Tribunal Constitucional: de las isapres a la prensa

Cuando todavía siguen las réplicas de la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó los factores de sexo y edad de las tablas de riesgo de la Ley de Isapres, el mismo tribunal ha decretado audiencia para juzgar una norma del Código Civil, lo que puede generar consecuencias tanto o más trascendentes. Se trata del artículo 2331 del Código Civil, que ya ha sido objeto de dos pronunciamientos que lo han declarado inaplicable para juicios particulares. El Tribunal se propone decidir si lo declara inconstitucional de manera general, caso en el cual el precepto legal quedaría derogado.

La cuestión es compleja. El artículo del Código dispone que en caso de imputaciones deshonrosas sólo puede reclamarse indemnización por los perjuicios económicos que el afectado hubiere sufrido pero no por el daño moral (aflicción, angustia, pérdida de relaciones sociales, etc.). Los que abogan por la inconstitucionalidad argumentan que el precepto, que pudiera ser justificado en el siglo XIX cuando Andrés Bello lo redactó, no se compadece con los derechos fundamentales protegidos por la Constitución: el derecho a la honra y el derecho a la integridad psíquica de la persona. Se aduce que resulta paradójico que pueda reclamarse daño moral ante cualquier otro acto ilícito, y no cuando se afecta el honor, siendo que justamente el principal perjuicio que produce un agravio de este tipo es de carácter no patrimonial.

Pero no son menos fuertes los argumentos de los que defienden la constitucionalidad de la norma, entre ellos la Asociación Nacional de la Prensa. Se hace ver que la norma es una forma en que el legislador intenta armonizar o conciliar el derecho a la honra con otro derecho constitucional, de especial relieve e importancia para un régimen democrático: el derecho a emitir opinión e informar sin censura previa. Como el daño moral no puede ser medido objetivamente y queda librado a la prudencia de cada juez, existe un riesgo de que la amenaza de ser condenados a imprevisibles cantidades de dinero por daño moral se convierta en una cortapisa para la libertad de los medios de prensa, limitando el escrutinio que deben hacer de las actuaciones de las autoridades públicas.

Es cierto que la Ley sobre Libertades de Opinión e Información acoge la indemnización del daño moral, pero exige que se haya cometido un delito de injuria o calumnia, que suponen, según la opinión común, una intención específica de deshonrar. La ley contiene, además, criterios que justifican la afectación de la honra o de la vida privada como la existencia de hechos que revistan interés público.

Dado que el Tribunal ya ha declarado dos veces la inconstitucionalidad de la norma, si bien para casos particulares, no es aventurado pensar que esta tiene sus días contados. Pero la derogación constitucional no parece ser el escenario más satisfactorio. Proponemos que esta vez el legislador se adelante y dicte una ley de tramitación urgente que sustituya el art. 2331 por un texto que disponga que las imputaciones contra la honra cometidas a través de un medio de comunicación se regirán por lo previsto en la Ley de Libertades de Opinión e Información. Se evitaría así que se produzca un vacío legal como el ocurrido con la Ley de Isapres que hasta el día de hoy no se logra solucionar.

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