Cuenta presidencial

El 21 de mayo el Presidente de la República debe dar cuenta del estado de la nación ante el Congreso. Políticos de la oposición, molestos por los que estiman un ataque injustificado contra la ex Presidenta Bachellet, han anunciado que podrían boicotear o enturbiar dicho acto con protestas o simplemente no concurriendo. El Senador Frei ha anticipado su intención de no participar.

El Presidente del Senado, Camilo Escalona, quien debe presidir la ceremonia, en cambio, ha llamado a respetar lo que es a la vez una obligación constitucional y una tradición republicana.

El Senador Escalona tiene razón. El inciso 3º del art. 24 de la Constitución vigente dispone: “El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”. Se trata, por tanto, de un deber, tanto para quien ejerce el mando supremo de la Nación como para los Diputados y Senadores que componen el Congreso Nacional. A falta de una causa justificada (enfermedad, ausencia del territorio de la República, fuerza mayor), el no cumplimiento de este deber implica una infracción de esta norma constitucional.

Pero quizás la infracción constitucional no sea tan grave, mirado el asunto desde una perspectiva histórica y política, como el agravio a una tradición de la República, forjada poco después de la instauración de la independencia y mantenida de forma ininterrumpida. Al parecer, como otras instituciones políticas chilenas, esta idea de que el Presidente dé cuenta formal del estado de la nación fue tomada de las costumbres parlamentarias inglesas. Al modo de lo que es allí el discurso de la Corona, las sesiones ordinarias del Congreso, que según la Constitución de 1833 debían comenzar el 1º de junio de cada año (art. 52), se comenzaron a inaugurar por un discurso del Presidente sobre la marcha de los asuntos públicos. Hasta 1842, siguiendo el modelo británico, el discurso presidencial era contestado por los parlamentarios.

La fuerza de esta costumbre fue tal que al redactarse la Constitución de 1925, se consagró expresamente, aunque ahora la fecha de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso de adelantó al 21 de mayo. Esa Constitución prescribió que “El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 21 de mayo de cada año, y las cerrará el 18 de septiembre. Al inaugurarse cada legislatura ordinaria, el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la Nación” (art. 56).

La Constitución de 1980 mantuvo la obligación presidencial pero sin vincularla a la fecha de inicio de sesiones parlamentarias: “El Presidente de la República, a lo menos una vez al año, dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación” (art. 24 inc. 3º). Durante el régimen o dictadura militar, el Presidente Pinochet cumplió esta obligación los días 11 de septiembre, en los que se celebraba el derrocamiento del gobierno de Allende y el inicio del suyo.

Al retornarse a la democracia, el Presidente Aylwin retomó la costumbre anterior, y rindió su primera cuenta el día 21 de mayo de 1990. Al comenzar su discurso explicó: “Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba la Constitución anterior, de rendir esta cuenta ante el Congreso Pleno -el organismo más representativo de la nación toda-, en la ocasión solemne en que inicia su legislatura ordinaria y en esta fecha en que Chile conmemora uno de los ejemplos de patriotismo de más alto significado moral de nuestra historia”.

Finalmente, la reforma a la Constitución realizada por la ley Nº 20.050, de 2005, si bien suprimió la diferencia entre período ordinario y extraordinario de sesiones, fijó constitucionalmente el 21 de mayo como fecha para que el Presidente rinda su cuenta, y restableció que ella se hiciera ante el Congreso reunido en pleno.

Como puede verse, estamos ante una de las más antiguas y solemnes tradiciones que simbolizan la unidad de la nación chilena y que todo político medianamente responsable debiera cuidar, cualquiera sean los intereses partidarios o contingentes del momento.

Hay que convenir en que no es primera vez que el sentido republicano del acto se ve amenazado por las pasiones políticas y que ellas no siempre son atribuibles a un sólo sector y ni siquiera a los opositores. Han sido los mismos Presidentes de la República los que de alguna manera han desvirtuado el sentido real y más profundo de la ceremonia. La costumbre y la norma los obliga simplemente a dar cuenta del “estado administrativo y político” de la nación, pero normalmente esa tarea se entiende cumplida mediante un voluminoso documento escrito que pocos leen, y en sustitución se dirige un discurso, transmitido por los medios de comunicación, en los que se ensalzan los logros del gobierno y sobre todo se hacen anuncios de nuevas medidas y políticas que se implementarán en el año que sigue. Siendo así, es comprensible que los contradictores del gobierno de turno no tengan demasiado interés en asistir ni en mantener una actitud de silencio y compostura, mientras los parlamentarios adictos aplauden y vitorean al Presidente.

Sin embargo, parece necesario pedirles que así lo hagan, dando ejemplo de cómo se construye una República y de lo que es la alternancia en el poder y el pluralismo democrático. Aunque también cabría esperar que el Presidente, y los que le sucedan en el cargo, pronuncie un discurso ponderado, sobrio y con altura de miras, sin aprovechar la ocasión para exaltar en exceso los éxitos de su gestión ni menos para herir o humillar a sus opositores.

De ambas partes, actitudes como estas exigen esfuerzo y sacrificio. Pero nuestra democracia republicana bien los merece y la ciudadanía los agradecerá y recompensará en las urnas.

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