Responsabilidad civil por error de diagnóstico y tratamiento psiquiátricos

La Corte Suprema acaba de fallar un caso en que se condenó a un médico psiquiatra a indemnizar por responsabilidad civil derivada de un erróneo diagnóstico y tratamiento de una paciente y el caso plantea varias cuestiones jurídicas interesantes de comentar. Los hechos fueron los siguientes: una mujer de 47 años que estaba padeciendo diversos problemas conductuales consultó junto a su marido al médico demandado en junio de 1999. El psiquiatra, junto con ordenar su hospitalización en la Clínica San José, indicó que en ella se le practica un examen psicológico y se le suministraran medicamentos. Con el resultado de ese examen, el médico concluyó que la paciente sufría un tipo de demencia senil llamada Enfermedad de Pick, e informó a la familia que se trataba de un mal progresivo, invalidante e irreversible, similar al Alzheimer. Fue el médico tratante de la señora y en los años 2004 y 2005 emitió certificados reiterando su primer diagnóstico. Durante este tiempo, afirman los demandantes, habían extrañado que la enfermedad no evolucionara como lo había pronosticado el psiquiatra. A mediados del año 2005, la paciente fue evaluada por el Instituto Neurosiquiátrico de Chile, el que, después de diversos exámanes, concluyó que nunca había padecido la enfermedad de Pick, sino un trastorno bipolar no tratado.

Ante ello, la afectada y su marido demandan indemnización de perjuicios materiales y morales por responsabilidad contractual en contra del médico psiquiatra y la Clínica Las Condes. Subsidiariamente, interponen demanda basada en los mismos hechos pero invocando responsabilidad extracontractual. Además, demandan por responsabilidad extracontractual por daño moral dos hijas del matrimonio contra los mismos demandados. En primera instancia, el juez de letras acoge la demanda principal de responsabilidad contractual a favor de la mujer afectada en contra del médico psiquiatra. Acoge también la demanda pero por responsabilidad extracontractual del marido y de las dos hijas también en contra del doctor. No da lugar, en cambio, a las demandas presentadas contra la Clínica. La Corte de Apelaciones confirma la sentencia, aunque rebajando los montos indemnizatorios. La Corte Suprema rechaza los recursos de casación presentados por el demandado y por los demandantes (ver Texto de sentencias).

Como decíamos, el caso presenta una multiplicidad de aspectos de interés jurídico, pero en este comentario nos limitaremos a tres de ellos: la culpa del acreedor, la prescripción de la responsabilidad y la responsabilidad por el hecho ajeno.

El médico demandado, además de sostener que no incurrió en incumplimiento de sus deberes, alegó que la víctima había incumplido sus obligaciones al no concurrir de manera regular a las sesiones de control como se le había indicado. En el recurso de casación sotuvo que la sentencia impugnada había infringido el art. 1552 del Código Civil, que dispone que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora si el otro no cumple o no está llano a cumplir su propia obligación. Es decir, que no puede pedirse indemnización por incumplimiento del contrato médico si la paciente no había cumplido por su parte con los deberes que surgían del contrato. La Corte Suprema desechó la alegación por estimar que se estaba tratando de desvirtuar los hechos probados ya que la sentencia de primera instancia había considerado que no había existido tal incumplimiento por parte de la paciente. En todo caso, nos parece que incluso aunque se hubiera acreditado esta falta de regularidad en la asistencia en los controles médicos, no podría sostenerse que ello impediría a la víctima reclamar la indemnización; por el tipo de enfermedad de que se trataba, el médico tratante no podía esperar que su paciente pudiera discernir con plena conciencia y autonomía sobre sus deberes con el tratamiento. Además, no parece que la irregularidad en la asistencia a controles haya sido relevante en el error de diagnóstico y de tratamiento en que se incurrió.

Tanto el médico como la Clínica alegaron en su favor la extinción de la responsabilidad extracontractual por prescripción, sosteniendo que ella debía contarse desde la fecha del diagnóstico (1999). Si fuera así los cuatro años de prescripción (art. 2332 del Código Civil) estarían vencidos al momento de notificarse la demanda (17 de mayo de 2008). La sentencia de primera instancia, confirmada por la Corte, rechazó la excepción por considerar que se estaba frente a un contrato de tracto sucesivo de manera que la negligencia culpable del demandado no se limitaba sólo al momento del diagnóstico sino que se mantenía al menos hasta el año 2005 cuando el médico envió una carta a la Municipalidad de las Condes recomendando que no se otorgara licencia de conducir a su paciente.

La sentencia de primera instancia determinó también que la Clínica demandada no tenía responsabilidad ni por el hecho propio ni por el hecho ajeno, por cuanto la víctima era una paciente particular del médico y la Clínica no intervino en ninguno de los procedimientos aplicados. El hecho de que el psiquiatra fuera parte del equipo médico de la Clínica y de que ésta arrendara sus instalaciones para que éste pudiera atender allí a sus pacientes no da lugar al vínculo de dependencia que exige el art. 2320 del Código Civil para hacer responsable a una persona por los hechos dañosos de aquella que está bajo su cuidado. La Corte Suprema, conociendo del recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandantes, rechazó que hubiera infracción de ley en este caso ya que la apreciación de la existencia o no del vínculo de subordinación es una cuestión de hecho cuya constatación corresponde a los juzgadores de instancia.

Debe destacarse este último punto ya que incide en una forma muy extendida de prestación de servicios médicos y constituye una moderación, a nuestro juicio correcta, de la tendencia, hasta hace poco imperante, que tendía a ampliar en demasía la responsabilidad por el hecho ajeno, convirtiendo en regla general lo que en el sistema del Código Civil es un régimen de excepción.

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