Independencia y evaluación de los jueces

Fuerte polémica suscitaron las declaraciones del Ministro de Justicia que expresó el deseo del gobierno de decidir el ascenso y nombramiento de los jueces de garantía conforme a la forma en que otorgan o deniegan la libertad de los imputados en los procesos penales. La Asociación Nacional de Magistrados reclamó ante lo que estimó una presión que lesiona la independencia de los jueces. La Corte Suprema, a través de una declaración del pleno, señaló que la sola posibilidad “afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como la de un debido proceso legal” y acordó “Expresar que el mérito o contenido de las resoluciones jurisdiccionales no son factores que puedan ser considerados en la formación de las ternas que se confeccionen para el nombramiento de los jueces” (Acuerdo de 28 de octubre de 2011: ver texto). El Presidente de la Corte, Milton Juica, al tomar juramento a un grupo de nuevos abogados, creyó conveniente recordar que “La misma Carta Fundamental dispone que nadie, aparte de la jurisdicción, puede en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Más de alguien podría pensar que se sugiere que la implementación de un sistema como el anunciado constituiría una actuación inconstitucional del Ministro, lo que ameritaría una acusación y juicio político en su contra.

Se trata de una sugerencia poco comprensible, puesto que el Presidente, al designar a los jueces de entre las ternas y quinas que proponen las Cortes, no hace más que cumplir con una atribución que le entrega directamente la Constitución (art. 78 Const.). El explicitar un criterio que guiará su acción no constituye ninguna forma de ejercer funciones judiciales ni avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos (art. 76 Const.). El sistema de designación podrá ser criticado, como a veces lo ha sido, por otorgar una fuerte intervención al Poder Ejecutivo, pero no puede ser calificado de inconstitucional ni de atentatorio contra la garantía constitucional de la independencia de los jueces. Por lo demás, todos los gobiernos han ponderado la sintonía de los magistrados judiciales con sus propios postulados políticos para efectuar nombramientos. Recordemos que por reforma constitucional en 1997 se limitó el Poder del Presidente para elegir a los ministros de la Corte Suprema añadiéndole la necesidad de contar con el acuerdo de los dos tercios del Senado; no parece, sin embargo, que esta medida haya “despolitizado” el nombramiento. Todos sabemos que jueces como Carlos Cerda, Raquel Camposano o Alfredo Pfeiffer no han llegado al máximo tribunal por algunos de sus fallos o declaraciones.

Lo que sí hay que reprochar al actual Gobierno es que anuncie esta medida como una especie de amenaza a los jueces de garantía para que se plieguen a una lucha contra la delincuencia, como si fueran persecutores y no magistrados judiciales que deben ponderar las circunstancias de cada proceso y las pruebas aportadas por la Fiscalía y las policías. Ante las cifras exhibidas por la Corte Suprema, la falta de procesamientos y de prisiones preventivas en los desórdenes públicas no se debe a una posición exageradamente garantista de los juzgadores, sino a la levedad de los delitos imputados y a la falta de iniciativa del Ministerio Público (sólo en dos casos el fiscal solicitó la prisión preventiva). Además, parece un error centrar la lucha contra la delincuencia en las prisiones preventivas decretadas y no en las condenas dictadas y ejecutadas.

Pero si lo anunciado por el gobierno, sobre todo por su forma, merece crítica, también puede cuestionarse el modo en que reaccionó la Corte Suprema, asumiendo una posición que más parece defensa corporativa que inquietud genuina por la independencia judicial. Es sabido que el principal escollo a esa independencia no estriba en la facultad del Presidente de la República para nombrar a jueces y ministros, sino en la conformación de las ternas y en el sistema calificación de los funcionarios judiciales, proceso que deciden los mismos ministros de las Cortes Suprema y de Apelaciones, que son las que también confirman o enmiendan sus resoluciones. Por ello, resulta preocupante que la declaración del pleno acuerde expresar, e instruir así a las Cortes de Alzada, que el mérito o contenido de las resoluciones jurisdiccionales no serán factores a considerar en la formación de las ternas. Suponemos que siguiendo el mismo criterio tampoco lo serán para las calificaciones, a pesar de que el art. 277 bis del Código Orgánico de Tribunales dispone que la calificación debe considerar, entre otros criterios objetivos, la responsabilidad, la capacidad y los conocimientos. Indudablemente, esto sólo se puede apreciar si se valoran las sentencias pronunciadas, más allá de si se comparten o no las opiniones jurídicas expresadas en ellas. Si el contenido de las resoluciones es excluido como un elemento para evaluar la actuación profesional de un juez ¿qué factores serán utilizados para medir su desempeño?

Una instrucción como esta, fuera de ser poco viable es contraproducente, porque obligaría a los ministros que votan ternas y calificaciones a decidir sobre la base de consideraciones ajenas a lo netamente judicial, por ejemplo, la mayor o menor afinidad política, religiosa, ideológica, relaciones de parentesco, simpatía, visitas de presentación (el conocido “besamanos”). Pero esto lejos de garantizar la independencia la vuelve un mero espejismo.

Tanto para la conformación de ternas y quinas, como para la calificación interna de los jueces, y para los nombramientos que haga el Ejecutivo, es conveniente que sean ponderadas las resoluciones judiciales emitidas por quienes son evaluados. No sobre si establecen un determinado resultado determinado a priori como el deseable (ordenar la prisión preventiva en todos los casos, como parece querer el gobierno actual, o no aplicar nunca la ley de amnistía, como pretendían los gobiernos de la Concertación); pero sí para advertir si son sensatas, argumentadas jurídicamente y consistentes con las normas que deben ser aplicadas según las circunstancias y las pruebas aportadas en cada caso.

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