Una piedra en el camino

No es la primera vez que ocurre, pero las circunstancias del caso y su desenlace conmovieron a la opinión pública. Mientras circulaba por la autopista 5 Sur, el automóvil conducido por Héctor Olea fue impactado por una piedra lanzada del paso nivel Las Mercedes en la ciudad de Requínoa. La piedra rompió el parabrisas y cayó sobre el pecho de la mujer del conductor que iba en el asiento del copiloto, la periodista de 43 años, madre de 4 hijos, Andrea Urrejola. Fue trasladada inmediatamente a un hospital de Rancagua, pero no pudo ser reanimada del paro cardiorrespiratorio que le causó la pedrada.

Otra noticia vino a sumar dramatismo al caso: las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía indican que quien arrojó la piedra a la carretera fue un niño de 11 años. Los medios comenzaron a hablar de un “Cisarro 2”. Al ser inimputable penalmente, el menor fue puesto a disposición del Tribunal de Familia de Rengo quien determinó la prohibición de acercarse a la pasarela de Las Mercedes y cualquier otra, como medida cautelar.

Aunque el niño se declaró inocente en la audiencia, y su madre ha dicho que lo están acusando injustamente, el caso puede servir para repasar las normas que reglan la responsabilidad civil cuando los causantes de los ilícitos son niños.

El Código Civil sólo considera inimputables por los delitos o cuasidelitos civiles a los niños menores de siete años (infantes). Para los menores mayores de siete y menores de dieciséis años, el juez debe realizar un juicio previo sobre su capacidad de discernimiento, es decir de conocer lo bueno y lo malo y de autodeterminarse conforme a ello. Si lo declara con discernimiento es imputable; en caso contrario, no lo es (art. 2319 del Código Civil).

De esta forma, si el niño del caso hubiera lanzado la piedra, para proceder civilmente en su contra, sería necesario que el juez declare si actuó con discernimiento. Al parecer, este juez no es el de familia (la ley Nº 19.968, art. 8, no les da competencia para esta gestión), sino el de letras en lo civil. Por cierto, la demanda deberá ser interpuesta contra el representante legal del menor, que será el padre o madre a quien corresponda la patria potestad.

Pero es muy improbable que se accione civilmente contra un niño, porque aunque se llegara a obtener una sentencia que decrete una indemnización por el daño causado, esta no podrá llevarse efecto porque el menor no tendrá bienes en qué hacerla efectiva.

De allí que el Código Civil faculte para que se demande a otras personas cuando los que causan el daño están bajo el cuidado o dependencia de aquellas. Uno de estos casos es el del art. 2320 inc. 2º, que señala que “el padre, y a falta de éste, la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. Puede entonces demandarse al padre, o en su defecto, a la madre, siempre que se acredite que el niño vivía con ellos. Este “tercero civilmente responsable”, como se le denomina técnicamente, puede exonerarse de responsabilidad civil si prueba en el juicio que con la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere y prescribe (la autoridad paterna) “no hubieren podido impedir el hecho” (art. 2320 inc. final).

La posibilidad de ampararse en esta eximente es muy difícil tratándose de los padres, quienes tienen el deber legal del cuidado de la crianza y educación de los hijos (art. 224 CC), así como el deber de corregirlos (art. 234 CC).

Aún más: el Código Civil, en uno de los pocos casos en los que establece una responsabilidad sin culpa u objetiva, dispone que los padres “serán siempre responsables” de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir (art. 2321). Habría que ver si el niño al que las investigaciones preliminares sindican como responsable, tiene este comportamiento antisocial y si este se debe a la dejación de los deberes de los padres.

Nuevamente, la demanda contra el padre o la madre será viable en la práctica, si cuentan con patrimonio suficiente para solventar la indemnización que tienda a reparar el inmenso daño causado a la familia de la infortunada periodista.

Como no parece ser este el caso, las miradas se dirigen a la empresa concesionaria de la autopista y a la posibilidad de imputarle negligencia por no haber prevenido que sucediera el hecho, mediante la adopción de medidas de seguridad que impidan el lanzamiento de objetos contundentes sobre los vehículos. Pero ¿puede decirse que existe un deber de cuidado de las concesionarias de evitar que terceros cometan ilícitos adoptando medidas de seguridad de alto costo en todas las pasarelas y en todas sus zonas laterales? Esa es una pregunta cuya respuesta necesitaría de otra columna.

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3 comentarios en “Una piedra en el camino”

  1. Sergio Valenzuela Mena Says:

    Estimado profesor: Este tema ha sido discutido en la doctrina y no ha sido pacíficamente resuelto por esta. La jurisprudencia ha dado distintas soluciones para enfrentar la concurrencia de normas que surge a raíz de la calificación jurídica que han entregado los tribunales de justicia con respecto a accidentes en rutas viales concesionadas, donde existen hasta 7 fuentes normativas diferentes que regulan la responsabilidad en casos de concesión de obra publica, con lo cual el demandante puede accionar y obtener una respuesta a su pretensión. Por lo tanto, claramente que existe una alternativa clara para accionar contra el Estado en este caso, que seria la responsabilidad indemnizatoria por “falta de servicio”. Es una opción. Saludos Profesor, muy interesante su columna. Saludos desde Valdivia.

    • hcorralt Says:

      Gracias por su aporte. Efectivamente tiene razón en que el estatuto de responsabilidad de la explotación de las obras concesionadas respecto de los usuarios no está claro. Concuerdo en que podría caber la falta de servicio si se prueba que hubo falta de supervisión o alguna otra deficiencia de los servicios públicos, que pueda mantener un nexo de causalidad con el ilícito dañoso.

  2. Sergio Valenzuela Mena Says:

    Gracias por su respuesta Profesor. En virtud de materias de derecho civil, estoy interesado en investigar sobre el principio de conservación del contrato y le agradecería si me pudiera indicar alguna doctrina relevante respecto de esa institución. Saludos y gracias.


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