El retrato del abuelo

El sábado 28 de febrero de 2012 se publicó en la Revista Vivienda y Decoración de El Mercurio un artículo sobre anticuarios en el que aparecía una foto de un retrato pintado por el maestro chileno Marcial Plaza Ferrand (1876-1948). Leyendo la revista, uno de los nietos del retratado, que era don Luis Montero Rivera (fundador de la Escuela de Dermatología de la Universidad de Chile), advirtió que se trataba del retrato de su abuelo que había sido robado de la casa que su familia tiene en Curacaví, junto con otras antigüedades, en agosto de 2011. Denunció el hecho a Carabineros y el dueño de la tienda fue detenido, a pesar de alegar que había comprado el cuadro sin saber que era robado (Ver noticia).

A pesar de la alegación lo más probable es que el anticuario sea condenado por el delito de receptación previsto en el art. 456 bis A del Código Penal. Este sanciona al que tiene en su poder especies hurtadas, robadas u objetos de abigeato, o las compre, venda o comercialice en cualquier forma, si lo hace “conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo”. Es decir, la ley no sólo imputa receptación al que sabe efectivamente que está vendiendo algo robado sino también al, aunque no lo supiera, debía haber sabido que se trataba de ese tipo de cosas, por las circunstancias y la forma en que le fueron ofrecidas.

Pero una cosa es el juicio penal, por el que el anticuario podrá ser sancionado, y otra la acción civil que debiera permitir al verdadero dueño recuperar la pintura robada. Se trata, pensamos, de una acción reivindicatoria cuyo objeto es una especie mueble. Por economía procesal, la ley ordena que la acción civil “que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa” (art. 59 del Código de Procedimiento Penal), se interponga en el mismo procedimiento penal y no ante un juez civil. Esta acción tiene una tramitación especial, ya que se le da el carácter de una “reclamación” y, tratándose de cosas hurtadas o robadas, basta que se compruebe ante el juez de garantía el dominio del reclamante por cualquier medio, tras lo cual se deben entregar las cosas a su dueño (art. 189 inc. 2º del Código de Procedimiento Penal).

Aunque el Código Procesal hable de acción civil de restitución que se hace valer como reclamación ante el juez de garantía, nos parece que se trata de una acción reivindicatoria que goza de un procedimiento especial de urgencia o rápida tramitación, atendido el delito de que han sido objeto las cosas.

Podemos preguntarnos si el anticuario, en casos como estos, podría defenderse frente a la reivindicatoria alegando la adquisición por prescripción de la cosa. Para las cosas muebles los plazos de prescripción son de dos años, si se trata de posesión regular, y de diez años en caso de posesión irregular. Es difícil que el anticuario que compró la cosa pueda alegar posesión regular porque no se cumpliría el requisito de la buena fe inicial. Esta exige que, si no hubo conciencia de haberse adquirido el dominio por medios legítimos y exentos de vicio o fraude, el error sea excusable: “un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe” (art. 706 inc. 3º Código Civil). No parece que el comerciante haya sido diligente a la hora de constatar el origen de las cosas que compró; luego, si hubo error, este no fue justo o excusable.

¿Podría oponer la prescripción extraordinaria, alegando posesión irregular por diez años? Si se sostiene que las posesiones violentas o clandestinas son posesiones inútiles (según parte de la doctrina), no podría alegarse la prescripción por parte del autor de la violencia o clandestinidad. El que le compró al ladrón no es poseedor violento ni tampoco clandestino (de hecho estaba ofreciendo públicamente la cosa en su tienda de antigüedades), salvo que, para completar el tiempo requerido, desee añadir a su posesión la de su antecesor, porque en tal caso se la apropia con sus vicios (art. 717 del Código Civil). La mayor parte de la doctrina niega que existan posesiones inútiles, y señala que la posesión violenta no es sino una forma de posesión irregular que permitiría adquirir por prescripción siempre que se cumpla el plazo de diez años.

En todo caso, los nietos y la familia de don Luis Montero no deberá preocuparse de esta posible defensa: desde el robo hasta el descubrimiento de la cosa en manos del anticuario, no alcanzó a transcurrir ni siquiera el tiempo necesario para la prescripción ordinaria. Podrán, pues, sin problemas recobrar el retrato de su abuelo.

Anuncios
Explore posts in the same categories: Derecho Civil, Derecho Público, Derechos reales

Etiquetas: , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: