Desmanes de menores y responsabilidad de los padres

El jueves 14 de julio, en el contexto de las movilizaciones de los estudiantes, un grupo de jóvenes, dos de ellos menores de edad, prendieron fuego a un automóvil en Valparaíso. El auto era propiedad de una señora viuda: era su único vehículo y se lo había dejado su marido al fallecer. En juicio penal abreviado el Tribunal Penal Oral de Valparaíso condenó a los menores a 342 días de libertad asistida. Esta condena lógicamente no puede reparar el daño causado a la propietaria que, con encomiable serenidad, declaró que esperaba que cuando los culpables tuvieran que trabajar duro para comprar sus propios bienes se dieran cuenta de lo injusto que habían sido con ella.

El caso representa otros muchos en que menores de edad se entregan a desmanes aprovechando las trifulcas ocasionadas durante las manifestaciones convocadas con diversos motivos. Daños en la propiedad pública, en locales comerciales, en equipamiento de los propios establecimientos educacionales son causados por estos eufóricos muchachos. ¿Quién debe responder civilmente por ellos?

Nuestro Código Civil es bastante claro: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que tuviere a su cuidado”, tras lo cual agrega: “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa” (art. 2320 del Código Civil). Sólo pueden excusarse si con la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho. No se admite excusa alguna, en cambio, si los padres son culpables de los malos hábitos de sus hijos: “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir” (art. 2321 del Código Civil). Esta presunción de derecho de responsabilidad podría aplicarse respecto de aquellos padres que han aparecido en los medios legitimando e incluso apoyando las actitudes destructivas de sus propios hijos.

¿Habría tanta indefensión contra los ilícitos cometidos por adolescentes si estas normas de nuestra ley civil fueran realmente aplicadas y los padres tuvieran que hacerse cargo de financiar los costos de la reparación de los daños causados por sus hijos? ¿Por qué no se ocupan en la práctica? Al parecer, como se trata de personas naturales que, por regla general, no tienen bienes suficientes en que hacer efectiva la responsabilidad, las víctimas, y sus asesores jurídicos, piensan que ejercer una acción civil es inviable: aunque se les sentencie a una determinada indemnización civil el fallo no podrá ejecutarse.

Este resultado –poco deseable para el buen funcionamiento de los incentivos por parte de quienes podrían evitar el daño y su costo–, podría revertirse si se considera que no debe identificarse reparación con indemnización en dinero. Esta última es una de las formas de reparación, pero existen también otras modalidades en que los perjuicios pueden ser reparados o al menos atenuados. Los padres que no pudieran pagar el costo de los daños causados por sus hijos, podrían ser sentenciados a desarrollar, ellos en conjunto con sus hijos, alguna labor que pudiera servir para compensar los perjuicios. Así, tratándose de destrozos en bienes públicos, podrían desarrollar trabajos comunitarios dirigidos por la Municipalidad respectiva, o si son daños en establecimientos educacionales, trabajos para asear, pintar o reparar los efectos de los desmanes. Más difícil es buscar alguna forma de reparación alternativa pecuniaria en casos de bienes privados, como el automóvil incendiado; pero siempre queda la posibilidad de obligarles a dar disculpas públicas por los hechos y de prometer que redoblarán sus esfuerzos para que sus hijos no vuelvan a cometer este tipo de tropelías.

Para exigir estas formas de reparación, sería útil que las víctimas pudieran ser representadas por abogados que prestaran servicios gratuitamente, los que podrían ser proporcionados por oficinas comunales de defensa de los derechos de sus vecinos.

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