Examen nacional para abogados

Esta vez el debate sobre la calidad de los abogados y la posibilidad de establecer un examen nacional –que se reproduce año a año, más o menos en los mismos términos–, me pilló leyendo el libro “Bromas y veras en la ciencia jurídica” del famoso jurista alemán del siglo XIX Rudolf von Ihering. Curiosamente uno de los capítulos de la obra se refiere a la idea de establecer un examen para los abogados alemanes, ante lo cual, medio en broma medio en serio, Ihering señala que sólo hay dos opciones: “o que no se haga ningún examen, o que se repita periódicamente mientras el individuo vive”. Con mucha sensatez plantea que si un abogado tiene necesidad de una determinada suma de conocimientos, y el Estado considera que deber suyo cerciorarse mediante un examen de que reúne ese requisito, un examen único tomado hace treinta o cuarenta años no ofrece ninguna garantía. De modo que el examen debería repetirse cada dos o tres años.

La propuesta de Ihering permitiría evitar que el examen que se propone sólo para los egresados se transforme en una barrera de entrada que lesione la libre competencia en beneficio de aquellos que ya se encuentran ejerciendo la profesión. Pero ¿estarán dispuestos los abogados a someterse periódicamente a un examen de evaluación de conocimientos? ¿Y si no lo están por qué lo exigirían sólo para aquellos que vienen saliendo de las aulas universitarias?

Pero la idea de un examen nacional como forma de garantizar la formación básica de los egresados en Derecho tiene muchas debilidades, aunque mediáticamente pueda ser atractiva. Primero porque es imposible que un examen pueda asegurar que los que lo superen tienen todos los conocimientos y las habilidades necesarias para ejercer las múltiples modalidades de actividades profesionales a las que da derecho la abogacía: redactar contratos, tramitar posesiones efectivas, litigar en materia civil, comercial, penal, libre competencia, minería, asesorar empresas y negocios, etc., etc. Por la necesidad de aplicarlo masivamente, tendría que formularse de un modo parecido a la PSU, es decir, con alternativas de selección múltiple, lo que en los problemas jurídicos es casi imposible de diseñar correctamente, ya que tratándose de materias de argumentación  y de opinión es muy difícil cerrar completamente una pregunta para agotar las posibilidades de respuesta correcta. Se incurrirá entonces en preguntas ramplonas del tipo “qué es un derecho real” o “qué tribunal es competente para conocer el recurso de casación en el fondo”. Pero en tal caso, justamente los más favorecidos serán alumnos de escuelas que, sin preparar en otros conocimientos o destrezas profesionales, se centren en la preparación para contestar este tipo de preguntas. Con ello, un examen nacional contribuiría a una depreciación de la enseñanza jurídica, y terminaría nivelando hacia abajo.

Por esta y otras razones, la dichosa idea, tan majaderamente repetida en los últimos años, de un examen nacional para garantizar conocimientos básicos de los egresados de Derecho, debe descartarse como un verdadero desatino.

Mucho más realista sería elevar los estándares de evaluación y aprobación de la práctica profesional que obligatoriamente todos los abogados deben cumplir gratuitamente en las Corporaciones de Asistencia Judicial. Aquí debería garantizarse que el egresado tenga los conocimientos y habilidades básicas para ejercer la profesión, y si no lo logra, más que repetir la práctica, debería regresar a la Universidad (una distinta en la que se formó) para un período de reciclaje.

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9 comentarios en “Examen nacional para abogados”

  1. Pato Says:

    Cierto. Un examen estándar para abogados tiene muchos inconvenientes, pero cierto es, también, que el actual estado de las cosas deja harto que desear y que el Estado no puede soslayar enfrentar la dificultad.

    El argumento de la barrera de entrada al mercado es legítimo, sin embargo, propio de un mercado sano y competitivo es que el consumidor elija informadamente y que la competencia sea leal. Nada de ello ocurre en la actualidad.

    Hoy el usuario de servicios jurídicos no puede elegir informadamente porque la información a la que puede acceder es escasa o nula o… equívoca. El cartón colgado la pared puede decir poco y nada ya que bien sabemos que dos coloradas no cuestan lo mismo en el aula X que en el aula Y.

    Qué paràmetro usa el consumidor?

    Las notas de pregrado? Ya anunciamos que probablemente poco digan por sí mismas. Y aùn si entra a tallar la casa de estudios de origen, bien sabemos también que no siempre la tradición o la antiguedad son, por sí, paràmetros de excelencia. De lo contrario, jamás habrían existido malos abogados. Por lo demàs, tener de paràmetro la mera tradición importa alimentar un sistema “endogàmico” y estàtico en que no se reconoce el mérito de las aulas màs nuevas que hacen un buen trabajo.

    Así, ni las notas, ni la casa de estudios pueden ser del todo determinantes para elegir al profesional.

    La acreditación està en pañales; la informaciòn de los puntajes de corte de ingreso es un buen predictor al inicio, pero suele no serlo al final de la carrera; la información sobre académicos de jornada completa y con posgrado, el no. de volùmenes de la biblioteca y sus publicaciones científicas dan buenos indicios de buena docencia, pero ella no necesariamente se traduce per se en buenos egresados.

    En suma, la ùnica (por ahora) manera de determinar mediante paràmetros objetivos que el egresado cuenta con un manejo mínimo de conocimientos es mediante su evaluación, y si las universidades hubieran hecho bien su trabajo en ese sentido, por cierto, no estaríamos tratando este tema.

    Por ahora, una evaluación seria, objetiva, con contenidos actualizados y razonables, voluntaria y aplicable tanto a recién egresados como a aquellos que lleven años de foro, podría resultar altamente beneficiosa para las Ues (tradicionales y nuevas) que hacen bien su trabajo y para los egresados con méritos mayores a la mera circunstancia del apellido, lugar de nacimiento y redes de contactos.

    Saludos,
    P.

    • hcorralt Says:

      Me parece muy razonable lo que se expone en cuanto a las dificultades de los clientes para considerar la calidad profesional del abogado que elijan. ¿Pero no sucede lo mismo respecto del resto de las profesiones? ¿Cuál es la garantía de calidad mínima? Es la que proporciona el título otorgado por una institución autorizada por el Estado a conceder esas certificaciones profesionales. Si estas no son adecuadas, lo que debiera hacerse es cancelar esa facultad. No me cierro a que exista algún examen, pero soy muy escéptico de que pueda establecerse en Chile una evaluación “seria, objetiva, con contenidos actualizados y razonables” y que realmente sirva para evaluar calidad profesional. En todo caso, sus razones son atendibles. Hernán C.

  2. Pablo Says:

    ¿Por qué no hacer un examen voluntario?

    Un abogado egresado de una facultad prestigiosa no tiene que acreditar ante nadie sus conocimientos, hay una suerte de presunción de los mismos, aunque casos hay para todos los gusos, pero me refiero a la norma general.

    Ahora bien, un abogado que egresó de una facultad con poco prestigio (por cualquier motivo), pero que quiere demostrar que si tiene los conocimentos para ejercer de buena forma la profesión, podría perfectamente y de forma voluntaria (incluso pagando por ello) rendir un exámen a cambio que se le certifique ese hecho. Así pasa por ejemplo con las empresas y las normas ISO.

    Me parecería interesante que el Colegio de Abogados, por ejemplo, hiciera un exámen, general o por áreas, donde los abogados voluntariamente pudieran demostrar sus conocimientos y recibir así una suerte de “certificado de calidad”.

    • hcorralt Says:

      Sería semejante a las especialidades médicas, pero el problema es que no pueden medirse destrezas ni conocimientos muy profundos con exámenes masivos y estandarizados. Me parece que hoy existe algo parecido a menor costo y con mayor eficiencia: los egresados de universidades de menos prestigio (privadas o tradicionales) se preocupan luego de hacer un postgrado en una Facultad de Derecho de mayor prestigio, ya sea en el extranjero o en el país. Lo que habría que promover es una mayor transparencia en los antecedentes de los abogados (si están colegiados, qué nota sacaron en la práctica, qué estudios de postgrados tienen, etc.) y que esa información esté más accesible a los posibles clientes.

    • Manuel Says:

      Muy de acuerdo

  3. Sebastian Says:

    La idea de la evaluación nacional viene de la mano con la creación de un organismo que sustituya a las corporaciones de asistencia judicial, de manera tal, el egresado no haga práctica, sino que rinda este examen. Uno de los argumentos (a mi juicio, una falacia) es la profesionalización del derecho a defensa jurídica. Propongo ante esto, aumentar los recursos de las corporaciones, más dotación de profesionales permitiría un correcto aseguramiento de dicho derecho. Por lo demás, eliminar las prácticas profesionales, y dejarlo en manos de los consultorios universitarios, sería dejar al lobo el cuidado del ganado.

    Ahora bien, respecto al tema principal planteado en su comentario, carece de toda lógica el concretar esta evaluación. Su pretexto es la desigualdad en conocimientos entre los egresados de universidades tradicionales y privadas, pero, ¿debemos atacar al fruto o a quien lo produce?. Tal como usted lo plantea, un exámen solo evalúa cuestiones puntuales, que si el egresado las prepara, pierde toda objetividad dicha evaluación. Creo que la correcta solución está en aumentar los niveles de exigencia de las escuelas universitarias, programas y planes acordes con las exigencias que se pretenden, pero el querer imponer una exigencia adicional a quien no le corresponde, me suena incluso contra la constitución.

    Saludos

  4. Mauricio Says:

    Don Hernán,
    No estoy de acuerdo con su planteamiento, creo firmemente que es necesario e imprescindible que los abogados nos sometamos a un sistema de acreditación de conocimientos cada cinco años como mínimo.
    Cada año juran alrededor de cuatro mil abogados, número que va en progresivo aumento gracias a la apertura de nuevas escuelas de Derecho en universidades privadas que no garantízan una calidad mínima (basta ver el recurso de protección en favor de C. Bolocco presentado por un estudiante de la U de las Américas)

    Frente a su postura, puedo replicar lo siguiente:
    1.- El sistema de evaluación debe ser obligatorio. Nuestra labor es imprescindible para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Entregar importantes negocios al cuidado de una persona inexperta conlleva un peligro enorme no solo para el cliente, sino que para el sistema jurídico en general.
    2.- El sistema de evaluación no tiene porque ser tradicional: Como dije, cada abogado podría elegir las áreas en que se someterá a evaluación: Derecho Civil, comercial, penal, constitucional, etc. Cada abogado contaría con una acreditación por un número x de años que indica que es competente en esa área. Con esto promoveríamos la especialización y con ello un desarrollo mas fino de cada área del Derecho como efecto positivo colateral.
    3.- La forma de la evaluación no tiene porque ser igual que los exámenes de grado de derecho, ni con alternativas, ni de desarrollo, puede ser, emulando los exámenes médicos, mediante la resolución de un caso, aplicando en él argumentada y fundadamente ls normas jurídicas aplicables del área examinada. Esto permitiría evaluar al abogado tanto en su conocimiento, como en su competencia práctica.
    4.- Por último, la solución propuesta por Ud. tiene el mismo problema que realizar una sola prueba durante la vida del abogado: No mide su competencia sostenida en el tiempo, que es lo que realmente importa, pues así como “bastan dos palabras del legislador para convertir bibliotecas enteras en papel sin valor”, la abogacía requiere adaptarse contínuamente a los cambios legislativos, y la única forma de controlar esa adaptación o actualización, es precisamente mediante un examen de conocimientos y competencias prácticas realizado en forma contínua.

    Yo estaría feliz de someterme a este examen y se que muchos de mis colegas no se opondrían. Quienes si lo harían, son aquellos abogados incompetentes, que con argucias poco éticas, salvan su falta de conocimientos jurídicos que solo la disciplina y el estudio constante entregan. El examen nacional contínuo es la única forma de salvar esta noble profesión.

    Mauricio Obreque P.
    Abogado.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario. Pero lo que plantea es diferente a lo que se propone en Chile: un examen para dar el título de abogado. Esto es una falacia. Lo de la acreditación continua habría que discutirlo, pero no sólo para los abogados, sino para todos los profesionales, y aquí hay que incluir análisis de costos.


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