Derrumbe minero y responsabilidad civil

La mina San José se derrumbó el 5 de agosto y dejó atrapados a 33 mineros, los que, a la fecha en la que se escriben estas líneas, aún no han podido ser rescatados, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades del gobierno, el Ejército y equipos de expertos en excavaciones y exploraciones mineras. Aún así, y a pesar del tiempo transcurrido, existen esperanzas de encontrarlos con vida, y confiamos en que así sucederá.

Mientras tanto ha sido inevitable que los medios de prensa y la opinión pública se pregunten sobre la actuación de los servicios públicos (el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, la Dirección del Trabajo) que tienen competencia en la fiscalización de las labores de este tipo de establecimientos productivos, así como sobre la responsabilidad que incumbiría a la empresa propietaria del yacimiento: la Minera San Esteban Primera y a sus socios. Sobre este último punto, nos gustaría hacer algunas consideraciones preliminares para que se tengan en cuenta al momento de emitir opiniones que sean también responsables.

La empresa minera como cualquier empleador respecto de los trabajadores tiene la obligación de proporcionarles seguridad en el desarrollo de sus faenas. Esta obligación está prevista en el art. 184 del Código del Trabajo, y es un deber que se incorpora a los contratos de trabajo según el art. 1546 del Código Civil.

Si se incumple este deber por culpa del empleador o de sus dependientes, y ocurre un accidente que produce daños a los trabajadores, la empresa deberá reparar los perjuicios sufridos, normalmente mediante una indemnización en dinero. Las prestaciones de seguridad social previstas por la Ley de Accidentes del Trabajo, ley 16.744, que reciban los trabajadores o sus familiares, no exime al empleador del deber de reparar los daños que no resultaran cubiertos por esos beneficios, como lo aclara expresamente el art. 69 de dicha ley que ordena indemnizar incluso el daño moral, es decir, perjuicios como la angustia, el dolor padecido, la pérdida de un miembro, la desfiguración del rostro, la frustración de un proyecto de vida, y otros menoscabos similares. La misma ley señala que no sólo se debe indemnización a las víctimas directas del accidente si no a otras personas que sufran daño como consecuencia de la lesión principal: por ejemplo, los familiares directos: la cónyuge y los hijos.

El deber de seguridad del empleador no es, sin embargo, una obligación de garantizar un resultado. El empleador no se obliga a que no haya nunca un accidente. La siniestralidad laboral es inevitable, sobre todo en faenas como las mineras en las que existen riesgos inherentes a la explotación. Así como el médico no puede obligarse a mejorar siempre al enfermo, tampoco el empleador asume la obligación de que no se produzcan jamás accidentes. Pero, así como el médico resulta obligado a poner todos los medios de su ciencia y su arte para intentar la recuperación del enfermo, la empresa ha de adoptar todas las medidas adecuadas para proporcionar el máximo de seguridad a sus trabajadores y evitar hasta donde sea posible la ocurrencia de hechos lesivos.

Cuando estas medidas, que podían y debían ser adoptadas, no fueron implementadas o no lo han sido diligentemente, puede decirse que la empresa incumplió negligentemente su deber y por ello le serían imputables los daños ocasionados.

Se necesita, además, otro requisito para que el empleador sea considerado civilmente responsable de los daños. Debe establecerse que el incumplimiento del deber de seguridad ha sido causa de los daños producidos por el accidente. Si se probara que en la Mina San Esteban hubo falencias en cuanto a la seguridad, habría que analizar si dicho incumplimiento tuvo alguna relación de causa-efecto con el derrumbe o la retención de los mineros. Si el accidente se hubiere producido de todos modos aunque la empresa hubiera adoptado las medidas de seguridad que ahora se echan de menos, podrán aplicarse sanciones o multas infraccionales, pero no surgirá responsabilidad civil para el empleador. El daño sufrido por las víctimas sería atribuible exclusivamente a un caso fortuito o fuerza mayor, del cual el empresario no responde. Sólo procederán las prestaciones de seguridad social o los seguros privados que tengan contratados los trabajadores.

Cosa distinta debe concluirse si el caso fortuito del derrumbe va acompañado de una negligencia de la empresa en el cumplimiento de su deber de seguridad, por lo que ambas causas concurren con el evento natural para hacerlo dañoso o al menos para agravar el daño. Por ejemplo, si la falla de prevención de accidentes consistiera en que el yacimiento no tuviera otra salida para evitar que los trabajadores quedaran atrapados en su seno.

No disponemos de antecedentes para conocer si la empresa cumplió o no con su deber de seguridad, y si un eventual incumplimiento fue causa o concausa del accidente. Todo ello deberá ser discernido en el proceso judicial que seguramente se iniciará cuando los trabajadores sean rescatados, ojalá con vida y sin secuelas mayores.

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