Posted tagged ‘delito de simulación de contrato’

La suegra del jugador y la simulación de contrato

13 mayo, 2012

El equipo de la Universidad de Chile alegró a sus hinchas, y en mayor o menor medida a todos los chilenos, al vencer por 6 a 0 a Deportivo Quito y clasificar para cuartos de final de la Copa Libertadores. Entre los mejores jugadores del plantel se encuentra el volante Marcelo Díaz, que ha hecho noticia también fuera de los ámbitos deportivos. Según los medios, el 9 de mayo se presentó en su contra en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de simulación de contrato (Ver nota en La Segunda).

La acción judicial tiene su origen en una deuda de 53 millones que debe doña Gloria Menares, suegra del jugador y dueña de una estación de servicios, a su proveedora de combustible, la Compañía de Combustibles Cabal. Para evitar el embargo, la suegra habría traspasado bienes a su hija y a su yerno, el jugador Marcelo Díaz. A éste le habría transferido un terreno en Cartagena y otro en Santiago, comuna La Florida. La causa ha sido remitida a la Fiscalía Oriente y veremos qué reacción adopta el Ministerio Público.

Sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados por el escrito judicial, el caso interesa jurídicamente para comprobar que la simulación de contratos puede ser sancionada tanto penal como civilmente.

El art. 471 Nº 2 del Código Penal castiga al “que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado”. Se requiere, por tanto, que las dos partes celebren un contrato que no es real o que es distinto del real y que ese acto aparente produzca perjuicio a un tercero. La doctrina penal exige que haya coautoría en el delito: las dos partes deben saber que se trata de un contrato falso para perjudicar a otro. La querella sostiene la culpabilidad de Marcelo Díaz, porque “dada su relación de parentesco con la Sra. Gloria Menares, de quien es yerno y con quien comparte habitualmente, no cabe más que concluir que necesariamente conocía también a cabalidad el mal estado de los negocios de su suegra”.

La simulación de un contrato tiene también efectos civiles. Aunque no está regulada en nuestro Código, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que es ilícita cuando perjudica a terceros. Uno de los casos paradigmáticos es justamente el supuesto en que un deudor intenta disminuir su patrimonio mediante contratos y transferencias de bienes a personas cercanas, negocios que no son reales puesto que la voluntad de las partes no es la enajenación de dichos bienes, sino sólo que aparezcan a nombre del otro contratante y no del deudor, mientras pasa el peligro de la ejecución. Como el contrato simulado carece de voluntad real, no puede producir efectos: se trataría de un acto inexistente o, al menos, nulo absolutamente. Se ha forjado incluso una acción civil de simulación por la cual el tercero perjudicado pide al juez que declare que el acto simulado no es eficaz en lo que a él corresponde, es decir, que los bienes no han salido del patrimonio del deudor que pretendía aparecer enajenándolos. La acción de simulación parece ser una modalidad de acción de nulidad (o inexistencia).

La cuestión es cómo se relacionan los efectos penales con los civiles. Una fórmula podría ser que primero se estableciera que hubo delito de contrato simulado en el proceso penal y luego se dedujera ante el juez civil la demanda de simulación para la reintegración de los bienes al patrimonio del deudor, pero ello implicaría dos juicios, y el segundo con procedimiento ordinario de larga duración. Parece mejor que la acción de simulación se interponga por el acreedor perjudicado en el mismo proceso penal. Debe recordarse que el Código Procesal Penal permite que se deduzcan acciones civiles en el juicio penal (art. 59), y aunque normalmente se entiende que ello se refiere a demandas de indemnización de daños, lo cierto es que la expresión es amplia: “acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible “, y permitiría que se deduzcan otro tipo de acciones civiles que surjan del hecho punible, como la de nulidad por simulación y la devolución de los bienes al patrimonio del deudor, que permiten hacer efectiva la responsabilidad contractual del deudor.

Más discutible es que, sin interposición de la acción civil por descuido o inadvertencia del querellante o víctima, sea el mismo juez penal el que pronuncie de oficio la nulidad. Podría pensarse en la aplicación del art. 1683 del Código Civil que permite al juez declarar de oficio la nulidad cuando el vicio aparece de manifiesto en el contrato, pero en estos casos la simulación no aparece en el contrato, sino que se deduce de otras pruebas aportadas al juicio.

Tal vez habría que pensar que el juez penal está facultado para declarar la nulidad (y sus efectos), de todo acto o contrato que sea considerado delictivo, porque parece incongruente que un contrato que haya sido considerado de tal modo ilícito pueda seguir produciendo efectos en el plano civil. Pero a ello se opone el principio de la ultra petita, de modo que la sugerencia sólo puede hacerse como propuesta de lege ferenda.

En cualquier caso, esperemos que el caso se resuelva rápidamente, ya que de lo contrario podría obstaculizar la carrera futbolística de Marcelo Díaz. Si fuera formalizado y se decreta orden de arraigo peligra la oportunidad del jugador de incorporarse al club suizo Basilea FC en junio próximo (Ver nota en La Tercera). Ello sería sin duda lamentable.


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 453 seguidores