Secreto pontificio y justicia civil

Con ocasión de la sentencia que sancionó canónicamente al Pbro. Fernando Karadima, se ha suscitado debate sobre si los antecedentes del juicio eclesiástico podrían ser requeridos por la justicia civil que investiga posibles abusos deshonestos contra menores de edad. Hasta el Presidente de la Corte Suprema, en una discutible intervención ante una causa sometida a otro tribunal, ha manifestado su opinión en el sentido de que nada sería secreto para los jueces.

El Arzobispo de Santiago ha señalado, siguiendo la política de la Santa Sede, que la Iglesia colabora con la justicia civil, pero que los antecedentes del proceso canónico son reservados. Se habla, no de secreto de confesión, pero sí de secreto pontificio.

La cuestión es delicada porque, con abstracción del caso en que se plantea, pone en discusión las relaciones de recíproco respeto e independencia entre los poderes del Estado y las instituciones de la Iglesia.

Por ello, más que discutir sobre si existe el derecho de los jueces a pedir los antecedentes que obren en manos de las autoridades eclesiásticas, o si estos tienen la facultad de excepcionarse de presentarlos amparados en un secreto de oficio, cabría previamente dilucidar si es necesario y útil para la investigación judicial el contar con los antecedentes del juicio canónico.

En este terreno debe señalarse que, para efectos de la ley civil, la causa canónica no tiene ninguna validez ni eficacia como proceso judicial. Las resoluciones que hayan dictado las autoridades de la Iglesia así como sus razonamientos sobre la verosimilitud de las pruebas, no podrían ser utilizadas por un juez del Estado quien debe formarse su propia convicción con pruebas presentadas formalmente en el juicio criminal.

Tampoco tendría sentido recoger las declaraciones de los mismos denunciantes que ya han entregado su versión a los tribunales civiles y pueden volver a declarar en ellos. Lo mismo sucede respecto de los integrantes de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón del Bosque y de otros sacerdotes que hayan declarado sobre las conductas investigadas. Todos ellos han prestado y están dispuestos a prestar declaraciones directas ante el juez de la causa.

Se puede decir que la utilidad de pedir los antecedentes eclesiásticos residiría en agregar al proceso civil las declaraciones de personas que no han querido interponer denuncias ante la justicia civil. Pero si alguien no desea hacer una denuncia ante los tribunales del Estado, está en su derecho de no hacerlo. De nada serviría al juez estatal tener alguna declaración de este tipo, porque no han sido tomadas en forma legal y se necesitaría que el afectado repitiera formalmente la denuncia o declaración ante él.

Además, tienen razón las autoridades eclesiásticas en no querer defraudar la confianza de estas personas que han declarado ante ellas justamente porque se les garantizaba discreción y confidencialidad. Si tratándose de investigaciones periodísticas, ningún medio o profesional de la prensa tendría dudas en no revelar la identidad de denunciantes que han confiado en ellos y no se entendería que por orden judicial se incautaran o se ordenara exhibir la documentación con la que se elaboró un reportaje , con mayor razón habrá que convenir en que no es exigible en derecho obligar a la Iglesia a entregar la identidad de quienes han preferido denunciar hechos impropios en el ámbito propio y reservado de su jurisdicción espiritual.

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