Demandas infundadas de paternidad

Después de que el examen de ADN en el juicio de paternidad seguido en contra de Mario Kreutzberger resultara negativo, este último ha declarado su pesar por la experiencia vivida. Con amargura y sorpresa preguntó: “¿Cómo puede ser tan fácil que alguien diga ‘este es mi hijo o mi padre’. Si me lo hicieron a mí, de esta manera, se lo pueden hacer a cualquiera”.

Debemos constatar que el famoso animador tiene razón: lo que le hicieron pueden hacérselo a cualquiera. Hoy nuestra legislación no contempla ningún tipo de control previo de verosimilitud de las acciones de filiación, que sirva para precaver demandas con fines extorsivos, de manipulación publicitaria o sencillamente irresponsables (“por si resulta”). No fue este, sin embargo, el diseño de la ley que reformó la filiación el año 1998 y que, junto con consagrar la igualdad de los hijos, permitió probar la paternidad por tests genéticos. En esa ocasión, se aprobó una regla que disponía que el juez no daría curso a la demanda si no se presentaban antecedentes que hicieran plausible los hechos que la fundaban (ex artículo 196 del Código Civil). Lamentablemente, en una reforma posterior del año 2005, con el argumento discutible de que el precepto podía ser mal utilizado por la judicatura, ese sensato resguardo fue derogado.

Lo que se pretende es un control de seriedad y verosimilitud de la acción de filiación y no una prueba parcial o completa de la relación filial que se reclama. Resulta paradójico que acciones de carácter patrimonial o incluso de menor impacto para el honor y reputación de las personas tengan prescrito un control de admisibilidad y que, en cambio, este no se encuentre frente a este tipo de acciones de estado civil que pueden producir trastornos tan fuertes y delicados. Así, por ejemplo, el acreedor que ejerce una acción ejecutiva contra su deudor debe pasar por un control de admisibilidad, en el que el juez debe verificar si existe título ejecutivo de la deuda, si esta es líquida y no está prescrita. Hasta el recurso de protección por violación de garantías constitucionales, y la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, están sujetas a control de admisibilidad. La acciones penales requieren, normalmente, que el ministerio público analice si hay pruebas y es oportuno activar la jurisdicción criminal.

Se ve, por tanto, que la gestión por la cual un juez analiza la seriedad y los indicios de plausibilidad de una acción no son una denegación de justicia, sino únicamente una forma de equilibrar el derecho del demandante de iniciar un juicio y el derecho del demandado de no ser obligado a soportar la carga de defenderse por acciones temerarias o frívolas.

Se puede alegar que en este caso el control de admisibilidad no debiera proceder por cuanto se trata del derecho del niño a conocer la identidad de su padre. Pero téngase en cuenta que muchas veces las acciones que no cuentan con antecedentes que las hagan plausibles no provienen de niños de corta edad sino de personas que ya hace rato dejaron la minoridad y que incluso a veces reclaman la paternidad de una persona que ya ha fallecido, como modo de poder participar en su herencia. De lo que se trata, en consecuencia, es de efectuar un balance entre el derecho a conocer la identidad del progenitor biológico y el derecho del demandado (o su familia) a la honra y no sufrir intromisiones en su intimidad personal y familiar.

Es cierto que la reforma del 2005 mantuvo la vigencia de la norma (art. 197 inc. 2º del Código Civil) que dispone que el que demanda de mala fe o con el propósito de lesionar la honra será obligado a indemnizar perjuicios. Pero en la mayor parte de los casos –si no en todos–, el demandante temerario no tendrá recursos económicos para satisfacer esta obligación, de modo que el daño causado quedará sin reparación.

Quizás la notoriedad de la causa judicial que motiva este comentario pueda servir para que el Congreso reponga la norma derogada o apruebe una equivalente que impida que la simple aserción de que alguien es hijo de otro arrastre a éste a un procedimiento judicial de tan dolorosas consecuencias para él y su familia.

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