Decisiones sobre vida y muerte

La BBC de Londres exhibió el pasado 13 de julio el documental “Between life and death” (información en La Segunda de 14 de julio de 2010, p. 26: Ver en sitio web de la BBC), muestra el caso de Richard Rudd (43 años), un paciente británico que permanecía en coma por un accidente en moto desde octubre de 2009, conectado a diversas máquinas que lo mantenían con vida a pesar de su neumonía y sus deficiencias renales. Con anterioridad, Richard, motivado por un caso similar, le había dicho a su señora y sus dos hijas que si a él le sucedía algo así preferiría morir antes que vivir dependiendo de máquinas. La familia dudaba pero basado en la voluntad previa manifestada por el paciente, su padre dio la autorización para que los médicos lo desconectaran. Entonces sucedió lo inesperado: un leve pestañeo alertó a los médicos de que Richard podía comunicarse aunque fuera con mínimos gestos. Moviendo sus ojos a la izquierda o la derecha, el enfermo podía contestar sí o no. Cuando se le preguntó si deseaba ser “desconectado”, contrariando lo que había dicho cuando se encontraba sano, respondió por tres veces que no: deseaba vivir.

El caso es extraordinario, pero nos permite reflexionar sobre una propuesta que se ha estado haciendo en relación con el llamado encarnizamiento médico y la eutanasia. Se dice que por sobre todo habría que respetar la voluntad del sujeto porque vivir o morir sería parte de su libertad y autonomía. Por ello se propicia que las personas otorguen un “testamento vital” (living life bill) o, con mejor rigor jurídico, unas directivas previas sobre tratamientos médicos en casos de inconciencia.

En el Proyecto de ley de Derechos de los Pacientes, actualmente en discusión en el Senado chileno (Boletín Nº 4398-11), se establece el derecho a declarar anticipadamente la voluntad de no someterse a ciertos procedimientos o tratamientos médicos (art. 18). El proyecto intenta excluir la aplicación de estas declaraciones al caso de eutanasia, (cuando se pide un procedimiento que cause la muerte del enfermo), aunque la forma en que se expresa no es lo suficientemente categórica para evitar confusiones. De allí que la Comisión de Constitución del Senado, en su informe de 20 de junio pasado, haya recomendado afinar la redacción de este y otros preceptos.

Pero las directivas previas pueden ser usadas en supuestos no eutanásicos, para evitar la aplicación de procedimientos médicos extraordinarios o desproporcionados que tienen por objeto prolongar innecesariamente la vida. La no aplicación o suspensión de estos medios no tiene por fin provocar la muerte, sino únicamente dejar que la enfermedad prosiga hasta su desenlace natural.

La cuestión es si para decidir estos casos, no eutanásicos, debe atenderse principalmente a la voluntad manifestada por el paciente cuando estaba con vida y consciente: sus directivas previas, otorgadas formal o informalmente. Una respuesta simple sería que hay que atenerse a ellas  y a nada más. Pero esto no toma en cuenta que son momentos y situaciones muy distintas la que rodeaban al enfermo cuando expresó su voluntad y ahora cuando está padeciendo la enfermedad. ¿Debemos presumir que la voluntad sigue vigente aunque hayan pasado años desde que se expresó? ¿Realmente el enfermo, ahora en condiciones y circunstancias que no pudo haber previsto, no quiere seguir viviendo? El caso de Richard Rudd  ilustra que un cambio de parecer no puede descartarse.

Por esta y otras razones, pareciera que no hay que confiar tanto en las expresiones de voluntad que se hayan expresado sobre qué le gustaría a la persona que se hiciera en caso de padecer un estado de inconciencia permanente. La existencia de estas “directivas previas” podrá ser un elemento, pero no decisivo, ni siquiera el más determinante, en la compleja labor de decidir qué tratamientos deben aplicarse a enfermos con patologías irreversibles que se encuentran incapacitados de manifestar su voluntad. Será la familia y los profesionales de la salud, los que, tomando en cuenta el tipo de enfermedad, los costos económicos y no económicos del tratamiento, la edad del paciente, los protocolos ético-médicos, deberán hacer un discernimiento para adoptar la decisión más adecuada que respete no sólo la supuesta voluntad del enfermo sino sobre todo su dignidad de persona  y sus derechos indisponibles e irrenunciables.

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