San Miguel y las reglas de responsabilidad

El incendio de la cárcel de San Miguel ha suscitado la discusión sobre a quién corresponde responsabilidad. Primero la política, entre los gobiernos de la Concertación y el gobierno actual, luego será la responsabilidad penal (ya existe un fiscal investigando y una querella), pero más tarde será la hora de la responsabilidad civil: quien debe indemnizar los daños por las muertes y las lesiones. La primera tendencia es la de buscar la responsabilidad del Estado sobre la base de las reglas del Derecho administrativo. De acuerdo a la Ley de Bases de la Administración del Estado (art. 42, ley 18.575), este responde de los daños que se producen por una “falta de servicio” de un órgano público. Conforme al D.L. 2859, de 1979, Gerdarmería de Chile es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia, y por lo tanto es aplicable este régimen de responsabilidad. Pero no es sencillo discernir cuándo se produce esta falta de servicio y si esta es la causa directa del daño que se intenta reparar. Probablemente se dirá que la falta de servicio residiría en la sobrepoblación del recinto penitenciario. Esto significa afirmar que el Estado no cumplió con sus deberes de construir y habilitar cárceles suficientes, pudiendo hacerlo. Se trata de un juicio normativo que importa el riesgo de que un juez tenga que evaluar las políticas públicas en relación con la inversión de los recursos en un país que no es desarrollado. ¿Se pondrá al juez en la tesitura de tener que decidir que el Estado debió invertir los recursos en cárceles y no poner en vigor el plan AUGE o no destinar fondos para la reconstrucción por el terremoto? Se comprende que esta es una senda muy peligrosa. Por eso, la falta de servicio debiera reconducirse a los estándares de negligencia que se utilizan en las reglas de responsabilidad civil recepcionadas, después de siglos de reflexión y depuración, en el Código Civil y que traducen ponderaciones del cuidado exigible según las circunstancias concretas.

Si se llegara a la conclusión de que hubo falta de servicio, ya sea por el exceso evitable de población penal, o por irregularidades en la supervisión de los reos y de su posesión de bienes inflamables, el llamado y el ingreso oportuno de los bomberos o el seguimiento de los protocolos de seguridad, habrá que discutir si dichas faltas pueden ser, aislada o conjuntamente, consideradas causas directas del incendio y de las muertes y lesiones sufridas.

En este punto, no hay que perder de vista que el incendio mismo parece haber sido causado, no por el Estado ni por sus agentes, sino por una riña entre los prisioneros. Ante esto se pueden configurar supuestos de culpa de la víctima (si algunos de los causantes fueron afectados por el incendio) o de hecho de un tercero (si el afectado no tuvo participación en la contienda que originó el fuego). Nuevamente, los criterios de la regulación administrativa no son suficientemente refinados para dar cuenta de las complejidades de la responsabilidad civil, y habrá que acudir los criterios del derecho común. Allí encontramos la regla de que el juez debe reducir la indemnización si la víctima se expuso imprudentemente al daño (art. 2330 del Código Civil). Por eso, si el daño es causado por concurrencia entre culpa del Estado y culpa de la víctima, la indemnización será reducida prudencialmente. La doctrina señala que esta regla se aplica también a las víctimas indirectas (familiares del fallecido).

Si se trata de internos que no participaron en la riña, habrá concurrencia entre culpa del Estado y culpa de un tercero (los que provocaron el incendio). Surge entonces la cuestión de si estos son extraños al Estado o son terceros por los cuales este debe responder, porque están bajo su autoridad y cuidado. Si se estima que los internos son personas que están bajo el cuidado del Estado conforme al art. 2320 del Código Civil, este no podrá alegar caso fortuito o disminución de la causalidad por la concurrencia de su conducta negligente. Podría excusarse sólo si prueba que con toda la diligencia debida (nuevamente un juicio normativo) no habría podido impedir el hecho.

Sin duda muchas más aristas podrían explorarse ante este complejo y desgraciado suceso. Las que reseñamos nos muestran que los jueces tendrán que afrontar un gran desafío para hacer justicia en este caso en lo que concierne a la reparación de las víctimas. Para ello disponen no sólo de las normas propias del Derecho administrativo, sino de las reglas más sutiles y refinadas que provee el derecho común de la responsabilidad cristalizado en nuestro Código Civil. Que San Miguel, el arcángel que venció al señor del fuego inextinguible, los ayude.

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