Matrimonio póstumo

“¿Martine Mallard, quieres tomar por esposo a Alain Duvignacq?”, preguntó el funcionario municipal francés, el pasado 10 de agosto de 2010. Pero luego del “sí quiero” de ella, no hizo la misma pregunta a Alain, porque en la ceremonia sólo estaba su foto. Había muerto de cáncer el 2007 a los 53 años. La enfermedad había interrumpido los preparativos de la boda, y en definitiva esta no había podido celebrarse por la rápida muerte de Alain. Con la autorización del Presidente de la República Sarkosy, se permitió que tuviera lugar este matrimonio post mortem, y Martine se convirtió en cónyuge y viuda al mismo tiempo (Ver la noticia en Le parisien). Sin duda es una institución curiosa, pero la prevé expresamente el art. 171 del Código Civil francés (Ver texto en Legifrance).

Más allá de la anécdota, la noticia de este matrimonio póstumo francés, nos permite considerar uno de los aspectos riesgosos que contiene el art. 20 de nuestra Ley de Matrimonio Civil que otorga efectos civiles al matrimonio celebrado según los ritos o formas de una iglesia o confesión religiosa. Los contrayentes pueden celebrar su matrimonio por la Iglesia y luego, en el plazo de 8 días, ratificar su consentimiento e inscribir su enlace en el Registro Civil. Este reconocimiento del matrimonio religioso es una fórmula respetuosa con las convicciones más profundas de las personas y con la libertad de conciencia reconocida en nuestra Constitución y en la Ley de cultos.

Lamentablemente, el temor a abusos y fraudes indujo a los legisladores a poner muchas trabas y limitaciones al reconocimiento. Entre ellos está el breve plazo para la inscripción y que no se permitiera expresamente que se comisionara a un apoderado para efectuar la gestión. Los intentos para interpretar la norma permitiendo el mandato no han sido aceptadas por el Registro Civil que exige la comparecencia personal de los dos cónyuges. Al entenderse así la norma, se permite que pueda suscitarse un problema similar al enfrentado por Martine Mallard pero sin que tenga la solución prevista en Francia; me explico: si una pareja, pretendiendo hacer uso de la norma de nuestra Ley, contrae previo matrimonio ante la Iglesia, pero por un accidente o enfermedad repentina uno de ellos fallece antes de efectuarse la gestión de inscripción ante el Registro Civil, el matrimonio, a pesar de haber sido plenamente celebrado en sede religiosa, no sería reconocido por la ley civil para ningún efecto. El sobreviviente no sería viudo ni podría heredar al fallecido. ¿En que queda entonces la finalidad de la ley de respetar la convicción de las personas de haberse casado al momento de prestar su consentimiento ante el ministro de su culto religioso?

Este peligro es remoto pero debería ser previsto. Resultaría conveniente aprovechar el proyecto de ley que se tramita en la Cámara de Diputados para introducir algunos perfeccionamientos a la Ley de Matrimonio Civil (Boletín 3536-18) e incluir una norma para disponer que la gestión administrativa de ratificación e inscripción del matrimonio religioso en el Registro Civil pueda ser requerida por un mandatario especialmente facultado para actuar por ellos, sin posibilidad de revocación y persistiendo incluso después de la muerte de los mandantes.

Así, si se suscita un caso como el de Martine Mallard en Francia, el mandatario podrá pedir la inscripción del matrimonio y se reconocerán sus efectos civiles a pesar de la muerte inesperada de uno de sus contrayentes

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