Daños severos causó a nueve departamentos de un condominio ubicado entre las calles Alejandro Guzmán y San Alberto Hurtado de la comuna del Bosque, la caída de un avión perteneciente a la Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” de la Fuerza Aérea, que se estrelló sorpresivamente contra ellos el día sábado 7 de septiembre. Por un verdadero milagro no hubo pérdida de vidas humanas. También se salvó el piloto del avión, que saltó en paracaídas momentos antes. Pero varias familias sufrieron cuantiosos daños patrimoniales ya que la caída del aparato produjo un incendio de proporciones.
El avión estaba recién llegado a Chile, entre los tres primeros GB1 GabeBird que se estaban preparando para ser presentados en la próxima FIDAE. El Comandante en Jefe de la FACH, Arturo Merino Núñez, declaró que esos aparatos en cuanto recién comprados estaban con una “garantía” vigente, aunque no dio detalles sobre en qué consistiría ésta. El mismo Comandante declaró que era efectivo que la institución estaba organizando una colecta entre su personal para reunir fondos con los que prestar ayuda a las víctimas, ya que su presupuesto no contempla gastos por este tipo de eventos.
Los hechos permiten análisis jurídicos en varios puntos. Uno es el régimen de responsabilidad civil al que podrían recurrir los afectados para lograr que se les indemnice suficientemente. Un segundo punto es la posibilidad de que la FACH en cuanto comprador pueda hacer valer la responsabilidad del fabricante o vendedor. Finalmente, un tercer punto es determinar si los recursos reunidos en la colecta que serán entregados a los afectados son a título de liberalidad o a título de indemnización imputable a lo que se determine posteriormente por los tribunales.
El primer punto: el régimen de responsabilidad aplicable, debe ser discernido con cuidado. Pareciera en primer lugar que se dan todos los presupuestos para que se aplique un régimen de responsabilidad estricta (objetiva o sin culpa) contemplado en el Código Aeronáutico (ley Nº 18.916, de 1990) para daños provocados por aeronaves a terceros en la superficie (título IX, capítulo II). El Código dispone que “el explotador indemnizará los daños que se causen a las personas o cosas que se encuentren en la superficie, por el solo hecho de que emanen de la acción de una aeronave en vuelo, o por cuanto de ella caiga o se desprenda” (art. 155). La expresión “por el solo hecho de que emanen de la acción de una aeronave en vuelo” indica que no es necesario acreditar culpa o negligencia y que basta probar que el daño está conectado causalmente con el accionar de la aeronave. Se reconocen algunas causales de exención de responsabilidad (art. 156), pero ninguna se da en el caso.
La ley hace responsable al explotador, definida como la persona que utiliza la aeronave por cuenta propia, con o sin fines de lucro, conservando su dirección técnica (art. 99). El propietario se presume explotador y si no lo es responde solidariamente salvo que el acto en el que conste la transferencia de la calidad de explotador conste en el Registro Nacional de Aeronaves (art. 100). En el caso que comentamos, parece claro que el explotador y propietario del avión es el Estado de Chile, a través de la Fuerza Aérea.
El régimen de responsabilidad, sin embargo, tiene límites a la cuantía de las indemnizaciones, que se gradúan según el peso de la aeronave: hasta 30 kilos, se indemnizará hasta 5 UF por cada kilo; de 30 a 80, hasta 3,75 UF por kilo, y más de 80 kilos, hasta 2,5 UF por cada kilo. Debe considerarse que se trata de un monto máximo de indemnización que incluye a todos los perjudicados por un mismo accidente (art. 158). Por eso se dispone que si hubiere varios damnificados y la suma total que debiera pagarse excediere los límites, se reducirá proporcionalmente el monto de la indemnización de cada uno de ellos (art. 160). Por lo mismo, se ordena dar preferencia a la reparación del daño en las personas por sobre los patrimoniales (art. 159).
Este régimen de responsabilidad estricta limitada en el monto de los daños tiene su origen en convenciones internacionales, de las cuales la más actual es el llamado Convenio de Montreal de 1999, que rige desde 2003 y que fue ratificado por Chile en 2009. Según el profesor Gian Franco Rosso el alto riesgo de la actividad de transporte aéreo y la necesidad de que las compañías puedan acceder al mercado del seguro, son el fundamento de la presencia de “topes indemnizatorios” en estos regímenes (Los límites de la responsabilidad objetiva, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016, pp. 364-365). En todo caso, la Convención no se aplicaría en el caso ya que ella sólo da reglas para la responsabilidad civil en el transporte aéreo, y el “halcón caído” no es una aeronave de transporte.
Tratándose de un avión para acrobacias es posible que el peso sea menor, por lo que los topes de indemnización serán bajos, y podrían no ser suficientes para reparar todos los daños. Pensamos que, en tal caso, bien se podría demandar al Fisco acreditando culpa. Una primera opción sería recurrir al régimen de responsabildad de derecho público cuyo factor de imputación es la falta de servicio. Pero, como se sabe, las Fuerzas Armadas están entre aquellos organismos a los que no se aplica el art. 42 de la ley Nº 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado (texto refundido por DFL Nº 1, de 2001), que establece la responsabilidad por falta de servicio (art. 21), y así lo ha sostenido últimamente la Corte Suprema, si bien ha señalado que, aplicándose el régimen de responsabilidad extracontractual del Código Civil, procede que el Estado indemnice cuando una de sus instituciones (en este caso la Fuerza Aérea) ha producido un daño por una especie de culpa en la organización. Igualmente, podría recurrirse a la responsabilidad por hecho ajeno (arts. 2320 y 2322 CC), si se comprobara que fue el piloto quien actuó negligentemente.
Sostenemos esto ya que el régimen de responsabilidad estricta debe entenderse como un beneficio de las víctimas que son liberadas de acreditar la culpa y no como una imposición que excluya los regímenes del derecho común. Por ello, si las víctimas asumen la exigencia de demostrar la imputabilidad subjetiva podrían legítimamente optar por demandar conforme al derecho común.
El segundo punto se refiere a la posibilidad de que el Estado/FACH pudiera hacer efectiva la responsabilidad del fabricante vendedor. Desconocemos las estipulaciones concretas del contrato por lo que no podemos opinar sobre la “garantía” que se consignaría en ese instrumento. Si se aplicara el Código Civil chileno, habría que acreditar que el avión se cayó por un vicio oculto conforme a la responsabilidad redhibitoria prevista en los arts. 1857 y ss. Podría pensarse que se aplicaría la Convención de las Naciones Unidas para la Compraventa Internacional de Mercaderías y que el comprador en este caso podría exigir la sustitución del avión siniestrado, la resolución del contrato o la reducción del precio por incumplimiento de la obligación de conformidad del vendedor (art. 35 Convención). Pero vemos que este tratado internacional excluye expresamente de su ámbito de aplicación los contratos de compraventa de aeronaves (art. 2 letra e).
Finalmente, llegamos al tercer punto, quizás el más curioso: el dinero recolectado entre el personal de la FACH para ir en ayuda rápida a las víctimas. En primer lugar, puede señalarse que no se necesitará tramitar una autorización para realizar la colecta, ya que ésta no tiene el carácter de pública. No se aplicará entonces el Reglamento sobre realización de rifas, sorteos y colectas, contenido en el D. Sup. Nº 955, de 1974, con las exigencias sobre las instituciones que pueden hacer colectas públicas y los controles que velan para que lo reunido vaya hacia los fines declarados.
Siendo una colecta estaremos ante donaciones de dinero modales, es decir, con la carga de que el donatario, en este caso el Estado/FACH, las emplee en el objeto para el que fueron solicitadas, es decir, para ayudar a los damnificados del accidente. El Código Civil exige que las donaciones con carga deben constar de escritura pública, pero la sanción no es la nulidad sino que la donación se tiene por gratuita (art. 1404 CC). Queda siempre el problema de la insinuación pero es posible señalar que donaciones de poca monta no están sujetas a este trámite, pese a que el Código Civil por descuido del legislador la exija para todas las donaciones de más de 2 centavos de pesos (art. 1401 CC). Siendo una norma absurda no puede ser aplicada, al menos cuando se trata de donaciones de poco valor que no pueden causar los peligros que se proponía evitar con la insinuación.
También podría entenderse que serían erogaciones directas de los que participan en la colecta a los damnificados y que el Estado/FACH actúa solo como un mandatario que recoge el dinero y luego lo entrega a nombre de los erogantes a las víctimas del accidente. Algo similar se podría afirmar si con el dinero las autoridades de la FACH compran especies y las entregan a los afectados.
Otra cuestión que se podría plantear es si entregada esta ayuda a los perjudicados podría después imputarse su valor a la indemnización por los daños que se fije judicialmente conforme al régimen de responsabilidad civil por el que se demande. Parece claro que la intención de la institución organizadora de la colecta y de los que cooperan en ella en este caso es la de reparar, siquiera parcialmente, el daño causado por el Estado/FACH y que así será recibido por los perjudicados. Tratándose del pago de una indemnización y no de una donación, su monto deberá imputarse a la indemnización que se fije en definitiva en el juicio de responsabilidad. A la misma conclusión debería llegarse por aplicación de la regla general de que un daño no puede ser indemnizado dos veces o prohibición de cúmulo de indemnizaciones. Aunque esto se ha discutido en nuestro derecho y hay opiniones de que tratándose de seguro de daño a las personas o prestaciones de seguridad social podría la víctima acumular la indemnización del autor del daño con estas prestaciones, pensamos que en un caso en que es el mismo autor del daño (en este caso el Estado/FACH, ya sea directamente o a su nombre por los funcionarios erogantes) el que intenta compensar lo más rápido posible a los que lo han sufrido, es claro que se está ante una indemnización que resarce perjuicios y no podrían los que la recibieron pedir que se compense un daño que ya ha sido reparado.
