De la fiscalía al gobierno

En el mundo anglosajón la movilidad de las personas entre empresas y entre diversos sectores es valorada positivamente. Entre nosotros, en cambio, es motivo de suspicacias, como si se cometiera una trasgresión a un supuesto deber de fidelidad a la institución o empresa que se deja, proporcionando secretos a la competencia. Hace poco, TVN impidió a Martín Cárcamo despedirse en cámara cuando anunció su traslado a Canal 13.

No puede extrañar, entonces, que la noticia de que el fiscal regional Alejandro Peña renunciaba a su cargo para incorporarse al equipo del Ministerio del Interior, haya suscitado cuestionamientos de diverso cariz. Críticas similares han recibido personas que desde el sector privado se han incorporado al sector público, o viceversa, sobre todo cuando se trata de órganos fiscalizadores y empresas sujetas a supervisión. Pero también cuando hay traslados entre ámbitos distintos desde el mismo sector público. Un almirante de la Marina dejó su cargo para presentarse como senador, y en este mismo gobierno un ex comandante en jefe del Ejército fue nombrado subsecretario de Defensa. Hasta el Tribunal Constitucional llegó la queja cuando la diputada Carolina Tohá dejó el Congreso para asumir la vocería del gobierno de Bachelet, si bien quienes reclamaron más adelante defendieron la incorporación al gobierno de Piñera de los senadores Allamand y Matthei.

En este contexto, y en ausencia de toda norma que prohíba que un fiscal renuncie a su cargo y pase a ocupar otro en el Poder Ejecutivo (cosa que por lo demás ya ocurrió en el gobierno anterior con otro fiscal que fue incluso designado intendente), las críticas resultan injustificadas. Alejandro Peña tiene todo el derecho a renunciar a su cargo y aceptar otras funciones públicas. La Constitución asegura a todas las personas, incluso a los ex fiscales, el derecho a la “libre elección del trabajo” (art. 19 Nº 16). En otros países, los fiscales más exitosos o mediáticos pasan a ocupar roles mucho más relevantes: el juez Garzón fue diputado y ministro de Felipe González, usando un permiso y sin renunciar a su cargo; otros se presentan como candidatos a elecciones populares, lo que sucede con frecuencia en EE.UU. En comparación, nuestra polémica se aprecia minúscula y provinciana.

Salvo por un detalle, que por su gravitación en la opinión pública es más que un detalle: la insólita reacción ante la prensa tanto del ministro del Interior como del mismo Peña. Después de que un comunicado oficial del Ministerio Público informara a la ciudadanía que el fiscal regional dejaba su cargo “para incorporarse a un equipo técnico dentro del Ministerio del Interior”, el ministro declaró no tener conocimiento de ello, aunque tampoco lo desmintió y el mismo Peña se deshizo en evasivas al ser preguntado sobre su futuro laboral. Son hechos que desconciertan y que hacen pensar que los niveles de transparencia y confiabilidad de las autoridades siguen siendo deficientes.

Esta opacidad, agravada por la contradicción entre el fiscal nacional y el titular de Interior, explica que germinen todo tipo de sospechas de influencias indebidas, irregularidades o propósitos torcidos. Como siempre: a la mujer del César no le basta con ser honrada si aparenta lo contrario.

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