Futuro del patrimonio reservado

En el año 1925 se reformó el Código Civil para introducir la institución de los “bienes reservados” de la mujer casada en sociedad conyugal. Inspirado en una ley francesa de la época, lo que se ha denominado “patrimonio reservado” ha sido fundamental para la incorporación de la mujer al mercado laboral y para equilibrar los poderes del marido en la administración de la sociedad y de los bienes propios de la mujer. Como sabemos, lo que la mujer adquiera como resultado de un trabajo remunerado ejercido separadamente del marido, forman un patrimonio cuya administración le corresponde libremente a ella, sin ingerencias del marido. A este beneficio se une otro, quizás de igual o mayor entidad, y que se manifiesta al final del régimen, ya sea por muerte de uno de los cónyuges, por separación o divorcio. Consiste en la facultad de la mujer de optar entre sumar los bienes reservados a los bienes sociales y así quedarse con la mitad de todo, pero también respondiendo de la mitad de las deudas sociales (incluidas las contraídas por el marido), o mantener sus bienes reservados renunciando a su mitad en los bienes sociales adquiridos por el marido, pero también exonerándose de responder por las deudas contraídas por éste en la administración social. De esta manera, la mujer puede gozar de los beneficios de una buena administración del marido (aunque aportando también los bienes por ella adquiridos) o, en caso de una administración del marido poco exitosa o incluso ruinosa (que en la sociedad haya más deudas que bienes), precaverse de sus perjuicios manteniendo sus bienes reservados.

Claramente se trata de una posición que favorece a la mujer y que algunos han tachado de contraria al principio de igualdad. Nos parece, sin embargo, que esta diferencia está justificada en las circunstancias culturales, sociales y económicas, que dificultan fuertemente que la mujer casada, sobre todo la de clase media o sectores más pobres, pueda trabajar fuera del hogar de un modo equivalente al varón.

La duda es si esta institución, que ha sido tan benéfica que prácticamente no hay litigios sobre ella, puede subsistir si se adopta un modelo más igualitarista en la gestión de la sociedad conyugal. A nuestro juicio, ello no sería posible si se optara por establecer una igualdad completa entre marido y mujer en la administración del patrimonio social, ya sea a través de una administración conjunta (se requiere el consentimiento de ambos para todo acto de gestión) o de una administración indistinta (cualquiera puede disponer de los bienes sociales). Si la mujer tiene los mismos poderes que el marido para administrar la sociedad conyugal no se justifica que además administre sola un patrimonio reservado. De hecho, en todos los países en los que se ha adoptado este tipo de cogestión, el patrimonio reservado ha sido eliminado (incluso en Francia donde se originó).

Pero en la medida en que se mantenga la administración del marido sobre los bienes sociales, el patrimonio reservado resulta no sólo posible sino de máxima conveniencia para proteger al cónyuge más débil, que en la actual realidad social es la mujer.

Por eso si, como propone el proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados, se da la opción a los cónyuges para, al momento de casarse o incluso en acto posterior, acordar que uno de ellos sea el administrador social, reaparece el interés en conceder al no administrador un patrimonio reservado, siempre que este coincida con el cónyuge que se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, además de su trabajo remunerado, esto es, la mujer.

No parece sensato conceder el beneficio al marido, porque podría prestarse para que engañara a la mujer concediéndole la administración de bienes sociales (que no existirán), mientras todas sus ganancias constituyen un patrimonio reservado, el que después podrá mantener íntegramente renunciando a los gananciales.

Si se estima que conceder el patrimonio reservado sólo a la mujer no administradora es un privilegio excesivo, podría pensarse en conceder al marido no administrador la gestión de los bienes obtenidos de su trabajo, con ciertas limitaciones, pero sin que tenga la posibilidad de renuncia a los gananciales, es decir,  imponiendo que al final del régimen deba colacionar todo lo ganado a la comunidad social, la que se dividirá por iguales partes entre ambos cónyuges.

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4 comentarios en “Futuro del patrimonio reservado”

  1. Francisco Cabezas Vergara Says:

    Estimado Profesor Corral, lo felicito por su blog, que recién he descubierto, y que me parece muy sustancioso para todos los estudiantes y abogados que desean interiorizarse en materias tan apasionantes como la que expone en este post.

    Comentando el asunto, me parece muy interesante su postura, en caso que efectivamente se reforme la sociedad conyugal; sin embargo, sinceramente, creo que no se debería eliminar la institución del patrimonio reservado de la mujer casada, por dos razones:
    1. En caso que la “nueva” sociedad conyugal permita la administración de los bienes sociales por uno de los cónyuges a elección de estos, y ante la palmaria disparidad de la mujer frente al marido en nuestra sociedad moderna, especialmente en los estratos más modestos, lo anterior puede desembocar, en muchos casos, en que la mujer que trabaja esporádicamente, o sin contrato, se viera francamente desprotegida ante una administración insatisfactoria o, derechamente, los abusos (económicos) de su marido.
    2. Se vería diluido el que, a mi juicio, es el efecto más poderoso de la institución: La sustracción de este patrimonio reservado del haber social en caso de renuncia a los gananciales por parte de la mujer, cuestión que en muchos casos corrige no sólo la inadecuada administración del marido, sino que también permite que la mujer goce plenamente de los beneficios de su trabajo al término del régimen, cuestión que se debe tener en cuenta hoy, ante las elevadas tasas de divorcio que, lamentablemente, ostenta el país.

    En definitiva, estimo que la institución del patrimonio reservado de la mujer casada es de importancia capital, puesto que permite corregir muchas desigualdades que se pueden dar en el seno del matrimonio, por el simple hecho de la disparidad entre los sexos, y la posición desventajosa en que suele encontrarse la mujer.

    Una vez más, lo felicito por su blog y por poner estos temas, a veces desconocidos por la sociedad, en el foco de la discusión, demostrando que el Derecho Civil no es una disciplina obsoleta y poco importante, como muchos han pretendido, lamentablemente, catalogarla.

    Saludos cordiales,

    Francisco Cabezas Vergara
    Academia Judicial de Chile

    • hcorralt Says:

      Muchas gracias por el comentario. También pienso que debiera mantenerse el patrimonio reservado de la mujer (aunque sea como una especie de discriminación positiva), pero no veo viable que se pueda mantener la mantención de la administración ordinaria de los bienes sociales en el marido. Por eso mi apoyo a la idea de administrador elegido por los cónyuges, y si el marido es el elegido, la mujer goza de patrimonio reservado. HC

  2. erick johnsale Says:

    el patrimonio reservado, una ley copiada a francia en 1925 que francia derogo hace rato, asi se hacen las leyes chilenas, copiando lo malo.

    Este artículo discriminatorio como es, los hombres también podrían invocarlo, y ahi queda igualdad, o de lo contrario que exista cogestión. no puede ser que todo lo que compre la mujer sea para ella, mientras que todo lo que compre el hombre sea para los dos. Eso es discriminación de género.

    • hcorralt Says:

      Es respetable la opinión. Tiene razón que el patrimonio reservado se copió de una ley francesa que allí ya fue derogada. Pero me atrevo a pensar que en nuestro país la situación de las mujeres en cuanto al acceso y calidad de un trabajo remunerado es de inferioridad respecto de los hombres, ya que siguen haciéndose cargo de sacar adelante el hogar y los niños. Por eso, pienso que se justifica que ellas gocen del patrimonio reservado si no son las administradoras ordinarias de la sociedad conyugal.


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