Separación de bienes de imputados en caso La Polar

En la formalización de los imputados en el caso La Polar, la Fiscalía acusó a Pablo Alcalde y a Julián Moreno por varios delitos, entre ellos el de lavado de activos. Se les imputó blanquear ingresos obtenidos ilícitamente con las repactaciones unilaterales, mediante diversas maniobras de ocultación de bienes. Entre ellas el Ministerio Público mencionó la separación de bienes que pactaron Pablo Alcalde y Julián Moreno con sus respectivas cónyuges, en enero y junio de 2011.

La jueza finalmente rechazó la formalización por este delito, pero queda la duda sobre la eficacia de esas separaciones de bienes en cuanto a las posibles acciones civiles de indemnización de perjuicios que podrían deducir los diversos afectados, si es que llegan a acreditarse los demás delitos imputados o si prospera la acción colectiva interpuesta en los tribunales civiles por el Sernac.

Conforme al art. 1723 del Código Civil, los cónyuges mayores de edad pueden terminar la sociedad conyugal que existiere entre ellos en cualquier momento mediante un pacto de separación total de bienes otorgado por escritura pública ante notario que debe subinscribirse en el plazo de 30 días al margen de la inscripción de matrimonio en el Registro Civil. Por razones de economía de trámites y gastos, la norma permite que en esa misma escritura se haga la liquidación de la sociedad conyugal, es decir, se dividan los bienes y deudas de la sociedad entre los cónyuges. Esta distribución se hace por el solo acuerdo de los cónyuges y sin que intervenga ninguna autoridad que controle que esa división sea conforme a los derechos de cada uno de ellos. El notario que autoriza la escritura no puede objetar ninguna de la estipulaciones porque él sólo da fe del otorgamiento del acto y de la identidad de las partes.

Por ello, es un expediente que suele utilizarse cuando el marido corre el riesgo de ser ejecutado por deudas e intenta salvar de la ejecución bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. Estando de acuerdo con su mujer, hace una liquidación de la sociedad conyugal en la que los activos más atractivos para los acreedores (inmuebles, valores mobiliarios, depósitos) son adjudicados a la mujer, mientras que el marido se queda con bienes no identificables o difícilmente realizables en juicios ejecutivos.

Pero la posibilidad de este ejercicio abusivo del derecho a pactar separación total de bienes y liquidar la sociedad conyugal fue expresamente prevista por el legislador, que dispuso en la norma que: “El pacto… no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer…” (art. 1723 inc. 2º Código Civil). Por tanto, los acreedores que tenga el marido, antes de la separación de bienes, no pueden ver afectados sus derechos por esa separación y liquidación efectuada en favor de la mujer.

La cuestión es cómo debe aplicarse esta norma que tutela los derechos de terceros contra el pacto de separación de bienes celebrado para perjudicarlos. Parece claro que el acreedor podrá pedir que se rescinda el pacto mediante la acción pauliana o revocatoria prevista en el art. 2468 del Código Civil, aunque aquí deberá probar, además de su perjuicio, la mala fe de los cónyuges (si bien para constituir esta mala fe basta el conocimiento del mal estado de los negocios del marido). También el acreedor perjudicado podría demandar la nulidad del pacto mediante una acción de simulación, caso en el cual deberá probar que no hay voluntad real de liquidar la sociedad conyugal, sino de poner a resguardo de su acción ciertos bienes. Finalmente, algunos piensan que puede deducirse una acción de inoponibilidad fundada precisamente en el inc. 2º del art. 1723, con lo cual no será necesario que el acreedor pruebe mala fe ni intención simulada, sino únicamente que el pacto perjudica derechos adquiridos con anterioridad.

Todas esta soluciones tienen el inconveniente de requerir un proceso judicial previo ante los tribunales civiles, en juicio ordinario que puede durar largo tiempo, además de requerir inversión de importantes recursos.

Una alternativa más expedita y más congruente con el texto imperativo del art. 1723 inc 2º: el pacto “no perjudicará en caso alguno…”, es sostener que se consagra aquí una inoponibilidad que opera de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial previa. De este modo, el acreedor puede deducir su acción como si el pacto de separación de bienes no se hubiere celebrado, es decir, demandando al marido y embargando como si fueran sociales los bienes que hayan sido adjudicados a la mujer. Esta solución ha sido aceptada por la doctrina y también por la jurisprudencia (véase Peñailillo, Daniel, “El pacto de separación de bienes y el perjuicio de terceros”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia t. 80, Derecho, pp. 21 y ss.).

Para hacer efectiva esta inoponibilidad habrá que probar que el tercero tenía derechos válidamente adquiridos antes de otorgarse la escritura de separación. Cuando se trata de un crédito contractual esto es sencillo de discernir, pero ¿qué sucede cuando el derecho del tercero a la reparación de daños surge de un hecho ilícito no contractual? Se podría pensar que habría que esperar que haya sentencia que determine la obligación de reparar y el monto de la indemnización para considerar que hay derechos adquiridos, pero esto no es así. La obligación, y por lo tanto el crédito, surgen desde que se produce el hecho dañoso (art. 1437 del Código Civil), aunque se trate de una deuda ilíquida. Lo que hace la sentencia, por tanto, no es constituir el derecho sino declarar su existencia y liquidar su cuantía. De esta forma, si la separación de bienes se realiza en el tiempo que media entre el delito o cuasidelito y la sentencia que condena a indemnizar, puede decirse que ha perjudicado derechos adquiridos válidamente por terceros, y será inoponible en su intento por sustraer bienes para evitar el pago de la indemnización judicialmente determinada.

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2 comentarios en “Separación de bienes de imputados en caso La Polar”

  1. valdivia80 Says:

    me parece bastante razonable esa interpretación que usted da de la aplicación de pleno derecho de la inoponibilidad sin necesidad de declaración judicial. ¿ Deberíase entonces ejercer la acción correspondiente, y luego que el demandado oponga excepción-que en este caso sería de que el bien es personal y no hay sociedad conyugal-, alegar la inoponibilidad de tal separación de bienes?

  2. Hugo fuentes Says:

    Ese valdivia80 soy yo profesor, me equivoque de nombre


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