Contratos de amarre

En la década de los noventa se habló mucho de las “leyes de amarre” dejadas por la dictadura militar para que el gobierno democrático no pudiera cambiar ciertas políticas aun teniendo la mayoría en el Congreso. El término viene ahora a la mente con motivo de las prácticas de las grandes empresas para obligar a la masa de los consumidores a aceptar y no poder modificar condiciones contractuales que les han sido impuestas. La circular que la Superintendencia de Bancos emitió para recomendar la eliminación de las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de créditos, incluye una que podríamos denominar “contratos de amarre”. Consiste en que el Banco ofrece una tasa menor para un préstamo hipotecario siempre que el consumidor acepte contratar además una cuenta corriente u otro producto del mismo Banco (Circular de SBIF). Un contrato va amarrado al otro; si el consumidor sólo desea contratar el préstamo y no la cuenta corriente no puede optar a la tasa reducida. Si habiendo accedido a contratar la cuenta corriente más adelante la cierra, el Banco le subirá la tasa del crédito. Se produce así un verdadero “secuestro” de la voluntad del consumidor y un desincentivo del Banco para ser eficiente en la prestación de sus servicios.

El SERNAC ha informado que, después de una mesa de trabajo con la Asociación de Bancos, estos han accedido a revisar sus contratos para eliminar varias cláusulas de exención de responsabilidad o de cese o modificación unilateral que favorecían desproporcionadamente a la banca (Comunicado del Sernac). Sin duda es encomiable que las empresas opten por la autorregulación y eviten cuestionar judicialmente las medidas de las autoridades administrativas. Pero parece curioso que no se mencione en el comunicado del SERNAC que los Bancos hayan accedido a suprimir la práctica de los “contratos de amarre”. Esperamos que el servicio público no haya transigido en este punto, y que la Superintendencia mantenga la circular en que se reprueban también estos contratos amarrados.

Es más, las autoridades regulatorias y fiscalizadoras deberían fijarse en otras áreas en que las empresas recurren a la técnica de los “contratos de amarre”. Las tiendas de retail, con toda normalidad, ocupan el siguiente procedimiento: publicitan una reducción sustancial del precio de un producto; ante su indudable conveniencia los consumidores acuden a la tienda y requieren la compra del producto; en ese momento se les dice que la oferta es sólo para aquellos clientes que han contratado una tarjeta de crédito con dicha tienda y que el precio rebajado sólo puede pagarse con dicha tarjeta. Si el cliente no la tiene, el empleador solícito le dice que no se preocupe porque se la pueden tramitar y conceder en pocos minutos. Claro: el consumidor, que ya ha invertido tiempo y esfuerzo personal en seleccionar y decidir la compra, se aviene, aunque de mala gana, a firmar este nuevo contrato, en el que se le aplicarán comisiones aunque pague al contado las cuentas. Gran negocio para el retail; pérdida e imposición para los consumidores. ¿Qué justifica que la rebaja de un precio de un producto se ligue a la contratación o a la conservación de una tarjeta de crédito ligada a la empresa? Ninguna que no sea la de forzar la voluntad de sus clientes.

Sería deseable que todas las grandes empresas se convenzan que la mejor formar de captar y retener clientes es proporcionándoles un servicio eficiente y amigable, y erradiquen de sus comportamientos comerciales esta cuestionable práctica de los “contratos de amarre”.

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2 comentarios en “Contratos de amarre”


  1. Estimado Profesor: Creo que en lugar de hablar de “Dictadura militar” podría haberse empleado el término “regimen militar” o “”Gobierno militar”.

    Creo inadecuado emplear el lenguaje que los reescritores de la historia reciente nos han intentado imponer.

    Con el aprecio de siempre,

    Rodrigo Cooper

    • hcorralt Says:

      Gracias Decano Cooper por la aclaración, pero soy de la idea de que las dictaduras en la teoría política clásica no sólo son legítimas sino necesarias en ciertas ocasiones, por lo que calificar a un gobierno militar de dictadura no prejuzga sobre su legitimidad o conveniencia.


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