibilidad de encausamiento penal o civil del afectado). No pueden actuar con simple “discrecionalidad” como preveía el texto original de la Constitución de 1833, sino como juzgadores que buscan hacer justicia conforme a los antecedentes probatorios que se les han proporcionado.

Es una responsabilidad de alta magnitud la de este especialísimo “jurado” que existe actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.

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Un Comentario en ““Resolverá como jurado””

  1. Hugo Fuentes Dice:

    En atención a lo manifestado en esta columna, el senado no debiera resolver en base a un juicio político sobre los hechos, si no en torno al mérito del proceso. Por lo tanto, el ministro debiera ser acusado y destituido. Tal como se demuestra en la acusación, el ministro si tenía las facultades para fiscalizar el lucro y JAMÁS lo hizo. Sin embargo, los argumentos sobre las leyes especificas han estado ausentes en el debate público, y la discusión se ha restringido a una cuestión política.


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