De la mina al altar

La situación familiar de los 33 mineros rescatados de la mina San José puede ser una buena muestra de la realidad chilena. La mayoría de ellos están casados, otros conviven y tienen hijos sin haber formalizado su relación. El caso más llamativo es el del trabajador que tiene cónyuge legal y conviviente al mismo tiempo. Varios de los que estaban sólo conviviendo prometieron casarse con sus mujeres, incluso ante la Iglesia, una vez rescatados. Ello es un indicio de que en nuestra cultura la resistencia al matrimonio no proviene de la mujer si no del varón.

Aunque se trata de un universo reducido es suficientemente representativo para analizar la conveniencia del proyecto de ley propuesto por el senador Allamand para legalizar las uniones de hecho mediante la suscripción, por escritura notarial, de un pacto denominado “acuerdo de vida en común”. Los que firmaran este pacto obtendrían algunos beneficios como la repartición por mitades de los bienes adquiridos y participar en la herencia de aquel que fallece.

En primer lugar, hay que constatar que la propuesta es inaplicable en el caso del minero que continúa casado, ya que el proyecto de ley señala que no pueden otorgar el “acuerdo” aquellos que se encuentren unidos en matrimonio.

Sí hubieran podido suscribirlo aquellos mineros que siendo solteros, viudos o divorciados conviven con mujeres no casadas. Pero ¿lo habrían hecho? Aquí reside la cuestión fundamental del proyecto en lo relativo a las uniones heterosexuales. Si los mineros no quisieron, hasta antes del accidente y del rescate, comprometerse legalmente con sus mujeres, ¿por qué razón habrían accedido a suscribir el “acuerdo de vida en común” que, aunque menor, también significa un compromiso ante la ley y con papeles? Y una vez que se hubieran convencido de que convenía regularizar su situación y de que la fidelidad y desvelos de su conviviente merecía formalizar la unión, ¿por qué optarían por el “acuerdo” en vez del matrimonio?

Parece claro que la figura del “acuerdo” no tiene sentido cuando se trata de uniones de hecho que pueden acceder al estatuto matrimonial. Porque, o bien los convivientes (ambos o uno de ellos) no desean formalizar la relación, y en tal caso no recurrirán al matrimonio, pero tampoco a un sucedáneo legal como el propuesto; o sí consienten en pasar de su estado de hecho a una situación jurídica y tampoco elegirán el sucedáneo, sino el matrimonio, que es la vía regular para fundar una familia. Es más, para una política de estado es más provechoso que los convivientes que desean comprometerse lo hagan contrayendo matrimonio y no que perpetúen su estado de convivencia con un estatuto parcial y fragmentario como el propiciado por el “acuerdo”.

Queda el problema de las uniones homosexuales que también, según el proyecto de ley, podrían recurrir al “acuerdo”. Es aquí donde debería centrarse el debate, dejando fuera, como no pertinente, el tema de las convivencias entre varón y mujer. Sólo que en este punto, el minero que tiene cónyuge y esposa legal podría preguntarse por qué la ley sólo permitiría regular la convivencia a personas que no pueden casarse por carecer de disparidad de sexos y no permitiría lo mismo a los que no pueden hacerlo por otras razones, como la de estar ya casado y querer vivir con una mujer distinta de la cónyuge. Se advierte la debilidad del argumento de la “no discriminación” aplicado a las personas homosexuales. Todo estatuto legal que pretende otorgar beneficios por sobre el derecho privado común (como el derecho de familia) ha de excluir a aquellos que no pueden conformar la institución que se quiere favorecer y promover (el matrimonio como fundamento de la familia). Si la distinción es justificada, no puede hablarse de discriminación.

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