Apoyo de padres a huelgas de hambre de sus hijos

A muchos sorprendió que algunos de los padres de los jóvenes que hicieron huelga de hambre en el contexto del movimiento estudiantil, no sólo no rechazaran este procedimiento de sus hijos sino que se manifestaran de acuerdo y les dieran públicamente su apoyo. Se dio, así, la paradoja de que mientras las autoridades y los médicos interponían acciones para proteger la vida y salud de los muchachos y muchachas que se negaban a ingerir alimentos, aquellos que, según la ley, tienen el deber de cuidarlos y criarlos se restaban de adoptar cualquier medida personal o colectiva que impidiera un fatal desenlace por la conducta autodestructiva de sus hijos.

La cuestión jurídica que aparece aquí es el alcance y los límites del derecho de los padres a representar legalmente a sus hijos menores y a la no interferencia de otros poderes, especialmente del Estado, en la autoridad preferente de los padres para educarlos y guiarlos hacia su plena realización espiritual y material. En algunos sectores de opinión, se ha señalado que la autoridad de los padres no alcanza por ejemplo a las decisiones de “salud reproductiva” adoptadas por un hijo menor de edad, de modo que una joven podría pedir en un consultorio médico la píldora del día después o la entrega de anticonceptivos sin que el personal médico deba pedir autorización o comunicar ese hecho a sus padres. En un caso que tuvo gran relevancia, la Corte de Apelaciones de Valdivia, en cambio, estimó que si la madre de un menor de 11 años se negaba a que éste recibiera un tratamiento médico que le daba un 40% de posibilidades de sobrevida, el Estado no podía intervenir ni siquiera con el argumento de que con ello se afecte el derecho a la vida del menor que sin el tratamiento moriría (C. Valdivia, 14 de mayo de 2009, rol Nº 103-2009): Ver comentario en Revista Chilena de Derecho por Ángela Vivanco.

En otras ocasiones, los tribunales han pasado por sobre las creencias de los padres de un menor si ellas llegan a poner en riesgo su vida, como cuando Testigos de Jehová se oponen a que a un hijo se le haga una transfusión de sangre, aun cuando ella se necesite para preservarle la vida y no exista tratamiento alternativo.

En el caso de la huelga de hambre, sin duda, está también en juego la vida y la salud del menor, de modo que pareciera que nos encontramos también en un caso en los que los tribunales pueden decidir contra la voluntad de los padres, con más razón aún que en las situaciones en la que estos aducen razones de tipo religioso y abogan por el respeto a su libertad de conciencia y culto. Así lo entendió la Corte de San Miguel al conocer del recurso de protección interpuesto por la Gobernadora de la Provincia para que se adoptaran medidas tendientes a evitar que la huelga de hambre de los estudiantes terminara afectando su vida. Si bien la Corte debió rechazar el recurso, porque felizmente los jóvenes desistieron de la huelga, dejó constancia de dos importantes consideraciones en su sentencia de 25 de agosto de 2011. Primero, que los adolescentes no eran jurídicamente capaces de iniciar o incorporarse a una huelga de hambre que atenta contra su vida: “… ellos no son jurídicamente capaces para resolver con suficiente libertad el iniciar o incorporarse a una huelga de hambre, especialmente por motivos o situaciones educacionales, según resulta pretender la que nos ocupa, porque necesariamente implica un atentado para su desarrollo humano, salud y eventualmente su vida” (cons. 4º). Segundo, que si los padres no cumplen su deber de protección, la joven menor de edad debía ser entregada a una institución de menores: “si pretende mantenerla, así como cualquiera otro menor de edad que se integre a ella, ha de pasar necesariamente a la compañía, custodia y protección de sus padres o familiares directos. A falta oportuna de estos, deberá ser internada en un hogar de menores que proporcione dicha protección” (cons. 5º): Texto de sentencia en pdf.

Cuando se trata de una amenaza a la vida de un menor de edad, aunque sea autoinferida, si los padres renuncian a su labor de preservar y tutelar ese derecho, el Estado, a través de los tribunales, puede en subsidio adoptar medidas de protección, incluso contra la voluntad paterna.

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