Daños causados por “balas locas”: responsabilidad civil del gendarme que disparó al aire e hirió a espectador inocente

Consternación produjeron los hechos por los que un estudiante universitario fue impactado en su cerebro por una bala que disparó al aire un gendarme que conducía un vehículo de la institución hacia el Centro de Justicia de Santiago. El conductor se vio atrapado en un taco causado por una protesta estudiantil y algunos de los manifestantes comenzaron a golpear violentamente el carro y a lanzarle piedras, que quebraron los vidrios delanteros y le hirieron una mano. En todo ese jaleo, temiendo por su propia integridad, el conductor sacó su arma de servicio y disparó al aire para ahuyentar a sus atacantes. Mirando el incidente en la ventana de un departamento del cuarto piso estaba un estudiante universitario, el que, desafortunadamente, fue alcanzado por un proyectil. A la fecha en que se escriben estas líneas, el herido se encuentra grave en la Posta Central, aunque hay esperanzas de que pueda salvar su vida y recuperarse.

Se inició inmediatamente una investigación penal y el gendarme quedó con prisión preventiva nocturna domiciliaria. No comentaremos la perspectiva penal del caso. Nos interesa, en cambio, sus implicancias respecto de la responsabilidad civil y, en particular, sobre la aplicación de la regla Nº 1 del art. 2329 del Código Civil. Recordemos que el art. 2329 comienza indicando que “Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. En su inciso segundo dispone que “Son especialmente obligados a esta reparación: 1º El que dispara imprudentemente un arma de fuego…”. Se enumeran dos casos más: el que remueve las losas de una acequia o cañería y el que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente, lo tiene en estado de causar daño a los transeúntes.

La doctrina civil se ha dividido para entender esta norma. Alessandri sostuvo que el Código en este punto establecía una presunción de culpa por hechos propios, para diferenciar esta situación de los casos previstos en los arts. 2320 y siguientes que presumirían la culpa por el hecho ajeno. Esta doctrina ha sido revivida por la tratado de Enrique Barros quien sostiene que la norma contiene una presunción prima facie de culpa y causalidad respecto de actividades que son en sí mismas riesgosas.

Otros autores, como Meza Barros, señalaron que había que distinguir entre el inciso primero y los casos enumerados en el inciso segundo. El inciso primero no contendría ninguna presunción, sino una reiteración del principio general de que todo el que causa a otro un daño por dolo o culpa debe reparar; sólo los casos del inciso segundo podrían ser entendidos como supuestos en los que la culpa se presume.

Por nuestra parte, hemos sostenido que ninguno de los incisos de la norma establece presunciones de culpa. Lo que la norma contempla es la exigencia de la prueba de la relación de causalidad: “todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia” debe ser reparado. Lo que hay que acreditar es que el daño sea imputable causalmente al hecho. En los supuestos del inciso segundo, lo que hay es una presunción de dicho nexo causal.

El número primero así lo demuestra. Para que se aplique se exige que el arma de fuego haya sido disparada “imprudentemente”; ergo, no puede verse aquí una presunción de culpa, éste debe ser probada. Acreditada la imprudencia del disparo, debe entenderse que el autor es responsable del daño provocado por la bala, aunque no haya tenido intención ninguna de lesionar a quien hirió. Su acción debe tenerse como causa adecuada del perjuicio provocado por el disparo.

En el caso del gerdarme, entonces, para ver si hay responsabilidad civil es crucial la determinación de si actuó o no de manera imprudente al disparar. Si puede imputársele culpa, es decir,  infracción de los deberes de cuidado que todo personal armado debe cumplir para evitar que el arma de fuego dañe a terceros inocentes, deberá ser considerado responsable civilmente de la herida provocada al estudiante. En caso contrario: si se estima que, ante el temor a ser asaltado y en legítima defensa propia, actuó de acuerdo a los protocolos o normas de seguridad disparando al aire, no habría culpa, y por ende tampoco podría aplicársele la presunción de causalidad: el daño no debe ser imputado a su actuación, salvo que se pruebe el nexo de causalidad.

Es probable, sin embargo, que la acción civil que llegue a deducirse no se plantee en contra del gendarme como persona individual, sino contra el Estado. En ese caso, se invocará el criterio de la “falta de servicio” por parte de Gendarmería, conforme a Ley de Bases de la Administración del Estado (arts. 4 y 42). Así y todo, esa pretendida falta de servicio deberá fundarse en la actuación imprudente o razonable, atendidas las circunstancias, del gendarme emboscado.

Quizás la solución más adecuada a estos casos de responsabilidad por daños provocados por “balas locas” disparadas por personal autorizado a portar armas, como sugirió un lector del Diario La Segunda, sea la contratación por parte de las distintas instituciones de un seguro de daños a terceros, que indemnizara los perjuicios sin atender a si el funcionario actuó o no con imprudencia.

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2 comentarios en “Daños causados por “balas locas”: responsabilidad civil del gendarme que disparó al aire e hirió a espectador inocente”

  1. Felipe Vega Gómez Says:

    Con “solución” se refiere a arreglo extrajudicial. De ser así, lo veo bastante inverosimil, pues las aseguradoras y liquidadoras obran en base al análisis económico costo-beneficio y si la pretensión indemnizatoria es cuantiosa (como las dirigidas contra el fisco) van a preferir litigar.
    A modo ejemplar, Graham-Miller, liquidadora del seguro a favor de Costanera Center (de propietario Cencosud y constructor Salfa), frente al hecho que la prensa nacional calificó de “lluvia de piedras” sobre automovilistas, se limitó a reparar el daño emergente, obviando el lucro cesante y daño moral. Ello, no obstante la categórica redacción del art. 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que, frente a toda falla o defecto manda reparar los daños y perjuicios. Con menor razón, entonces, se evitaría la judicialización de conflictos ante la normativa civil señalada.
    La “solución”, a mi juicio, radica en la adecuada técnica legislativa.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario. Mi idea sería un seguro a todo evento, no por responsabilidad. Lógicamente, la indemnización sería tasada. Si la víctima quisiera obtener una suma mayor tendría que litigar y demostrar falta de servicio.


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