El caso Calvo y las cámaras ocultas

En estos días se notificó la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el juez del 27º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago (20 de abril de 2012, Rol C-22596-2007: Texto de la sentencia) por la cual se condena a Chilevisión a pagar 320 millones de pesos como indemnización al ex Ministro, y actual fiscal, Daniel Calvo, su señora e hijas, como reparación de los daños causados con motivo de la filmación con cámara oculta y posterior exhibición en el canal de Televisión, de declaraciones del ex-juez en las que reconocía que frecuentaba un sauna gay.

El caso plantea una vez más el conflicto entre la libertad de prensa y de información y el derecho a la intimidad o vida privada. La empresa demandada ha aducido que la difusión de los hechos propios de la vida privada del señor Calvo se justifica por cuanto, tratándose de una materia de interés público, debe darse preferencia al derecho a la información. Y es verdad que, en el contexto en que se produjo la revelación, es decir, estando el ex-juez investigando el caso Spiniak, la noticia de que éste visitara locales como el sauna aludido, respondía a un interés público en cuanto podía ser un impedimento para que el juez tuviera la imparcialidad e independencia para resolver el complicado caso que tenía encomendado.

Pero el criterio del interés público, si bien puede justificar una de las formas de lesión de la vida privada: la difusión de hechos íntimos, no puede desempeñar esa función, respecto de la otra manera de menoscabar la intimidad, y que se ha denominado “intrusión”, y que consiste en la penetración inconsentida en ámbitos en los que se desarrolla la vida privada. Así, la investigación periodística no puede allanar un hogar, interceptar comunicaciones telefónicas o espiar los correos electrónicos. Estas medidas extremas sólo pueden ser autorizadas por un juez y en el contexto de una investigación judicial. La introducción de micrófonos o cámaras ocultas en un lugar privado es ilícita en todo caso, cualquiera sea el interés público de la investigación periodística y los resultados en el descubrimiento de hechos delictuales que pudieran producirse.

La razón de impedir en todo caso que, invocando la libertad de prensa o de información, se recurra a modos de intrusión en la vida privada, como cámara ocultas, se comprende si se piensa que de admitirse se daría a personas privadas como los periodistas autorización plena para penetrar en el ámbito de exclusión y reserva de cualquier ciudadano, con la sola excusa de que eventualmente su espionaje podría revelar una noticia de interés público, o sea, en cualquier caso, y sin ninguna limitación ni garantía para los afectados. La vida privada, tan necesaria para el desarrollo libre de todos los individuos humanos, pasaría a ser ilusoria.

Incluso si se pretendiera ocupar el test de la ponderación, habría que concluir que las cámaras ocultas no son un medio ni necesario ni proporcionado para investigar, cubrir y dar a conocer un hecho de interés informativo. Así lo ha asentado en varias sentencias el Tribunal Constitucional español, para casos en que periodistas se hacían pasar por supuestos clientes de médicos u otros prestadores de servicios a los que se buscaba denunciar por malas prácticas. El Tribunal ha establecido que “la intromisión en los derechos fundamentales de terceros en el ejercicio de la libertad de información sólo es constitucionalmente legítima cuando resulte necesaria, adecuada y proporcionada a la realización de este derecho constitucional […] con independencia de la relevancia pública de la información que se pretenda obtener y difundir, la captación videográfica inconsentida de imágenes mediante la utilización de cámaras ocultas para su posterior difusión, también inconsentida, en que aparezca plenamente identificado el afectado, no resulta necesaria ni adecuada, desde la perspectiva del derecho a la libertad de información […] al existir, con carácter general, métodos de obtención de la información y, en su caso, una manera de difundirla en que no queden comprometidos y afectados otros derechos con rango y protección constitucional” (Sentencia 24/2012, de 27 de febrero de 2012: Ver texto; cfr. con más detalle sentencia 12/2012, de 30 de enero de 2012: Ver texto).

En la sentencia del caso Calvo, desgraciadamente no se argumenta sobre la ilicitud de la intromisión a la privacidad porque para el juez ella ya está asentada en la sentencia penal que condenó a los responsables de la grabación por el delito del art. 161 A, inciso 1º, del Código Penal, y que produce efectos en materia civil en conformidad al art. 178 del Código de Procedimiento Civil.

Pero recordemos que estamos frente a una decisión de primera instancia. Chilevisión ha anunciado que interpondrá recursos en contra de un fallo que estima “nulo” (?). Y, en efecto, hay cuestiones que, aún suponiendo la ilicitud de la filmación no consentida, podrían ser consideradas de un modo diverso para modificar lo resuelto. La aplicación del art. 2320 del Código Civil para hacer responsable a la empresa televisiva por la actuación de quien grabó al Sr. Calvo, y que la sentencia en análisis, deduce de un considerando de la sentencia penal, es débil; debería haberse probado en el mismo juicio civil la relación de dependencia.

Además, en la sentencia penal se declara que la víctima de la filmación habría consentido en que se difundieran las imágenes en el programa de televisión, lo que finalmente determinó que se descartara la comisión del delito de extorsión. Es claro que ese consentimiento no legitima la grabación con cámara oculta pero sí la difusión del material grabado y con ello la causa mayor del daño sufrido por los demandantes. Podría sostenerse, en consecuencia, que el perjuicio a reparar debiera limitarse a la intrusión inconsentida por la grabación, y que no comprendería los perjuicios derivados del conocimiento público de la frecuentación del sauna por parte del ex- Ministro de Corte, dado que este consintió en su difusión por el medio televisivo.

Veremos cuál es el parecer de los tribunales superiores que deberán analizar el caso. De todos modos, los medios de comunicación y los periodistas debieran erradicar de sus actividades de investigación y reporteo medios que no les corresponde utilizar, como la grabación con cámaras ocultas en ámbitos o recintos privados.

 

Addendum: con fecha 20 de agosto de 2015 la Corte Suprema dictó sentencia en este caso y, para sorpresa nuestra, no sólo acoge estos planteamientos sino que cita este post, como puede verse en el considerando 15º: Texto de la sentencia

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3 comentarios en “El caso Calvo y las cámaras ocultas”

  1. Francisco Balart Says:

    El penúltimo párrafo, de ser cierto lo allí expuesto, bota al tacho de basura no sólo al eventual delito, sino al bonito fajo de billetes que indemniza la “honra” del señor Calvo. Me refiero, por supuesto a la que siempre debiera adornar a sus señorías; o al menos cuando se abocan al conocimiento de inmoralidades que pueden configurar un delito incluso en Chile. En cuanto persona, la doctrina actual es que cada cual cuida o echa al trajín sus presas, de manera que a nadie interesa lo que haga con ellas entre las 18.30 pm y las 8 am.


  2. En cuanto al uso de la ponderación, a la Alexy, que me parece el modo más idóneo de resolver contiendas de conflicto entre principios, creo que la cuestión de proporcionalidad -algún fallo español lo insinúa- tiene que ver con la posibilidad de acceder a la misma información por otro medio. Es decir, a un juicio concreto respecto de si esa información estaba tan resguardada que el único medio de obtenerla implicaba necesariamente la violación al derecho a la intimidad. Si no se da ese requisito, no existe proporcionalidad en el medio empleada para averiguar la verdad.

  3. Hugo Fuenrtes Says:

    Lo que resulta chistoso de todo esto es que se le deba indemnizar al “pobre juez”, por el “dolor sufrido”, la sideral suma de 320 millones de pesos. Eso querría decir, por ejemplo, que las indemnizaciones que debieran pagar en otros casos, por afecciones mucho mas graves que las aquí descritas, debieran empinarse por sobre los miles de millones de pesos. Vamos a ver cuanto de indemnización les dan a los estafados en la polar. Supongo que será una luquita pa la micro. O a los estafados en el caso de las farmacias, que era una situación de vida o muerte, en que los remedios eran el sustento necesario para continuar viviendo. vamos a ver con cuanto de les indemniza. En fin, veamos, si se descubre las falencias del estado chileno en las cárceles, cuanto se les indemnizará a los familiares de aquellos que murieron calcinados. Habiendo en Chile personas de distinta categoría, es una lástima que sea la misma institucionalidad que ampare dichas diferencias, como si algunas “almas” valieran más que otras, como si tal cosa pudiera ser objeto de medición.


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