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Conciliación, avenimiento y transacción

19 mayo, 2013

Durantes los últimos días han estado de moda las conciliaciones. El caso de las comisiones cobradas por el BancoEstado fue resuelto por una conciliación con la asociación de consumidores demandante, Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuario). También fue terminado por conciliación el caso en que se disputaba la propiedad del “Mercado de Concepción” y estaría a punto de afinarse la conciliación entre Conadecus y el Banco Santander por el caso en que se discutió la validez de la fórmula conocida como “Alivio hipotecario”. En cambio, se ha anunciado que no habría prosperado la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado y Celulosa Arauco en el juicio sobre los cisnes de cuello negro del río Cruces, y se espera que se dicte sentencia de primera instancia en los próximos meses.

En todos estos procesos se habla de conciliación y no de transacción o avenimiento, pese a que también en estos últimos se pone fin a un conflicto por un acuerdo de las partes que sustituye y tiene la fuerza de una sentencia definitiva ejecutoriada. ¿Cómo precisar mejor estos conceptos para aplicarlos de manera correcta? La cuestión no es sencilla porque los textos legales no son precisos en el uso de cada término, y la doctrina tampoco ha podido llegar a conclusiones nítidas sobre el problema. El concepto matriz, pensamos, es del transacción, que está definida por el art. 2446 del Código Civil como “un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”; a esta noción la doctrina civil agrega que debe haber concesiones recíprocas de las partes. Vemos que se trata de un contrato que puede realizarse antes de que haya juicio y tratando de evitar que se inicie o durante el proceso para ponerle término. La transacción es convenida por las partes sin que sea necesaria la intervención de un tercero, como podría ser el juez. Obviamente, si el juicio ya ha comenzado el instrumento en que conste el acuerdo transaccional deberá ser presentado en el proceso para que el juez tenga por terminada la contienda judicial. En ocasiones, la ley ordena algo más: que la transacción acordada por las partes sea aprobada por una resolución judicial, como sucede por ejemplo con la transacción sobre alimentos legales futuros (art. 2451 del Código Civil).

Podríamos decir que la conciliación es una forma de transacción que se produce durante un litigio e interviniendo en ella el juez como amigable componedor (cfr. art. 263 del Código de Procedimiento Civil). De esta manera, la transacción que es producto de conciliación no tiene sólo la forma de un contrato sino también la de un acto procesal, y la aprobación del juez va implícita en ella, ya que comparece en el acta que se levanta para dejar constancia del acuerdo conciliatorio (cfr. art. 267 del Código de Procedimiento Civil). Algunos piensan que la conciliación puede tener un objeto que no sea transaccional, porque la transacción, al ser un contrato oneroso, requiere que ambas partes hagan concesiones, una en beneficio de la otra; mientras que la conciliación puede ser un acto dispositivo por el cual sólo de una de las partes concede a la otra: por ejemplo, si el demandante acepta retirar la demanda; o el demandado se aviene a cumplir todo lo solicitado en la demanda. Otros piensan que la conciliación se distingue de la transacción en que ésta puede referirse a cosas que no forman parte de lo disputado (cfr. art. 703 del Código Civil), en tanto que la conciliación sólo puede versar sobre cosas que han sido materia del litigio que se pretende terminar. No nos convencen estas opiniones doctrinales: es muy raro que en la conciliación, no haya concesiones recíprocas; pero aún así: si se limitara al retiro de la demanda, lo que habría en realidad sería un desistimiento del demandante aceptado por el demandado; y si es el demandado quien acepta lo requerido por el demandante habría más bien un allanamiento a la demanda. En conclusión, la conciliación es una especie de transacción pero revestida de las características y las formalidades de un acto procesal y que despliega todos los efectos de la sentencia ejecutoriada (art. 267 del Código de Procedimiento Civil).

¿Y qué decir del avenimiento? Es también una forma de poner término a un juicio que ya se ha iniciado y se encuentra pendiente por un acuerdo de las partes. Se distingue de la conciliación en que no se hace ante el juez ni éste tiene en él el papel de amigable componedor. No es, por tanto, un acto procesal, si bien el avenimiento debe ser presentado ante el juez del pleito para que lo dé por finalizado. En el fondo, es una forma de transacción realizada por las partes durante la tramitación del litigio. El Código de Procedimiento Civil enumera como título ejecutivo el “acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación” (art. 434 Nº 3). Por esta disposición podemos suponer que la transacción extrajudicial no tiene, por sí misma, el valor de título ejecutivo, sino que es necesario que sea autorizada por un ministro de fe o dos testigos y además aprobada por el juez del litigio al que pone fin. No sucederá lo mismo con la transacción que se logra a través de una conciliación, ya que ésta es estimada sentencia ejecutoriada “para todos los efectos legales”, y por tanto también cuando el Código de Procedimiento Civil menciona a la “sentencia firme” como título ejecutivo (art. 434 Nº 1).

Esto nos lleva a interrogarnos sobre si tiene valor de título ejecutivo la transacción que no es contenida ni en una conciliación ni en un avenimiento, por ejemplo si se trata de una transacción por la cual se precave un litigio eventual. La respuesta afirmativa podría fundarse en lo que dispone el Código Civil en cuanto a que “la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia” (art. 2460). Pero si fuera así no tendría sentido que para el avenimiento se exigiera autorización de ministro de fe o dos testigos y aprobación judicial. Intentando armonizar todas estas disposiciones habría que concluir que la transacción que no es aprobada judicialmente (y autorizada por el secretario del tribunal), aunque sea equivalente a la sentencia ejecutoriada, no tiene mérito ejecutivo. Si se quiere convenir una transacción que tenga fuerza ejecutiva lo más seguro será otorgarla por escritura pública, cuya copia autorizada está mencionada como título ejecutivo en el art. 434 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil.

La delimitación de las formas autocompositivas de resolver un conflicto podría ampliarse a otras figuras similares a la transacción, la conciliación y el avenimiento, como el acuerdo logrado ante un mediador (de familia o de salud), el finiquito laboral y el acuerdo reparatorio del proceso penal,  por mencionar sólo algunos pocos ejemplos.  Es una labor que compete a la doctrina y en la que, nos parece, falta mucho por hacer.


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