Gaddafi y el tiranicidio

La primera reacción de los medios al conocerse la noticia de la muerte de Muammar Gaddafi a manos de opositores a su régimen, fue de alivio y no disimulada satisfacción por la desaparición de un gobernante reconocidamente despótico. Pero más tarde se fueron manifestando dudas sobre si era legítimo que se le hubiera privado de la vida una vez tomado prisionero, sin previo proceso. Las mismas circunstancias en que ocurrió el hecho, así como el asesinato de su hijo Motassim, siembran también inquietudes. El portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió al Consejo Nacional de Transición de Libia que esclarezca si Gaddafi murió en algún tipo de enfrentamiento o si fue ejecutado tras su captura.

No es raro que se haya producido esta mezcla de sentimientos encontrados, porque ya desde mucho tiempo se viene discutiendo en filosofía y derecho político la legitimidad del tiranicidio, esto es, sobre si debe considerarse lícito que una o más personas particulares, sin previa sentencia o mandato judicial, asesine al gobernante como modo de librar al pueblo de su opresión tiránica.

Habrá que precisar que son cuestiones relacionadas pero diversas el derecho a la rebelión y la licitud del tiranicidio. La rebelión tiene por objeto deponer al gobierno ilegítimo por origen o  ejercicio. Pero el derecho de rebelión se satisface con la deposición o derrocamiento del régimen despótico y no requiere que se dé muerte al líder que lo encabeza. Este puede ser exiliado o sometido a proceso; si en el juicio es encontrado culpable de crímenes que justifiquen la pena de muerte, se le ejecutará, pero ya no como decisión de particulares sino del nuevo poder que rige el Estado. Por cierto, podrá considerarse que la pena de muerte es siempre injusta, o al menos en las actuales circunstancias, o que no se otorgaron al ex-gobernante las garantías de un proceso justo, pero en todos estos casos, estaríamos fuera de la discusión del tiranicidio.

La muerte del tirano realizada por simples particulares y sin que se encuentren en una situación de legítima defensa personal (enfrentamiento real), con la finalidad de evitar o consumar la necesidad de una guerra de rebelión, es en lo que consiste propiamente el tiranicidio.

Los griegos lo justificaron ensalzando a Aristogitón y Harmodio como “tiranicidas” después del derrocamiento de Hipias. Platón les dará la razón al colocar la tiranía como el peor de todos los gobiernos. Entre los romanos, Cicerón parece aprobarlo en vistas al asesinato de Julio César. La teología cristiana se debate entre el mandato de obedecer a las autoridades incluso injustas, y la necesidad de obedecer a Dios más que a los hombres. De allí que se acepte el derecho a la rebelión, con serias exigencias, pero se observen discusiones y reservas sobre el tiranicidio.

Tomás de Aquino parece considerarlo improcedente (De regimine principum I, iii y vi). Otros teólogos como Juan de Salisbury lo aceptan cuando se trata del único medio para librar al pueblo de un gobierno opresivo (Polycraticus III, 15; IV, 1; VIII, 17). Quien hizo famosa la tesis favorable fue el jesuita español Juan de Mariana (De reges et regis institutione, 1599), aunque la explica como una opinión personal y también sujeta a condiciones estrictas de procedencia.

Salvo una declaración en contra del Concilio de Constanza (1415, sesión 15), que es bastante general, el Magisterio de la Iglesia no se ha pronunciado directamente sobre la licitud del tiranicidio.

En todo caso, el tema lo han retomado pensadores y políticos de Estados Unidos y Europa que proponen como forma de combate adecuado a las circunstancias modernas la del asesinato selectivo de líderes terroristas y gobernantes considerados criminales. El norteamericano Robert Nicholls dirá ya en 1989 que se justificaría moralmente la ejecución de Gaddafi: “No considero que los Hitlers, los Kennedys, los Gadaffis o los Atilas tengan ningún derecho de misericordia. Los que planean y ordenan la muerte de millones de personas merecen morir”(Texto en pdf). Reconociendo que el sistema de los derechos humanos restringe la posibilidad de matar, el australiano británico Geoffrey Robertson en abril de este año advertía que Gaddafi podía ponerse en una situación en la que el tiranicidio fuese “la mejor – o única– opción” (Texto en The Independent). Esta tendencia favorable al tiranicidio puede encontrar sus raíces en las guerras de la independencia americana. Hasta llegó a consagrarse en el lema de Estado de Virginia la divisa “Sic semper tyrannis” (así siempre a los tiranos). Alguna reminiscencia de ello se encuentra también en una estrofa del himno nacional chileno, que habla de que los nombres de nuestros valientes soldados deben ser un “grito de muerte” que “hagan siempre al tirano temblar”.

Pareciera, sin embargo, que las justificaciones actuales del tiranicidio no logran vencer la regla moral del no matar. Es cierto que se ha precisado que se trata de no matar al inocente. Pero aquí el tirano es formalmente inocente porque no ha sido sentenciado en juicio como culpable de sus crímenes. La simple notoriedad de ellos o el consenso general nacional o internacional no puede ser considerado un equivalente jurisdiccional a la sentencia de muerte ni tampoco un mandato tácito de la comunidad a los privados para que sentencien y ejecuten ellos mismos la muerte del déspota (asumiendo que esta pena pueda ser también moralmente justificable en ciertos casos).

Por lo demás, cuando la muerte se produce, como en el caso de Gaddafi, cuando el tirano ha sido ya derrotado y capturado vivo, sin posibilidad de agredir ni mantener su gobierno, la muerte, a manos privadas, tiene mucho más de venganza y revancha, que de defensa y justicia.

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7 comentarios en “Gaddafi y el tiranicidio”

  1. Alejandro Miranda M. Says:

    Estimado D. Hernán:

    Aunque comparto, en general, su apreciación del problema del tiranicidio, me parece que es necesario hacer algunas precisiones.
    No es nada claro que Tomás de Aquino haya rechazado el tiranicidio. Si bien los pasajes del De regno o De regimine principum conducen a esa conclusión, ese opúsculo fue escrito por santo Tomás para que sirviera de guía a la conciencia de los príncipes, por lo que no es el lugar para desarrollar un tema que es propiamente relevante para la deliberación moral del ciudadano. En el Comentario a la Sentencias de Pedro Lombardo, donde santo Tomás discurre más “libremente”, afirma que es lícito y laudable matar al tirano que ha usurpado el poder del reino (cf. In II Sententiarum, d. 44, q. 2, a. 2, c. y ad 5).
    A la luz de la enseñanza de santo Tomás, la tradición escolástica formula una distinción que considera necesaria para el juicio moral sobre el tiranicidio. Es la distinción entre lo que algunos llaman el «tirano en el señorío» y el «tirano en el gobierno» (cf., por ejemplo, Pedro de Ledesma, Segunda parte de la Suma, tr. VIII, cap. 18). El primero es el que usurpa, por la fuerza y contra la justicia, el gobierno de la república. El segundo es el que goza de legitimidad en su origen, pero se vuelve tirano en el ejercicio de su cargo. Es sentencia común de los teólogos y juristas escolásticos que nunca es lícito a un particular dar muerte al «tirano en el gobierno». A este tirano sólo es lícito despojarlo del gobierno después de un juicio. Por tanto, en este caso hay obligación de recurrir a un superior, si éste existe; y, sólo en el caso de que ese superior no exista, es lícito al pueblo rebelarse por medio de la fuerza. Por el contrario, si se trata del «tirano en el señorío» es también sentencia común que es lícito darle muerte incluso privata auctoritate, pues, como dice Soto, «es lícito repeler la fuerza con la fuerza, y mientras él mantenga de esta manera el gobierno de la sociedad, mantiene una guerra perpetua contra ella» (De iustitia et iure, l. 5, q. 1, a. 3).
    A mí me parece, con todo, que las tesis de estos autores están todavía en un nivel muy general, y que un adecuado análisis moral del tiranicidio debe incorporar otras distinciones. En mi opinión, uno debe distinguir tres situaciones a las que puede darse el nombre de «tiranicidio». Ellas tienen aplicación para los dos tipos de tirano y suponen que se esté llevando a cabo una rebelión justa (lo que implica, en el caso del «tirano en el gobierno», que no había superior, o que fracasó ese recurso y que no es dable tolerar el régimen injusto).
    1. El primer caso es el que se produce cuando los rebeldes quieren apresar al tirano y éste se resiste por la fuerza a su captura. Como los rebeldes tienen derecho a apresar al tirano, estamos aquí en presencia de un caso que responde a la estructura común de la legítima defensa. Si el tirano se defiende por la fuerza, y los rebeldes se dan cuenta de que no pueden repelerlo más que usando fuerza letal, entonces es lícito que lo hagan. Si Gaddafi, ante una captura inminente, hubiese sacado su pistola de oro y hubiese comenzado a disparar a sus captores, éstos podrían haber usado fuerza letal para repelerlo, si no tenían otro medio.
    2. El segundo caso de «tiranicidio» es el que se produce cuando los rebeldes, luego de deliberar, se dan cuenta de que la única manera viable de que triunfe la rebelión consiste en matar al tirano. Esto puede suceder cuando la fuerza del régimen injusto descansa precisamente en la persona del tirano. Así, en muchos casos se puede prever razonablemente que, si se elimina al tirano, el régimen injusto ya no tendrá la suficiente cohesión como para imponerse por sobre el movimiento rebelde. O sea, sólo si se mata al tirano hay posibilidad de que triunfe la rebelión. Esto era lo que pensaba Claus von Stauffenberg al planificar el atentado contra Hitler: muerto Hitler, ya no se sostendría el régimen nazi.
    Ahora bien, si se concede el supuesto de hecho, ¿es lícito en este caso matar al tirano? ¿Es lícito, por ejemplo, poner una bomba debajo de la mesa en la que éste se sentará? Mi opinión es que sí, pues pienso que todavía se salva aquí la razón de legítima defensa. Aunque el tirano no haya sido sentenciado en juicio como culpable de sus crímenes, eso no hace que sea formalmente inocente, ya que en la fórmula clásica que prohíbe matar directamente al inocente, este último no sólo se opone al «culpable», sino también —y principalmente— al «nocente». De hecho, la legítima defensa no exige que el agresor sea culpable, basta con que no tenga derecho a inferir el daño. El que no tiene derecho a inferir un daño es, en la terminología tomista, el «nocente». En síntesis, pienso que si los rebeldes pueden concluir con certeza moral que la única vía para derrocar el régimen injusto es dar muerte al tirano, entonces es lícito que lo hagan, porque éste sería un acto de legítima defensa colectiva contra un agresor injusto.
    3. Por último, está el caso en que la rebelión ya ha triunfado y los rebeldes han logrado capturar vivo al tirano. Si los rebeldes matan al tirano después de capturarlo (como parece ser el caso de Gaddafi), es manifiesto, como usted dice, que ése sería un acto de venganza y no de justicia o de defensa. La obligación de los captores es, desde luego, poner al tirano a disposición de un tribunal para que sea juzgado con las garantías de un debido proceso.

    En definitiva, hay tres casos de acciones que pueden ser llamadas «tiranicidio», pues en las tres se mata a un tirano. En las dos situaciones extremas (1 y 3) el juicio moral es claro: la primera es una forma común de legítima defensa, y, por lo tanto, es lícita; la tercera es una forma común de venganza, y, por lo tanto, es ilícita. La caracterización de la situación intermedia es más difícil, aunque a mí me parece que todavía se enmarca en el contexto de la legítima defensa.
    Naturalmente, si se acepta la definición de tiranicidio que usted ha estipulado en su texto (esto es: acción por la que una o más personas particulares, sin previa sentencia o mandato judicial, asesina al gobernante como modo de librar al pueblo de su opresión tiránica) sólo el caso 2 podría llamarse propiamente «tiranicidio».

    Así las cosas, ¿piensa usted que la acción de Claus von Stauffenberg fue lícita o ilícita?

    Un saludo,

    Alejandro Miranda M.

    • hcorralt Says:

      Agradezco el comentario, Alejandro, que sin duda complementa y enriquece el post, en beneficio de los lectores de este blog. Concuerdo en la solución del primer y tercer caso. Respecto del segundo, que resulta el más problemático, me inclino por no considerarlo autorizado, porque pareciera que allí el acto de matar es un medio para obtener el derrocamiento del régimen tiránico (no sería el efecto no deseado de una legítima defensa). Por lo demás, me resulta muy dudoso de que hoy se pueda resolver que la sola muerte de un líder vaya a significar por sí mismo un cambio en la estructura despótica de un gobierno. ¿Cómo podría preverse eso y no que vendrá una más dura represión y la sustitución del tirano asesinado por otro aún con mayor poder y ferocidad? El caso de Claus von Stauffenberg parece inducir a la respuesta contraria porque con lo que hoy se sabe el régimen nacionalsocialista descansaba en la personalidad de Hitler. ¿Pero era previsible eso cuando sucedieron los hechos? Incluso con lo que hoy sabemos, ¿habría evitado la muerte de Hitler los horrores del holocausto y la segunda guerra mundial? No me parece claro. Y si no es claro, la premisa en la que se fundamenta la posibilidad de licitud no se daría nunca en la práctica.

  2. Hugo Fuentes Says:

    El derecho no podría contemplar aprioristicamente una hipótesis de exculpación para el tiranicida. Eso sería facultar a cualquier persona, por su mero arbitrio, para matar a un líder político. Se dejaría abierta la puerta para aventuras personales que pueden nacer de juicios carentes de fundamento. Por ejemplo, un loco decide que el señor Obama es un tirano y espera su próxima venida a Chile para asesinarlo. ¡ En menudo problema nos veríamos envuelto!
    Sin embargo, se pueden dar casos especiales como el de Gaddafi. Sería un tanto cruento condenar penalmente a esas personas que mataron al depuesto líder. Pensemos que están inmersos en una guerra civil, donde el hombre está en el elixir de la barbarie. Estando la bestialidad a la orden del día, no le podemos exigir a unos sujetos inmersos en la guerra que actúen como seres raccionales y no asesinen a qui´´en ellos consideran como el causante directo de todos sus males. Me parece que en este caso hay una patente causal de exculpación penal.
    Saludos.

    • hcorralt Says:

      Efectivamente la doctrina del tiranicidio tiene el riesgo de que cualquiera se sienta con derecho a practicarlo en contra de cualquier líder o gobernante. Por eso, los que los aceptan ponen muchas condiciones que sólo se aplican en casos realmente excepcionales, como podría ser el de Gaddafi. Pero en este caso, tampoco se cumple uno de los requisitos y es que el tirano no haya sido neutralizado o capturado. Por cierto, el hecho de que no sea considerada lícita la muerte como tiranicidio, no significa que los que lo mataron no puedan ser beneficiados con las atenuantes o incluso causales de exculpación por las circunstancias en las que se encontraban (exaltación por la guerra, error de prohibición pensando que podían matarlo, etc.). Pero el hecho de que no se les considere sancionables con las penas del homicidio no hace que el acto sea justificado o conforme a derecho.

  3. hugo fuentes Says:

    Don Hernan, no he podido comentar su nueva entrada, algo pasa

  4. hugo fuentes Says:

    Mire, dice esto: Responses are currently closed


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