¿Deben los médicos contactar a parejas sexuales de un portador de Sida?

Se ha suscitado una interesante polémica por un decreto del Ministerio de Salud que establece medidas para prevenir y tratar el SIDA, entre las cuales está la de facultar a los médicos para contactarse con las parejas de un portador de SIDA. El decreto dispone que “en los casos en que un paciente al que se ha diagnosticado VIH no haga concurrir a atención de salud a las parejas sexuales que voluntariamente haya indicado poseer, el médico podrá contactar en forma reservada a estas personas para ofrecerles el examen de detección y las medidas de prevención y los tratamientos que sean procedentes, sin perjuicio de mantener la información de los interesados en su carácter de confidencial”: (Ver texto de decreto)

En contra de la normativa se aducen básicamente tres argumentos: en primer lugar, que se viola el derecho a la vida privada del paciente; en segundo término, que se quiebra la relación de confianza y de confidencialidad que debe haber entre médico y paciente y, finalmente, que se otorgan funciones a los médicos que son de carácter investigativo o policial y que exceden sus deberes de cuidado y atención de la salud.

En contra, se hace ver que no se trata de una obligación del médico sino de una facultad, que el SIDA es una pandemia y que las parejas de un portador tienen derecho a que se les prevenga de la posibilidad de contagio para que puedan realizarse el examen, tomar las medidas preventivas o hacer el tratamiento si han desarrollado la enfermedad. Se alega, además, que la confidencialidad se mantiene ya que el médico sigue teniendo el deber guardar reserva de la información personal de los portadores.

Jurídicamente, la cuestión central se refiere al derecho a la vida privada del paciente portador de VIH. Este derecho está reconocido tanto en la Constitución (art. 19 Nº 4) como en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 11), pero no se trata de un derecho absoluto y puede ser limitado si se enfrenta a otros derechos fundamentales o a exigencias de interés público. Lo que cabe preguntarse, entonces, es si existen buenas razones para justificar que se limite el derecho a la intimidad del portador mediante el uso de la información que ha proporcionado acerca de sus parejas sexuales. Nos parece que el derecho a la salud, a su integridad corporal e incluso a la vida de estas personas, puede ameritar que se utilice la información aunque se haya entregado en el contexto de una relación médico-paciente y se trate de datos de la vida íntima del informante. A ello debe añadirse una razón de interés público, esto es, la necesidad de que la pandemia del SIDA no siga extendiéndose, lo que requiere tomar medidas que pueden afectar los intereses individuales pero que son necesarias por el bienestar de la comunidad. Esto no es excepcional: ya el Código Sanitario establece medidas, a veces contrarias a la misma libertad personal, para evitar la propagación de enfermedades transmisibles (arts. 20 y ss.).

Sobre que no es función de los médicos hacer averiguaciones de carácter policíaco, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico sí atribuye responsabilidades a los profesionales de la salud que van más allá de su estricto deber de atender a sus pacientes y que incluso pueden ir contra los intereses de estos. El Código Procesal Penal obliga a denunciar delitos a “Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito” (art. 175 letra d).

Por cierto que lo mejor sería que el mismo portador de VIH comunicara a sus parejas que su examen ha salido positivo, pero hay que ser realista y convenir en que muchas veces esto no sucederá, y no sólo por mala fe o irresponsabilidad sino por el desgate emocional que puede causar el buscar a personas con las que se han roto relaciones sentimentales. De allí que pueda ser una solución equilibrada que el portador, si así lo desea, indique los nombres y datos de localización de sus parejas para que sea el personal médico el que las inste a hacerse el examen del SIDA. Si entrega voluntariamente esos datos es porque tácitamente consiente en que se les dé a conocer la posibilidad de que hayan sido contagiados con el virus.

Con todo, el médico que contacte a estas personas debiera ser cuidadoso en omitir la identidad y sexo de quien entregó la información, limitándose a indicar al interesado que, según informaciones confidenciales, él podría haber contraído el virus del SIDA por lo que se les insta a practicarse el examen. De esta forma, la lesión a la intimidad es mínima y se consiguen los beneficios de interés privado y público esperados de la medida sin los costos temidos por los críticos.

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