Una estúpida pero cruel mentira

La frase de la canción de Budy Richard puede ser aplicada a los hechos que afectan a la Intendenta de la Región del Bío-Bío.

Aclaro que no conozco a Jacqueline Van Rysselberghe, pero simpatizo con su figura como alcaldesa y como Intendenta encargada de la reconstrucción posterremoto. Que sea una mujer que se ha abierto espacio en una región de tradición izquierdista, que haya podido compatibilizar su actividad pública con una vida familiar ejemplar, que no tenga problemas en asumir su fe católica y que intente seguir el ideal de santificar el trabajo profesional (en su caso, el político) por su cercanía al Opus Dei, personalmente me merecen respeto y admiración.

Pero todo ello no tiene que ver con la cuestión de si cometió la falta que se le imputa y si puede configurarse como “infracción de la Constitución” (art. 52 Const.). El principal cargo invocado es que la Intendenta vulneró el deber de probidad, por no respetar la verdad. La mentira habría tenido lugar en la asamblea con pobladores de La Aurora de Chile, ante la cual la Intendenta se ufanó de haber inventado una historia para lograr la aprobación de un proyecto de subsidio que favorecía a toda la población, a pesar de que la mayoría de las casas no habían sido afectadas por el sismo.

A favor de la Intendenta se ha dicho que no hubo mentiras sino sólo expresiones desafortunadas. Habría anunciado como ya aprobado un proyecto que no estaba presentado. Cuando más habría incurrido en esa vieja costumbre política de prometer lo que no se sabe si se podrá cumplir. Si la Intendenta es destituida por algo que todos los políticos han hecho alguna vez, se estaría cometiendo una injusticia y una utilización desproporcionada de un instrumento constitucional de última ratio.

Pero es dudoso que los dichos y el comportamiento posterior de la Intendenta puedan calificarse dentro del tipo de estratagemas que, en Derecho Civil, se califican como “dolo bueno”, o sea, exagerar algo de modo que los que escuchan pueden saber que no hay que creer al pie de la letra lo que se dice. No fue lo que sucedió en el caso. Los pobladores no estaban frente a una candidata que promete, sino ante la máxima autoridad de la región, representante directa del Presidente , que afirmaba que el proyecto ya estaba avanzando (cuando en realidad no había sido ingresado) y, más aún, que había construido “una historia” para convencer a las autoridades centrales de algo que todos sabían allí que no era exacto. Los asistentes no tenían motivos para dudar de la verdad de lo que se les decía ni para presumir que la Intendenta estaba alardeando de algo inexistente. Se trataba no sólo de personas de escasa educación, sino de pobladores que por años esperan una solución. Decirles que su problema estaba solucionado, cuando no se había presentado aun el proyecto, era una mentira estúpida y cruel.

Jactarse de que para obtener la comprensión de los problemas sociales de las regiones hay que “inventar historias” y en la práctica engañar a las autoridades ministeriales, resulta igualmente serio, porque es inficionar en los estratos más pobres la desconfianza contra el gobierno.

Estas faltas traspasan la frontera del dolo bueno y adquieren la naturaleza de un engaño atentatorio a la probidad exigida a los gobernantes. No puede decirse que la acusación no tenga sustento jurídico, en cuanto a la causal “infracción de la Constitución”.

Pero afirmar esto no es suficiente. Es necesario añadir una valoración política de si esa infracción debe ser sancionada con la destitución y la inhabilidad para desarrollar funciones públicas por cinco años. Propongo a los parlamentarios que deben votar el siguiente ejercicio hipotético: a los de gobierno, que se pongan en el supuesto de que se trate de una autoridad de la concertación: ¿rechazarían la acusación?; y a los de oposición, que se hagan la pregunta inversa, si la Intendenta fuera de sus filas ¿votarían a favor de su destitución? Sería conveniente que la valoración de la gravedad política de la falta jurídica, se haga mirando el bien de las instituciones republicanas, y no sobre la base de meras rencillas y rivalidades entre coaliciones y partidos.

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One Comment en “Una estúpida pero cruel mentira”

  1. Luis A. Silva Says:

    Señor Corral:
    Usted en su opinión distingue bien entre la maldad de la mentira de la Intendenta a los pobladores y la idoneidad de la acusación constitucional como remedio a esa falta.
    Suscribo con usted que estuvo mal la mentira (siempre está mal). Respecto de la acusación constitucional, no comprendo bien el alcance del ejercicio que propone: ¿quiere poner de manifiesto la inspiración exclusivamente política de la iniciativa? Si así fuera, no estaría dando ninguna respuesta a la cuestión. Yo pienso, en cambio, que es una medida desproporcionada (cazar moscas con cañones), farisaica (colar el mosquito y tragarse el camello). Cierto que estoy del lado de la Intendenta, y me sale fácil decirlo. Pero sinceramente creo que lo sostendría estando del otro lado, por no desprestigiar el mecanismo de la acusación constitucional.


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