Antígona y la donación de órganos

Las obras clásicas plantean dilemas tan ligados a la naturaleza humana que son, en cierta manera, intemporales. En la Antígona de Sófocles se pone de relieve la contraposición del deber de dar sepultura al ser querido muerto y el mandato del Rey de dejar insepulto el cadáver para castigar, y así disuadir, la traición de la patria. La tragedia ha sido objeto de múltiples análisis, sobre todo respecto de las relaciones entre el derecho natural y las leyes positivas. Pero no es éste el aspecto en el que quisiéramos fijarnos ahora, sino en la fuerte y arraigada convicción, moral, religiosa y antropológica, de que los familiares muestran su afecto por los fallecidos dando un tratamiento respetuoso y no utilitario a sus despojos mortales.

Pensamos que aquí está la clave del problema de los transplantes de órganos cuando es necesario extraerlos de una persona ya fallecida, y que lamentablemente no ha sido hasta ahora comprendida por las políticas de salud ni por las instancias legislativas.

Normalmente el tema de la donación de órganos se presenta desde la perspectiva del individuo donante, sin atender a que se trata de un problema de origen comunitario, y más específicamente: familiar.

Originalmente, la ley 19.451, de 1996, que reguló el transplante de órganos, estableció que las personas debían manifestar expresamente su voluntad de donar órganos para después de su muerte. Se trató de facilitar al máximo dicha manifestación, haciéndola posible al momento de sacar o renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir. Al comprobarse que, a pesar de todas esas facilidades, eran pocas las personas que manifestaban la voluntad de donar, el legislador hizo una reforma de gran envergadura a la ley, mediante lo que se llamó la política del donante universal. La ley Nº 20.413, de 2010, dispuso que toda persona mayor de edad (18 años) debía ser considerado donante, salvo que manifestara voluntad en contrario: en términos legales, a menos que “renunciara” a la calidad de donante.

Hoy existe consenso de que la reforma no produjo los resultados esperados. Incluso se piensa que ha sido contraproducente, porque hay mucha más desconfianza de ser donante cuando la ley impone de esta manera una voluntad que no ha sido manifestada ni siquiera tácitamente. Además, la reforma (como la ley original) no fue consistente, porque luego de sostener que no es necesario que el difunto haya expresado su voluntad de ser donante, entrega la facultad de autorizar la donación al cónyuge y otros familiares del difunto. Y sucede entonces lo que no puede dejar de suceder: que ningún médico procede a la declaración de muerte encefálica y a la extracción de un órgano de un fallecido, por mucho que tenga constancia de su voluntad real o legal de ser donante, si su familia no está de acuerdo. Hace poco Radio Cooperativa tuiteó justamente esta noticia: los médicos no realizan extracciones si las familias no están de acuerdo, y el Ministro de Salud Manalich, contestó con un tuit escueto y expresivo: “Obvio”.

Cierto: es algo obvio, pero que la autoridad parece empeñarse en no ver. Si no, no se entiende cómo después del fracaso de la reforma de la ley Nº 20.413, haya legisladores que crean que lo conveniente es hacer más coactiva la ley y más impositiva la donación de órganos, por medio de dificultar la voluntad de manifestar la “renuncia” a esa condición. En el informe de la Comisión de Salud del Senado de 31 de enero de 2012 se insiste en la idea del donante universal pero se suprime la posibilidad de declarar la negativa, salvo que sea ante notario público. Además, se dejan sin efecto todas las inscripciones efectuadas en el Registro de No Donantes, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, que hayan sido practicadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, con lo cual incluso aquellos que hayan expresado su voluntad de no donar, según la ley, pasarán a ser considerados donantes (véase Boletín N° 7849-11: ). Ya es posible impugnar esta normativa por la forma en que se fuerza un acto que no debiera ser coactivo, sino fruto de una voluntad solidaria y cooperativa.

Pero lo que es peor, se olvida que el núcleo del problema es la familia. Y la familia, mientras más coactiva sea la ley, para imponer la donación más reacia se volverá a no seguir esa tendencia tan arraigado culturalmente de dar sepultura o inhumar todos los restos mortales, sin pensar en fines de utilidad pública o privada para los cuerpos. Los médicos no procederán como Creonte, y seguirán la voz de Antígona que seguirá insistiendo de que no hay mandato legal que impida que los familiares expresen su amor a difunto mediante la inhumación de su cadáver y su negación a que sea destinado para cualquier fin utilitario, sin atender a la eventual bondad de éste.

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3 comentarios en “Antígona y la donación de órganos”

  1. Alvaro Astaburuaga Gatica Says:

    Buenísimo artículo. Muy sugerente la comparación con la obra clásica de Antígona.
    Muchísimas gracias.
    Atte.,
    Alvaro Astaburuaga G.

  2. Cristian Riveros. Says:

    Muy buen artículo profesor. Realmente queda claro el error en la técnica legislativa y la falta de comprensión de la realidad al tratar de imponer la calidad de donante.


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