Reformas a la muerte presunta y a la prueba de la muerte

El terremoto y tsunami del 2010 habían determinado que se dictara una ley especial para la declaración de la muerte presunta de las personas desaparecidas. Con el accidente de Juan Fernández, el legislador se ha decidido a reformar la normativa general, mediante la ley Nº 20.577, publicada en el Diario Oficial de 8 de febrero de 2012 (Texto ley Nº 20.577). Lo ha hecho de dos formas: primero, reduciendo el plazo de espera para que el juez declare la muerte presunta y conceda la posesión efectiva de los bienes del o de los desparecidos; y, segundo, introduciendo en nuestro sistema civil una nueva modalidad de comprobación de la defunción: el supuesto de muerte cierta pero con desaparición del cadáver.

La primera reforma se refiere a los plazos. Se rebaja de seis a tres meses el tiempo mínimo de espera en los casos de pérdida de nave o aeronave o de caída al mar o a tierra de un tripulante o pasajero (art. 81 Nº 8 del Código Civil). Para el evento de sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, el plazo es abreviado de un año a seis meses (art. 81 Nº 9 del Código Civil). Hay que advertir que no se modificó el plazo de un año para la disolución del matrimonio que prevé el art. 43 inc. 3º de la ley Nº 19.947, Ley de Matrimonio Civil, por lo que este seguirá vigente.

La segunda reforma es más innovadora y consiste en introducir, como existe en otros ordenamientos (España, Argentina, Perú, Quebec), un supuesto de muerte que es cierta, no meramente probable y presumible por el hecho del desaparecimiento de alguien que no retorna, pero cuya comprobación no puede hacerse mediante la prueba ordinaria que consiste en certificar la defunción por el examen del cadáver o los restos mortales del difunto. Esta nueva forma de comprobación de la muerte se inserta en el párrafo 4 del título II del libro I, en los nuevos artículos 95 a 97, que originalmente regulaban la muerte civil, derogada por la ley Nº 7.612, de 1943, y queda así patente que no es un tipo de muerte presunta, sino de otra forma de acreditar la muerte que ciertamente ha acaecido.

Según el nuevo art. 95, “toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación”. Se agrega que “Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver”. Como se ve, en estos casos, no será necesario esperar ningún plazo para pedir la comprobación de la muerte, porque no se trata de que haya desaparecido una persona y de ello pueda deducirse la muerte por un juicio de probabilidad basado en su no retorno durante un determinado plazo. Lo que ha desaparecido o no es posible identificar es el cadáver, pero la muerte ha tenido lugar más allá de toda duda razonable.

Un caso claro es el de los tripulantes del trasbordador espacial Challenger que se desintegró en su lanzamiento el 28 de enero de 1986, y entre nosotros el de los pasajeros del Casa 212 que se estrelló en Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011.

La comprobación se realizará a petición de un legítimo interesado y en un procedimiento no contencioso. El juez deberá ser especialmente cuidadoso para dictar la sentencia cuando efectivamente se haya demostrado la certeza moral del fallecimiento y la identidad de la persona fallecida, para evitar que la nueva institución sea utilizada abusivamente. La ley exige que un extracto de la resolución judicial se publique en el Diario Oficial como una medida de publicidad y seguridad jurídica, aunque se olvida de condicionar la inscripción en el Registro Civil de la sentencia al cumplimiento de esta medida.

Sobre la revocación de la resolución, ya sea por comprobarse que la persona está viva o ha muerto en otra fecha, la nueva regulación se remite “al párrafo precedente” (art. 97), con lo cual alude a la rescisión del decreto de posesión definitiva de la muerte presunta regulado en los arts. 93 y 94 del Código Civil.

La reforma omite aclarar un aspecto importante: su efecto en el tiempo. Ningún artículo dispone si se podrá aplicar esta normativa a personas que hayan desaparecido con anterioridad al 8 de febrero de 2012, fecha de su entrada en vigencia. No obstante, existe una clara intención del legislador de que ella opere con efecto retroactivo. En primer lugar, por cuanto la iniciativa tuvo como finalidad favorecer el trámite de inscribir las defunciones de los desaparecidos en el accidente de Juan Fernández y sería absurdo que no pudiera aplicarse a ellos. En segundo lugar, porque tratando de respetar la sensibilidad de los familiares de las detenidos desaparecidos, se declaró expresamente que no se aplicará la comprobación judicial de la muerte cierta en los casos regulados por la ley Nº 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (art. 3 de la ley Nº 20.577). Si tuvo que declararse expresamente la improcedencia de la aplicación a personas que claramente desaparecieron antes de la entrada en vigor, es porque se entendía que, de no haberse establecido la excepción, la reforma les era aplicable.

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21 comentarios en “Reformas a la muerte presunta y a la prueba de la muerte”

  1. Cristian Riveros Says:

    Gran articulo profesor.

    • hcorralt Says:

      Gracias. Voy a mandar algo a la prensa para explicar el tema, porque pienso que puede ayudar a muchos colegas y a la gente común conocer esta nueva institución.


  2. me quedó clarito…gracias…


  3. muchas gracias..muy clara la explicacion de la reforma

  4. Álvaro L. Says:

    Profesor, le agradezco su interesante y aclarador comentario. Si me permite, le planteo una duda. Esta reforma fue una respuesta al accidente aéreo de Juan Fernández y, como es lógico, pretende servir para casos futuros que sean semejantes. El problema que veo es que el artículo 81 del Código Civil, en su numeral 8, regula específicamente la situación de los accidentes de aeronaves. Es más, se pone en el supuesto específico de que se encuentre la aeronave, sin que sea posible UBICAR los cuerpos o IDENTIFICAR los restos hallados (Inciso segundo). Por otro lado, la misma disposición, en su inciso cuarto, se pone en la hipótesis de que un pasajero caiga desde la aeronave y desapareciere sin encontrarse sus restos, exigiendo, para que se configure la muerte presunta la demostración fehaciente- en el sumario instruído por las autoridades aéreas -de la desaparición de la persona y de la IMPOSIBILIDAD de su sobrevivencia. ¿Cómo es posible distinguir un caso de muerte presunta de uno de muerte cierta sin cuerpo identificable, ante un accidente aéreo en el cual se encuentran los restos de la aeronave, pero no es posible hallar los cuerpos o identificar los restos humanos? ¿El artículo 81, numero 8, inciso cuarto se puede considerar tácitamente derogado por la reforma en cuestión? Saludos cordiales.

    • hcorralt Says:

      Excelente comentario. Efectivamente, como sostengo en mi obra “Desaparición y presunción de muerte” los casos que usted cita eran ya de muerte cierta y no de muerte presunta, por las mismas exigencias que pone la norma. Lamentablemente, el legislador no los derogó expresamente. Concuerdo en que deben opera la derogación tácita.

  5. Any Peralta Says:

    que bueno encontrar esta info, estoy preparando mi examen de grado y tenia muchas dudas sobre esta reforma. Gracias


  6. Muy buena aclaracion, para aquellos que estudiamos este tema antes de la reforma nos sirve mucho debido a la claridad con la cual usted explico el tema. muchisimas gracias

  7. Andrés Cabello Violic Says:

    Profesor, muy buen comentario. Al estudiar el tema me percaté que el artículo 83 quedó desactualizado, ya que el legislador olvidó cambiar dicho plazo en consideración al artículo 81 nº 8. Saludos y muchas gracias por su artículo.

  8. Dominique Says:

    Mi duda es en la tramitación de la muerte presunta en el caso particular del accidente de una aeronave igualmente debe intervenir el defensor de ausentes informando al respecto, y lo otro es necesario proceder a citar al desaparecido.

    • hcorralt Says:

      Sí procede intervención del defensor y citaciones en Diario Oficial. Se supone que Diario Oficial llega a embajadas y consulados.

      • Dominique Says:

        Entonces se debe proceder a citar al desaparecido en el diario oficial el día 1 o 15 del mes correspondiente y además se debe realizar las 2 publicaciones en un diario de la comuna o capital de provincia y luego de esto el expediente debe pasar al defensor??.

      • hcorralt Says:

        En el supuesto de muerte presunta por el desaparecimiento en sismo o catástrofe, art. 81 Nº 9, la respuesta es afirmativa.

      • Dominique Says:

        O sea en caso de accidente de aeronave en la muerte presunta proceden 1 o son más las publicaciones en el diario oficial? y también aquellas deben realizarse los dias primero o quince de cada mes o no es necesario que sea en aquellos días?


  9. […] institución incorporada por la ley Nº 20.577, de 2012 en los arts. 95 a 97 del Código Civil: Ver comentario en este mismo blog) y la competencia de los tribunales chilenos para conocer de este tipo de procedimientos cuando la […]


  10. gracias por la aclaración saludos.

  11. mauricio palacios Says:

    mi caso es de muerte presunta ,llevo muchos años fuera de chile,pero me aparecio en el certificado de nacimiento,esta claro que alguien me dio por muerto por un interes especial en chile,ahora no existo en chile ni en españa,escucho opiniones,,muchas gracias

    • hcorralt Says:

      Lo que debiera hacer es pedir en el registro civil copia de la inscripción de defunción que se practicó para averiguar el tribunal que dictó la sentencia de muerte presunta. Con el dato del tribunal y del rol del proceso, podría pedir el desarchivo de la causa, y pedir que se revoque la declaración y se cancele la inscripción de defunción, conforme a lo que se establece en el Código Civil. Me temo que para ello deberá contratar un abogado o recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial que corresponda a su domicilio.


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