¿Compensación económica para la conviviente?

Hasta ahora los problemas jurídicos planteados por las uniones de hecho se habían resuelto en la jurisprudencia con diversos instrumentos del Derecho común: sociedad de hecho, comunidad, prestación de servicios, enriquecimiento sin causa, y otros similares.

Recientemente se ha fallado un caso que ofrece una orientación diversa y que merece ser revisada. Veamos los hechos: doña Rosa, quien ha convivido con don Marcelo, ahora fallecido, demanda a la cónyuge del difunto y a los cuatro hijos del matrimonio. La demandante alega que en 23 años de convivencia asumió todos los deberes propios de la mujer con su marido, haciendo de compañera y enfermera ya que don Manuel sufría de diabetes, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial. Pide que se liquide la comunidad que se habría formado entre los convivientes y además que la sucesión de don Manuel le pague una compensación económica por haber perdido la oportunidad de desarrollar su actividad lucrativa anterior (venta de café),  la que ascendería a la cuarta parte del patrimonio del causante, esto es, a $ 4.000.000.

El tribunal de primera instancia desestimó la demanda, pero la Corte de Valparaíso la acogió, aunque sólo en cuanto a otorgar los $ 4.000.000 como compensación. La sentencia fue recurrida de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, pero esta rechazó ambos recursos (C. Sup. 7 de marzo de 2012, rol Nº 337-2011: Texto sentencia).

En el recurso de casación en el fondo, la parte recurrente alegó que la sentencia de grado se había dictado con infracción de ley por cuanto había declarado que, al no existir una regulación legal específica para el concubinato, debía aplicarse la equidad, y que esta llevaba a considerar que procedía una compensación económica como la que concede la Ley de Matrimonio Civil cuando un cónyuge, por haberse dedicado al hogar, no ha podido desarrollar una actividad lucrativa. Según el recurso no procedía aplicar la equidad porque se trataba de una situación de hecho que el legislador no ha querido regular, y además se vulneraban los arts. 61 y 62 de la Ley de Matrimonio Civil al concederse un beneficio sin que se acreditara la relación conyugal que las normas establecen como presupuesto; máxime en una situación en la que el beneficio ni siquiera procede para los matrimonios, como es el caso de muerte de uno de los cónyuges (la compensación se establece sólo para el divorcio y la nulidad).

La Corte Suprema hace diversas consideraciones sobre los efectos de las uniones de hecho y lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia respecto del tema (incluida una cita descontextualizada del autor de esta columna), haciendo ver que el concubinato por sí mismo no tiene consecuencias jurídicas, pero en definitiva se niega a casar la sentencia de la Corte de Valparaíso. Nos parece que las razones determinantes son: primero, que coincide en que hay una laguna legal que debe solucionarse en el caso utilizando como fuente del derecho la equidad, conforme al art. 170 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil; y, segundo, que los jueces de instancia no infringieron la Ley de Matrimonio Civil al otorgar una compensación económica a la conviviente. Aunque no se señala expresamente como correcta la aplicación analógica de los arts. 61 y ss. de la Ley de Matrimonio Civil, uno de los considerandos parece suponer que los jueces se inclinaron por aceptar esta tesis de la demandante: “Que dentro del contexto que se planteó la controversia, resulta palmario que la pretensión de la actora se ha fundado en la aplicación de la equidad al caso concreto, puesto que a su juicio, y no obstante no existir norma legal que así lo defina, es acreedora, entre otros, del derecho a ser compensada económicamente por el deterioro de sus posibilidades de ejercer una actividad lucrativa, en atención a la dedicación que debió emplear en el cuidado de su conviviente, derecho que dice le asiste, no por aplicación directa de las disposiciones que la legislación positiva contempla sobre la materia, particularmente en el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, sino porque dicha norma confrontada con la situación fáctica que a su respecto concurre, logra identidad en el sustrato que permite su razón de ser” (cons. 21).

Reconociendo que se trataba de un caso de difícil solución, y que las Cortes, tanto la de Valparaíso como la Suprema, son elusivas en sus argumentos (la Suprema en su cons. 31 dice que no se infringen los preceptos de la compensación económica porque no fueron considerados como fuente de la decisión de la sentencia impugnada), nos parece que son incorrectas las dos ideas madres que parecen subyacer a la fundamentación que concede la compensación a la conviviente; a saber, que existe una laguna legal que debe ser cubierta por la equidad, y que esta se colma mediante la aplicación analógica del beneficio de la compensación económica prevista para el caso de nulidad o divorcio de un matrimonio.

Para aplicar la equidad en su función integradora es menester primero constatar que existe un vacío o laguna legal. Pero esta constatación no puede basarse sólo en la ausencia de una regla explícita que dé solución al caso planteado, como parecen sostener sin mayor explicación las sentencias de segunda instancia y casación. El concepto de laguna incluye una valoración interpretativa de que la ausencia de regla expresa es producto de una desarmonía o deficiencia del sistema normativo: es decir que falta una regla donde debería haberla. No hay una laguna cuando la falta de regla expresa no produce una desarmonía o deficiencia sino simplemente la aplicación de reglas de clausura, como por ejemplo que no hay delito sin ley o que, a falta de regla especial, se aplica el Derecho común. Esto último es lo que sucede con las convivencias no matrimoniales. No es que exista una laguna o vacío legal, sino simplemente que el legislador ha querido que, en lo no regulado expresamente, se rijan por las reglas del Derecho común que rigen las relaciones entre todos los ciudadanos por el hecho de ser tales.

En segundo lugar, es incorrecto pensar que pueden otorgarse a las relaciones no matrimoniales las reglas propias del estatuto matrimonial, usando la analogía. Si así fuera se desarmaría todo el Derecho de Familia: todas las reglas relativas a los cónyuges, a los hijos, a los parientes (alimentos, régimen de bienes, derecho sucesorios, beneficios previsionales) podrían aplicarse analógicamente a las situaciones de hecho que afectivamente sean semejantes a las familiares. Por ejemplo, no se ve por qué en el caso que analizamos no se concedió derechamente una parte de la legítima conyugal a la conviviente o el derecho de adjudicación preferente de la vivienda familiar. La pretensión de que ante una convivencia de hecho deben aplicarse por analogía los derechos y obligaciones del matrimonio desarticula completamente la especificidad del estatuto matrimonial y lo vacía del sentido preferencial que le sirve de justificación y sentido. No procede extender por analogía las reglas de un derecho de carácter excepcional como el Derecho de Familia.

Todo lo anterior no significa que las relaciones de hecho entre convivientes no puedan ser relevantes para efectos de evitar una flagrante injusticia, pero para ello deben utilizarse, como lo han hecho hasta ahora doctrina y jurisprudencia, las reglas propias del Derecho privado común. En el caso, la demandante hubiera podido ser beneficiada, no por una compensación económica análoga a la matrimonial, sino sencillamente por una indemnización por enriquecimiento sin causa de su compañero fallecido.

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13 comentarios en “¿Compensación económica para la conviviente?”

  1. Sergio Galaz R. Says:

    Comparto si crítica don Hernán. Es desorientador, y por lo tanto muy peligroso.

  2. Cristian Riveros Silva. Says:

    Profesor. La verdad es que el tema es de dificil apresiación creo que la solución señalada es más correcta. De todas formas creo que la conviviente no es sujeto de compensación economica en mi humilde opinion ya que la institución se aplica al matrimonio (divorcio o nulidad). Pero lo más peligroso es la poca claridad sobre este punto parecer tener nuestra Corte Suprema.

  3. Liliana Says:

    En este caso vemos cómo una persona que se situó voluntariamente fuera del Derecho en una convivencia, posteriormente recurre a la ley para obtener algo que puede ser en cierta medida justo, pero que la ley no tiene contemplado para esa situación. Me parece bien que se recurra a instrumentos del Derecho común para que se haga justicia (la mujer no deja de tener alguna razón), pero sin desmoronar todo el Derecho de familia, como señala el profesor. Por otra parte, cuánta falta hace educar a la gente en estas materias, para que entiendan que Moral y Derecho van muy juntos y respeten el ordenamiento jurídico. Así también podrán beneficiarse en lo debido. Los felicito por la labor que realizan y la lucidez que muestran a través de sus escritos.

    • hcorralt Says:

      Muchas gracias por las felicitaciones y sobre todo por el comentario.

    • Daniel Says:

      Un comentario a Liliana: me parece que al revisar detenidamente la sentencia de la Corte de Valparaíso y de la CS, se aprecia claramente que en caso alguno la sra. Rosa “se situó voluntariamente fuera del Derecho en una convivencia”, pues el sr. Marcelo falleció el año 2003, antes que existiera una Ley de Matrimonio Civil que contemplara el término del matrimonio por sentencia de divorcio, y como consta la convivencia entre el sr. Marcelo y su cónyuge había concluido hacía varias décadas , además, y fue abandonado por su “legítima” mujer, que viajó fuera del país.

      Es decir, de haber estado en vigencia una ley como Nº 19.947, el sr. Marcelo y la sra. Rosa podrían haber estado en posición de rehacer sus vidas, en forma conjunta, y “situarse voluntariamente” u optar por el estatuto matrimonial. Pero la realidad es que, conforme a la legislación entonces en vigor, estuvieron privados absolutamente de esa opción.

      Saludos,

  4. Juan Says:

    La idea es que podamos diferenciar los hechos institucionales de los meros hechos jurídicos. El derecho se basa en la asignación de etiquetas que producen efectos y contienen significados. Observamos la tendencia de muchos a poder contraer matrimonio, ello justamente por el estatuto jurídico que le ampara. Luego si se asignan los mismos efectos a quienes no están bajo ese estatuto, entonces deviene irrelevante el mismo.
    Puesto de otro modo si los concubinos tendrán los mismos derechos de los cónyuges, entonces para qué contraer matrimonio. Y luego, surge la pregunta ¿por que entonces (independiente de lo que pensemos al respecto) la lucha por las uniones de hecho y otros estatutos cuasi matrimoniales, si no es acaso porque el solo hecho de la convivencia no asigna derechos?
    Saludos profesor.

  5. Cristian Says:

    Estoy de acuerdo con la solución dada por la CS, porque pienso que en este caso sí había una laguna, lo que provocaba una situación de evidente injusticia. Hay que tener en cuenta que en el momento en que se verificó la muerte del concubino aun no entraba en vigencia la Ley N° 19.947, por lo tanto, había una deficiencia en el ordenamiento jurídico, ya que el concubino no tuvo opción de poner fin a su matrimonio por medio del divorcio (salvo que hubiese acudido al ardid de la nulidad por incompetencia del funcionario). Creo que esta cirscuntancia pudo haber sido tomada en cuenta por ambas Cortes, aunque no se explicita en los fallos.Afortunadamente, para la concubina, entró en vigencia la Ley N° 19.947, la que con la figura de la compensación económica dio pie para poder sustentar su petición, a pesar de que la Corte no aplica verdaderamente esa figura, pero reconoce que la situación de los concubinos posee cierta similitud con lo regulado por dicha institución. Además, don Hernán, me da la impresión de que usted no le atribuye ningún efecto al concubinato o al menos no lo reconoce como familia (a pesar de que los concubinos hicieron vida en común como si se tratara de un verdadero matrimonio, llegando al punto de que la concubina dejó de trabajar por cuidar a su pareja, tal como se dio por establecido) y sí le da importancia al hecho de que el concubino haya estado casado (sin hacer mención a que este era un vínculo de papel más que nada, ya que la cónyuge vivía en España hace un par de décadas).

    Creo que la solución es justa y equitativa, por haber dado reconocimiento a una relación que, en los hechos, se comportó como un verdadero matrimonio (por el auxilio y trabajo mutuo desplegado por los concubinos, entre otros, durante su larga relación). Además, el concubino nunca tuvo opción de poner fin a su matrimonio mediante el divorcio. De haber existido esa posibilidad, creo que otro gallo hubiera cantado.

  6. Juan David Terrazas Says:

    Estimado Hernán; como siempre has dejado claro el verdadero sentido de la ley y de nuestro ordenamiento. No podemos involucrarnos en la decisión personal de esta señora de convivir o no. No sabemos por qué no contrajo matrimonio, especialmente si una vez aprobada la Ley de Matrimonio Civil, su conviviente pudo haber pedido unilateralmente el divorcio. Pero lo que si podemos decir, es que si tomó la decisión de convivir, debe asumir las consecuencias jurídicas de ello. Entre éstas la de no regirse por el estatuto del matrimonio. No puede que aquellos que no contraen matrimonio por la razón que sea, pretendan que, para ciertos efectos, se les aplique la normativa propia de dicha institución.
    Sin embargo, parece que lo más peligroso es la interpretación de la Cortes. ¿Hasta qué punto la interpretación de la norma es posible? Sólo hasta el punto en que se desnaturaliza la norma interpretada. La compensación económica está específicamente regulada a propósito de la terminación del matrimonio y por ser de carácter excepcional, no se puede aplicar por analogía. parece que las Cortes tienen otro criterio y eso….eso es peligroso.

    • hcorralt Says:

      Coincido en la peligrosidad de esta forma de hacer justicia ad casum. Aplicar por analogía el estatuto preferencial del matrimonio a las uniones de hecho es desnaturalizar toda la institución y además vulnerar la libertad de las personas que no han querido casarse.


  7. Estimado Profesor.
    Escapando un poco del tema en cuestión, me surge una duda en cuanto a la modalidad de pago de la compensación económica y el cese de pensión de alimentos mayores entre cónyuges.
    El caso en la especie es que una pareja, en las que había una pensión alimenticia aprobada por el tribunal, se divorció, con un acuerdo sobre compensación económica que se pagará en cuotas.
    El monto de las cuotas de la compensación es un poco menor que la de los alimentos.
    A pesar de que hay un pago efectivo de la compensación. La obligación de alimentos- entiendo- no cesa por el sólo hecho del divorcio, debería demandarse de cese de la pensión, de manera tal que la pensión de alimentos seguiría estando vigente y por tanto generando deuda en los meses en que no se ha pagado (se ha pagado compensación, corresponde a otro título legal).
    La duda es que si no hay cese de alimentos ¿éstos estarían adeudados? ¿O por el hecho de estar pagándose una compensación económica se debe entender que los alimentos ya cesaron?
    Saludos cordiales.

    • hcorralt Says:

      Estimado: la obligación alimenticia entre cónyuges termina al quedar ejecutoriada la sentencia de divorcio, justamente porque desde ese momento ya no son más cónyuges (para la ley civil).

  8. Yoselin. Says:

    Buenas tardes ojalas me puedan alludar ..Le explico mi caso , yo convivo con mi pareja hace 9 años tenemos una hija en común menor de edad mi pareja compro la casa estado ya conviviendo con migo la casa se compró al contado eso quiere decir que está totalmente pagada y no hay ningún tipo de deudas , todos los muebles que se encuentran en la casa los compré yo antes que lo conociera a él…Mi pregunta es la siguiente ‘que derechos tengo yo de la propiedad si no somos casados y los vamos a separar y tenemos una hija en común? Muchas gracias ..

    • hcorralt Says:

      Tiene que ver a qué nombre se compró la casa. Si se compró a nombre de su pareja, lamentablemente no tiene usted derecho sobre ella, salvo que ejerza una acción judicial en que se reconozca que usted colaboró para su adquisición. Los muebles son suyos y puede retirarlos, sobre todo si conserva las facturas o boletas. En todo caso, tiene derecho a pedir una pensión alimenticia en favor de su hija.


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