Donación de órganos y “muerte encefálica”

Con el eslogan “Yo soy donante y mi familia lo sabe”, los ministros de Justicia y de Salud iniciaron una nueva campaña para incentivar la donación de órganos para trasplantes. A pesar de que hace unos años se reformó la ley Nº 19.451 (ver texto) que regula la materia, y se dispuso que todas las personas mayores de 18 años se consideran donantes salvo que manifiesten voluntad contraria, no se ha incrementado el número de donantes efectivos y siguen siendo muchos los receptores que necesitan órganos vitales para mantener la vida o recobrar la salud. Más aún, son muchos los que han manifestado expresamente su intención de que no ser donantes: según el Registro Civil más de 2.780.000 personas han manifestado su voluntad contraria a donar órganos.

Parece sensato que se realicen campañas de información, más que propiciar, como hace un proyecto de ley en actual tramitación, que la donación sea aún más coactiva y que la voluntad de no donar ya no pueda manifestarse al renovar la cédula de identidad o sacar licencia de conducir, sino que exija una declaración notarial.

Es también efectivo que por más que la ley diga que basta que el donante no haya expresado su voluntad contraria para proceder a extraerle órganos, los médicos no proceden si la familia se opone, lo que ocurre al parecer en el cincuenta por ciento de los casos.

Habría que preguntarse, entonces, por qué existe este rechazo a la donación y tratar de suprimir o mitigar sus causas. Insistir en la obligatoriedad produce el efecto inverso, ya que se sospecha y se recela: algo debe ser perjudicial o poco conveniente, si la ley tiene que imponer lo que debería ser un acto de solidaridad gratuita.

Creemos que el mayor problema reside en la insuficiente información sobre las garantías que se adoptan para certificar que el potencial donante realmente ha fallecido. Se habla de muerte cerebral o muerte encefálica como una categoría especial de muerte, lo que induce a pensar que tal estado no sería la auténtica defunción del individuo, sino más bien una suerte de pretexto para extraer órganos de una persona inconsciente pero aún con vida.

La ley 19.451, interpretada por la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20 de julio de 1995 (Rol Nº 220: ver sentencia), descarta en teoría esta posición: no existe una muerte encefálica o cerebral; la muerte es una sola, si bien las formas de certificarla pueden ser distintas. En los casos ordinarios basta la certificación de un médico del cese de las funciones cardiaco-respiratorias; en cambio, para trasplantes se adelanta ese diagnóstico mediante diferentes pruebas que comprueban la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas (que son las que controlan los movimientos vegetativos como la respiración y la circulación sanguínea). Lo importante es que en la práctica se realice este diagnostico con rigor y profesionalismo, y únicamente teniendo en vista algo tan trascendente como un trasplante que salva la vida de otro ser humano. Sólo en estos casos se justifica que se adelante esa comprobación de defunción, que siempre implica cierto riesgo de abuso o error.

Por eso, debe criticarse que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la ley Nº 20.584, de 24 de abril de 2012 (que entra en vigor el 1º de octubre de 2012: ver texto), haya incluido un precepto, el art. 19, que dispone: “Tratándose de personas en estado de muerte cerebral, la defunción se certificará una vez que ésta se haya acreditado de acuerdo con las prescripciones que al respecto contiene el artículo 11 de la ley Nº 19.451, con prescindencia de la calidad de donante de órganos que pueda tener la persona” (énfasis añadido).

Este tipo de disposiciones es inconsistente con la política pública de lograr más donaciones de órganos, porque atemoriza a la ciudadanía. Si alguien no tiene la calidad de donante, no se ve con qué objeto se harán todos los procedimientos clínicos para comprobar que padece cese irreversible de sus funciones encefálicas. Si el paciente está conectado a un respirador artificial y no hay esperanza de recuperación, siendo ese un medio de soporte extraordinario o desproporcionado, bastará que se desconecte y se compruebe la muerte por el criterio tradicional del cese cardio-respiratorio. Tal desconexión no implica eutanasia, sino dejar que los procesos biológicos sigan su curso natural, evitándose el encarnizamiento médico.

A nuestro juicio, la norma del art. 19 de la ley Nº 20.584 no debe tener aplicación cuando no se trate de un potencial donante de órganos. Admitir lo contrario sería inconstitucional si se tiene en cuenta las restricciones con las que se admitió el diagnóstico precoz de muerte por criterio neurológico o encefálico por parte del Tribunal Constitucional cuando examinó constitucionalidad de la ley Nº 19.451.

Además, el mencionado art. 19 habla de “personas en estado de muerte cerebral” y estas realmente no existen: no hay personas que estén en “estado” de muerte: o están muertas o no lo están. El diagnóstico encefálico de la muerte sólo está admitido por la ley Nº 19.451, y únicamente “para los efectos previstos en esta ley” (art. 11), es decir, con la finalidad exclusiva y excluyente de practicar un trasplante de cadáver a vivo.

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