Por matar a un abogado…

En la madrugada del viernes 18 de junio en Utah, EE.UU., fue ejecutado por un pelotón de fusiliamiento Ronnie Lee Gardner, cumpliéndose la pena a la que había sido condenado hace 25 años, por el homicidio del abogado Michael Burdell. Gardner mató a tiros al abogado cuando intentó escapar de una audiencia judicial donde era juzgado por un anterior homicidio de un cantinero. La crónica periodística describe los últimos momentos del fusilado, entre ellos su última cena con carne, langosta y pastel de manzana y su preferencia por la trilogía fílmica de El Señor de los Anillos (ver: El Mercurio 19 de junio de 2010).

La ejecución por fusilamiento, la primera desde 1996, e incluso después de que Utah declaró ilegal esta forma de pena de muerte en 2004 (pero sin efecto retroactivo), ha reanudado el debate por la legitimidad de esta forma de castigo penal. Mientras algunos lo califican de acto de barbarie, otros piensan que se hizo justicia y se aplicó una justa retribución por haber el acusado privado de la vida a dos inocentes (aunque uno de ellos fuera un abogado, decimos nosotros).

La justificación de la pena de muerte sobre la base de que debe hacerse al culpable lo mismo que él ha hecho a otros, parece que nos retrotrae a la época ya superada de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Una argumentación más plausible es la necesidad de defender a la sociedad de delincuentes que no son rehabilitables. Es la tesis de la legítima defensa. Pero esta teoría debe acreditar que no existe otro medio menos gravoso que consiga el mismo objetivo, y aquí la prisión perpetua parece representar un medio alternativo suficientemente eficaz y menos cruento. En esta idea se basó Juan Pablo II en la Evangelium Vitae para dar un cierto giro al magisterio de la Iglesia sobre la pena de muerte, pidiendo que ella no sea aplicada en el Derecho moderno (cfr. Evangelium Vitae Nº 56.)

En todo caso, lo que no es aceptable es que la pena se inflinja después de haber pasado 25 años desde la condena, como en este caso, pues este mismo hecho prueba que no era necesaria para defender a la sociedad de este específico criminal. Además que de alguna manera se transgrede el principio de non bis in idem (no penar dos veces lo mismo), pues se le imponen dos penas al reo: la prisión perpetua (hasta su muerte) y además la privación de su vida.

Como para pensar en la exclusión de toda pena de muerte, incluso aunque la víctima del delito haya sido un abogado.

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