Litio y perjurio

Los conceptos de litio y perjurio no tienen en sí mismos ninguna vinculación, pero se han visto relacionados en el episodio de la polémica licitación de un contrato de operación sobre el mineral que, habiendo sido adjudicada a la empresa Soquimich, fue luego declarada nula por haber transgredido las bases. Estas exigían que los licitantes no tuvieran pendientes juicios con el Estado, y se descubrió que la empresa vencedora no cumplía ese requisito. Todo ello le costó la renuncia al Subsecretario de Minería.

Otra de las empresas que participaron en la licitación anunció la interposición de una querella por perjurio en contra de Soquimich, sobre la base de la declaración jurada acompañada a su presentación en la que asevera no tener juicios pendientes con el Estado.

Habrá que decir, en primer lugar, contra lo informado por los medios de prensa, que la querella no puede haberse presentado contra la empresa. Las personas jurídicas, salvo para algunos delitos muy especiales, no tienen responsabilidad penal. El delito de perjurio puede ser imputado a las personas naturales que firmaron la declaración a nombre de la empresa.

Pero, ¿en qué consiste este ilícito penal que pareciera no estar a tono con una sociedad laicista como la que algunos propician? En efecto, el juramento es, en estricto rigor, una aseveración o una promesa  de cuya sinceridad se pone de testigo a Dios (aunque puede haber juramento ante otras realidades que imponen alto grado de respeto: de allí el chiste: “lo juro por las cenizas de mi padre/¿qué ya falleció?/No, pero es un fumador empedernido”).  Por cierto, no todo juramento en falso es delito. En nuestro Código Penal, se castiga el falso testimonio en causa penal o civil (arts. 206 y ss. ), y dos modalidades de perjurio:  “El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa” (art. 210)  y “El que fuera de los casos previstos  en los artículos precedentes faltare a la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por ley”. Este último delito fue incorporado por la ley Nº 20.074, de 14 de noviembre de 2005, y eso explica que se distinga entre juramento y promesa.

Pareciera que por razones de especialidad el tipo penal pertinente al caso del litio es el contenido en art. 212 ya que no se refiere a un perjurio genérico ante la autoridad, sino a la falta de verdad en una declaración jurada. Pero podría alegarse que no se cumple con la exigencia de que dicha declaración haya sido exigida por la ley, puesto que en este caso la exigencia procedía de las bases de licitación. En contra, cabría argüir que basta que  dicha exigencia se cumple con el respaldo de la ley bajo la cual se llamó a licitación y se redactaron las bases.

También cabría la excusa de que los firmantes de la declaración faltaron a la verdad pero porque la desconocían, aunque esto puede ser poco verosímil si se trata de altos ejecutivos. Quizás, como ha transcendido a la prensa, su defensa consistiría en que ellos interpretaron que la exigencia de no tener juicios pendientes con el Estado, no se aplicaba a los procesos contra el Fisco. Pero esta excusa debería también fundarse en algún informe jurídico solvente, porque no se ve cómo podría sostenerse que los juicios contra el Fisco, no son pleitos con el Estado.

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