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“El cielo se está cayendo”: responsabilidad por objetos espaciales

26 septiembre, 2011

“¡El cielo se está cayendo!” comenzó a gritar el pollito al que le cayó una hoja en su cola y, a fuerza de repetirlo, alarmó a todos los animales convenciéndoles de que el mundo llegaba a su fin. Es un relato muy conocido que, al parecer, proviene del folklore budista de la antigua india (Cuentos de Jataka: Ver historia del cuento)

La última semana los chilenos hemos vivido, un poco en serio y un poco en broma, la amenaza de que una parte del cielo caiga sobre nuestras cabezas. Los medios informaron que el Sátelite de Investigación de la Atmósfera Superior, Uars, lanzado por la NASA al espacio en 1991 para observar la capa de ozono, estaba retornando sin control a la Tierra y algunos trozos podrían caer en territorio chileno.

La simple elucubración de que el satélite eligiera impactar Chile nos lleva a hacernos preguntas en el ámbito jurídico, como si las piezas o materiales caídas pueden ser ocupadas por cualquier persona o deben ser restituidas al propietario: la Nasa; y, lo que tal vez es más importante, quién debe reparar los daños causados por los trozos caídos destruyendo alguna propiedad o causando lesiones a alguna persona.

Buscando respuestas a estas interrogantes nos encontramos con que existe ya una especie de disciplina jurídica que intenta resolver las cuestiones jurídicas planteadas por la explotación, uso y exploración del espacio exterior. Las fuentes de este Derecho aeroespacial (ver Noción de esta rama de Derecho) son básicamente tratados internacionales, multi y bilaterales. Por señalat algunos multilaterales ratificados por Chile puede mencionarse el “Convenio sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes” (D. Sup. 77 de 1982), el “Acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes” (D. Sup. 987,  de 1982) y el “Convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre” (D. Sup. 814, de 1981). También existen tratados bilaterales como el “Acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al uso del aeropuerto Mataveri, Isla de pascua, como lugar de aterrizaje de emergencia y rescate de transbordadores espaciales” (D. Sup. 987, de 1985).

Entre los tratados multilaterales existe uno que regula el tema de la responsabilidad civil, el “Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales”. Fue aprobado el 29 de noviembre de 1971 por la Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se abrió a a la firma el 29 de marzo de 1972 en Londres, Moscú y Washington y entró en vigor el 1 de septiembre de ese año. Chile lo aprobó a través del Decreto Ley Nº 1549, de 1976, y fue promulgado por el D. Sup. Nº 818,  de 22 de marzo de 1977. A junio de 2011, 86 Estados habían ratificado el Convenio. Estados Unidos, al que pertenece el satélite que amenazaba precipitarse sobre Chile, es también parte del tratado.

El Convenio establece que “Un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo” (art. 2). Se trata, por tanto, de una responsabilidad estricta u objetiva, que no necesita que se acredite dolo o culpa. Las personas naturales o jurídicas que sufran daño pueden reclamar al Estado de lanzamiento, en el plazo de un año, a través de su propio Estado, el que procederá por la vía diplomática. No se exige que hayan agotado los recursos del derecho interno, pero se les faculta para hacer valer alternativamente la responsabilidad a través de los tribunales u órganos administrativos del Estado responsable. Si hecha valer la reclamación por vía diplomática, no se llega a acuerdo, debe constituirse una Comisión de Reclamaciones que deberá decidir y, en su caso, fijar la cuantía de la indemnización. El Convenio acoge el principio de reparación integral del daño al establecer  que  “La indemnización … se determinará conforme al derecho internacional y a los principios de justicia y equidad, a fin de reparar esos daños de manera tal, que se reponga a la persona, física o moral, al Estado o a la organización internacional en cuyo nombre se presente la reclamación en la condición que habría existido de no haber ocurrido los daños” (art. 12).

Afortunadamente, nadie en Chile tendrá que invocar el Convenio, ya que la Nasa ha informado que el satélite cayó en el océano Pacífico. Pero no deja de ser tranquilizador que el Derecho también nos proteja hasta cuando “el cielo se esté cayendo”.


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