Labbé y las tomas de colegios: ¿protege el Derecho Civil la propiedad?

Me temo que gran parte de la enconada reacción contra la orden del Alcalde Labbé de cerrar los colegios que habían sido retomados después de un desalojo, proviene de que afectó lo que ha sido el factor clave para el éxito de las movilizaciones estudiantiles. Los dirigentes de la Confech difícilmente habrían obtenido la paralización de clases sin esta medida de fuerza de grupos minoritarios que, so pretexto de ejercer el derecho a una educación de calidad, impiden al resto de sus compañeros, a profesores y administrativos, ingresar a los establecimientos.

Los Alcaldes, como representantes legales de las municipalidades o corporaciones municipales –así como algunos rectores (los menos)­– han recurrido directamente a la fuerza pública para ordenar el desalojo de los ocupantes ilegales. Pero no han utilizado las acciones que el ordenamiento jurídico provee para que sean los tribunales de justicia los que impidan este atentado.

Dejando fuera el recurso de protección por vulneración al derecho de propiedad (además del de libertad de enseñanza) previsto en la Constitución, existe una variedad de acciones que el Derecho Civil otorga al propietario o al poseedor de una cosa para obtener que se respeten sus derechos. Haciendo una revisión podemos mencionar: la acción reivindicatoria, la acción publiciana, las acciones posesorias y la acción de precario.

Podría ser interesante intentar la acción de precario que tiene tramitación en juicio sumario, pero el art. 2695 del Código Civil exige que el o los demandados sean tenedores de la cosa “por ignorancia o mera tolerancia del dueño”, lo que no se cumple en este caso.

Las acciones posesorias protegen al poseedor, es decir, al que, siendo o no dueño, tiene o tenía la tenencia de la cosa con ánimo de señor o dueño. Cabe ejercer la acción de amparo, en caso de que la posesión sea perturbada, y la acción de restitución, para el caso en que la posesión sea privada. Podría intentarse esta última pero nos topamos con la teoría de la posesión inscrita, según la cual, tratándose de inmuebles registrados en el Conservador de Bienes Raíces la inscripción es prueba y garantía de la posesión, de modo que el titular de la inscripción no pierde la posesión legal mientras no se cancele dicha inscripción. Habría que argumentar, aunque con cierta laxitud, que el poseedor inscrito (la municipalidad o corporación municipal) estaría siendo perturbado por la ocupación material y así se haría procedente la acción de amparo.

¿Y por qué no intentar la acción reivindicatoria que justamente tiene por objeto amparar al propietario cuando ha dejado de estar en poder de la cosa? Lo que sucede es que para que esta acción proceda es necesario que la interponga el dueño que ha dejado de poseer contra el poseedor que no es propietario. La municipalidad no ha dejado de poseer (por la posesión inscrita) y los estudiantes que protagonizan la toma tampoco cumplen los requisitos de la posesión: tienen el corpus (el control material del inmueble) pero no así el animus: no se consideran dueños ni pretenden apropiarse del establecimiento sino únicamente evitar que pueda funcionar normalmente. Lo mismo puede decirse contra la procedencia de la accion publiciana, que es una forma de reivindicación (art. 894 CC)

Pero dentro de la regulación de la acción reivindicatoria el último precepto dispone a la letra: “Las reglas de este título se aplicarán contra el que poseyendo a nombre ajeno retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor” (art. 915 CC). Algunos han interpretado la norma señalando que no existe una reivindicatoria contra el mero tenedor, sino que cuando se ejerce la acción que corresponda para pedir la restitución (ejemplo, la acción del contrato que otorga la mera tenencia: comodato, depósito), se aplican las reglas de la reivindicación para regular las prestaciones mutuas. Pero la doctrina más moderna ha tratado de buscar una solución para los casos en los que el propietario no tiene otras acciones para pedir la reintegración de la cosa, y una de ellas es la de entender, junto con varios autores clásicos como Chacón y Vera, que el art. 915 CC confiere al dueño una acción de dominio contra el tenedor que retiene indebidamente la cosa (así Vergara Bezanilla, Peñailillo). Incluso el más ilustre de los opositores a esta tesis, Claro Solar, la admite cuando se trata de recuperar inmuebles inscritos (Explicaciones t. IX, Nº 815).

También el titular del establecimiento tomado podría denunciar o querellarse por el delito de usurpación conforme a los arts. 457 y 458 del Código Penal. Pero en el juicio penal, deben presentarse las acciones civiles que tengan por objeto la restitución de la cosa (art. 59 CPP), y allí se vuelve a plantear el problema de cuál es la acción civil que corresponde.

Obviamente, todo lo anterior se vuelve letra muerta si los desalojados, aunque sea por sentencia judicial, vuelven a perseverar en la conducta ilícita y no hay medios policiales que lo impidan. Se socava así el imperio del Derecho, y se produce un germen desestabilizador tremendamente peligroso para toda democracia. Esperemos que las “tomas” estudiantiles sean prontamente depuestas o repelidas por los medios jurídicos, y no se transformen en la herramienta general de aquellos que quieren imponer por la fuerza sus reclamaciones.

Aunque no se esté de acuerdo con el tono ni con las medidas concretas de Labbé, hay que convenir en que su alarma ante la ineficacia de los medios legales contra las tomas de establecimientos, es algo que merece ser compartido

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2 comentarios en “Labbé y las tomas de colegios: ¿protege el Derecho Civil la propiedad?”

  1. Guillermo Stange. Says:

    Don Hernán, aprovecho de saludarle y dejarle unas líneas sobre el interesante tema que subyace en la noticia y hechos narrados, que no es otro que es la relación existente entre el régimen de posesión inscrita y las acciones protectoras de la posesión o del dominio. Creo que en este punto sería interesante un estudio que abordara – desde una perspectiva integral – dicha relación; hasta el momento no he visto ninguno reciente que incluya tanto los desarrollos doctrinarios como jurisprudenciales específicos en ese punto (empiezan a abrir la senda, los excelentes comentarios de jurisprudencia de Fernando Atria y Javier Barrientos).
    Idealmente, el régimen de posesión inscrita es perfecto: nadie puede adquirir por el sólo hecho de “detentar”, “ocupar” “poseer materialmente” la posesión y dominio del mismo (al menos al amparo del Código Civil; situación diversa cuando se trata del DL 2.695 o del DFl Nº 5 de 1968, ley de Comunidades Agrícolas, entre otros). Cuestión que ha redundado en la idea de que la inscripción, además de requisito y prueba de la posesión, es garantía de la misma. Así, el dueño y poseedor inscrito puede estar tranquilo de que para proteger la SITUACIÓN JURÍDICA de su inmueble basta la inscripción; ello en razón de que tratándose de un inmueble inscrito no hay “posesión” (que no cuente con inscripción) que conduzca a la “prescripción adquisitiva” (contra un título inscrito no tendrá la prescripción adquisitiva de bienes raíces…sino en virtud de otro título inscrito…prescribe el 2505 CC), por lo que no puede haber amenaza a su derecho de dominio. Seguirá siendo dueño o poseedor inscrito, independiente de lo que ocurra FÁCTICAMENTE (Artículos 724, 728, 730, 2505, entre otros).
    La existencia de la posesión inscrita – entendida como garantía y ello con el indiscutible efecto positivo que tiene – transforma en un remedio excepcional y estrictísimo el acudir al régimen de acciones protectoras (ello en teoría); no es infrecuente que existan interpretaciones o doctrinas y decisiones jurisdiccionales que a mi juicio desnaturalizan las acciones en base a consideraciones que pugnan abiertamente con los textos que confieren las acciones respectivas (y el sistema registral mismo). Es el caso de la acción reivindicatoria que intenta el poseedor inscrito contra el “poseedor material” (doctrina que cuenta con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema), pues en rigor el poseedor inscrito nunca ha perdido su posesión. O la acción del artículo 915 del Código Civil, que se la suele referir al “injusto detentador”. A este respecto, son acertadísimas las conclusiones de Javier Barrientos “La clave, pues, para determinar en contra de quien procede la acción del artículo 915 es responder a la siguiente pregunta: ¿quién es un “poseedor a nombre ajeno”?, porque solamente respecto de él opera el precitado artículo 915, y no en contra del llamado “injusto detentador”, que es categoría creada por la doctrina y que no encuentra fundamento textual en nuestro Derecho Civil”, para luego concluir que el “poseedor a nombre ajeno” corresponde a una categoría técnica muy precisa y restringida, la de un concreto detentor que tiene la calidad de representante legal, mandatario o “agente oficioso”, ex artículo 721 CC”.
    El problema con esto es que gran parte de los “conflictos posesorios” que se dan en la práctica no dicen relación con dos títulos inscritos (paralelos o yuxtapuestos). Lo más usual en la práctica es que se interponga una demanda reivindicatoria contra el poseedor “material” (jurídicamente discutible) y subsidiariamente la acción del artículo 915 del CC contra el “injusto detentador” (nuevamente discutible).
    Parece ser que la respuesta está – y por ello no me sorprende que gran cantidad de conflictos posesorios se ventilan en sede de la acción constitucional de protección; pero el problema de esta vía es el breve plazo que existe para ejercerlo (no obstante la reforma), además de las limitaciones propias de una acción tutelar de tramitación rápida. El dueño de un fundo alejado, que lo visita de vez en cuando ¿tendrá la real posibilidad de ejercer la acción de protección?. Por ello, parece ser que la vía idónea sería la “Acción declarativa de dominio” (respecto de la cual hubo dos excelentes ponencias en las Jornadas de éste año), pero de escaso desarrollo práctico.
    En todo caso, si uno reflexiona en torno a las decisiones de la jurisprudencia – pese a ser criticables – han servido para proteger al dueño o poseedor inscrito ¿Justicia?
    Le pido mis disculpas si me extendí demasiado,
    Saludos Cordiales,
    Guillermo Stange.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el informado y reflexivo comentario. Tiene razón que salvo los trabajos de Atria y Barrientos, y ahora último Fabiola Lathrop, nuestra doctrina se encuentra en deuda en resolver el atolladero de la posesión inscrita y las accciones protectoras del dominio y la posesión. Creo que el recurso de protección ha sido una solución a los problemas prácticos en la cual hemos descansado los civilistas, pero no corresponde que sea la acción constitucional, que es meramente cautelar y por eso de breve plazo de interposición, la que resuelva este tipo de conflictos. Tengo la impresión de que aquí se requeriría una intervención legislativa (muy cuidadosa), para zanjar el tema de la posesión inscrita. Mientras tanto no me convence la idea de una acción innominada general de dominio, porque ello tiende a dejar sin sentido las acciones que están reguladas en el Código. Prefiriría una reinterpretación del art. 915 CC como una especie de acción reivindicatoria contra cualquier tenedor que no tenga un derecho oponible al dueño, aunque no pueda probarse que su tenencia se deba a ignorancia o mera tolerancia de éste. La expresión “poseedor a nombre ajeno” en la terminología del Código es sinónima de mero tenedor, como lo prueba el texto de los arts. 700, 719, 730 CC.


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