No discriminación y libertad religiosa

El proyecto de ley que está punto de culminar su tramitación en el Congreso y que pretende adoptar medidas contra la discriminación (Boletín 3815-07), establecerá que se entiende por discriminación arbitraria “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales” establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales “en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad” (art. 2).

Los que incurran en este tipo de conductas podrán ser demandados ante el juez civil, el que en su sentencia dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido. Aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.

El proyecto ha suscitado controversia sobre todo en relación con las confesiones religiosas. La Iglesia Católica, pero también y más intensamente las comunidades evangélicas, han reclamado que una ley como ésta puede servir para limitar su acción y su predicación en torno al ejercicio de la sexualidad, el matrimonio y la familia. Temen que sean consideradas discriminatorias y sancionadas por predicar que los actos homosexuales son inmorales, que no se admiten seminaristas o pastores con tendencias homosexuales, y seleccionar o exonerar a sus ministros de culto, catequistas y otros agentes pastorales examinando su comportamiento y creencias más profundas. Los temores no son infundados, ya que en otros países las comunidades religiosas han sufrido este tipo de sanciones; por ejemplo, en Inglaterra han cerrado todas las agencias católicas de adopción ante el imperativo de que no podían discriminar entre las parejas heterosexuales u homosexuales para ofrecerlas como candidatas idóneas a la adopción de un niño.

Frente a estas graves y razonables inquietudes, el Senado introdujo una norma que, correctamente interpretada, debiera servir para que se respeten las libertades de conciencia, de religión y de enseñanza. El precepto reza de este modo: “Se considerarán siempre razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima” (art. 2 inc. 3º). Los números 6 y 11, se refieren a la libertad de conciencia, de culto y de enseñanza.

Entonces la cuestión que puede presentarse es cuándo la distinción por sexo, conducta o inclinación homosexual, constituye un ejercicio legítimo de estas libertades constitucionales.

En esta labor hermenéutica tendrá gran utilidad una sentencia reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tuvo que dirimir si un caso concreto debía aplicarse una ley de no discriminación o la libertad religiosa de una institución educativa dirigida por una Iglesia luterana.

En el caso el colegio Hosanna-Tabor (Redford, Michigan), perteneciente a una Iglesia Luterana despidió a una de sus ministras, Cheryl Perich, que además era profesora del colegio. El despido se originó en la amenaza de demanda de la trabajadora ya que el colegio se negaba a readmitirla después de una enfermedad con secuelas estimando que no estaba capacitada. Al complicarse la relación, la Iglesia decidió poner término a la relación laboral por falta de confianza. La demandante recurrió a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), un organismo federal, que demandó a la Iglesia por discriminación y pidió que se indemnizara a la afectada.

La Corte de Apelaciones le dio la razón, pero la Corte Suprema, en un fallo, que ha sido considerado el más importante en décadas en materia de libertad religiosa, juzgó que en este caso prevalecía la “ministerial exception” que favorece a todas las confesiones eclesiásticas en Estados Unidos. La Corte estimó que, aunque la demandante era una profesora que también enseñaba ramos profanos, al ser consagrada de la Iglesia y efectuar labores como dirigir la oración de los alumnos y llevarlos al servicio semanal que ella misma en ocasiones dirigía, debía ser considerada ministra de la institución religiosa. Este concepto, dijeron los jueces, no debe ser analizado formalmente, por lo que no sólo caben en él los rabinos, sacerdotes, párrocos o pastores, sino que debe atenderse principalmente a si el afectado “personifica las creencias” de la institución.

Una vez constatada la calidad ministerial de la profesora, la Corte afirma que no cabe que el Estado interfiera en las decisiones de la Iglesia sobre su no readmisión o expulsión de ese ministerio. La idea de que debe se aplicarse la ley de no discriminación y conceder una indemnización a la afectada, dijo la Corte, “tendría que basarse en el dictamen de que Hosanna-Tabor hizo mal al relevar a Perich de su puesto, y es precisamente semejante dictamen lo que está prohibido por la excepción ministerial” (Texto de sentencia).

Debe destacarse que el fallo fue adoptado por la unanimidad de los nueve jueces del Supremo Tribunal, coincidiendo en este punto tanto los de afinidad conservadora como los de tendencia liberal.

La sentencia ofrece una sólida y equilibrada argumentación para evitar que una aplicación absolutista y desconsiderada de las leyes que sancionan la discriminación merme la autonomía que la Constitución reconoce a todas las confesiones religiosas, más allá del puro ejercicio del culto.

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6 comentarios en “No discriminación y libertad religiosa”

  1. hugo fuentes Says:

    Si Jesús hubiera esta presente, la favorecida sería la señora. Ganaron los malos. Cheryl Perich estaba enferma y la mandaron para la casa. Nada de cristianismo ahí.

    • hcorralt Says:

      Es discutible por cierto. Por algo el caso llegó a la Corte Suprema, pero más allá de las circunstancias concretas pienso que la decisión de la Corte es no decir ellos qué habría dicho Jesús, sino dejar esa decisión a la iglesia y a sus seguidores.


      • Lo que considero sabio, en el sentido que la no existencia de una norma de excepción en esta materia, dejaría en la absoluta indefensión a las entidades religiosas respectos de la aplicación de sus doctrinas y atentaría contra su autonomía.
        Mi duda surge en la medida que el conflicto surja entre la entidad religiosa y un particular, en tal caso, se consideraría ejercicio legítimo aquel que tiene la entidad religiosa en virtud del artículo 6º y 7º de la ley 19638, si en el caso se tratara de una manifestación abierta en que un integrante de una entidad religiosa efectuara supuestas prácticas discriminatorias refiriendose, por ejemplo, a condenar conductas homosexuales. En tales casos, ¿habría un ejercicio legítimo legítimo de un derecho fundamental (libertad de culto) o un ofendido podría demandar un supuesto acto de discriminación? No me refiero a un caso directo de restricción, si no un mensaje abierto como el habitual que hacen incluso en las calles algunas entidades religiosas.

        Saludos Cordiales

      • hcorralt Says:

        Muy acertadas me parecen sus palabras. Preferiría no centrar el tema en la homosexualidad, que no es la única razón por la cual una iglesia podría oponerse a que una persona siga integrando la entidad y la represente como ministro, si ella tiene un credo contrario a lo que ahora esa persona practica o difunde personalmente. Supóngase que una Iglesia asume como parte de su credo la no violencia con los animales y defiende el vegetarianismo. No veo por qué va a ser discriminatorio que esa Iglesia prescinda de los servicios, pagando los derechos laborales y previsionales en su caso, si una persona que enseña en su nombre ahora piensa que las proteínas animales son necesarias para la salud. Se respetan mejor ambos derechos si esa persona difunde ahora su nueva creencia sin cortapisas pero no representando a una entidad religiosa a la que ahora ella misma rechaza como falsa o poco sensata. Lo impositivo sería que el partidario de comer carne quisiera no sólo mantener su creencia sino difundirla como parte y en representación de una Iglesia cuyos principios ya no comparte. Saludos, Hernán Corral

      • hcorralt Says:

        No estoy seguro de entender bien lo planteado. En todo caso, es claro que las circunstancias de la supuesta discriminación serán decisivas. Para ello es necesario que se trate de un ejercicio “legítimo” de la libertad de culto. No lo sería si la discriminación excede los términos necesarios para mantener la fe o creencia. Por ejemplo, una iglesia puede difundir que la práctica de la homosexualidad es contraria a la voluntad de Dios, y ello estaría protegido por la libertad religiosa; pero no lo sería el que llamara a efectuar actos denigratorios o humillantes en contra de los homosexuales.

  2. Cristian Riveros. Says:

    Muchas gracias profesor por facilitar el texto de la sentencia. Me parece adecuado el fallo de la Corte Suprema y además afirma la autonomía de las entidades religiosas y de quienes voluntariamente deciden seguirlas. ( Eso no es descriminación).


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