El naufragio de la Universidad del Mar

El Ministro de Educación informó que ha pedido al Consejo Nacional de Educación que resuelva sobre el cierre de la Universidad del Mar, después de haber comprobado serias irregularidades en una auditoría practicada durante varios meses en esa institución. Es la primera vez que se propone una medida de esta naturaleza en la historia de las universidades en Chile, y es natural que cause inquietudes respecto de los alumnos y los trabajadores afectados.

En este comentario nos gustaría revisar las normas jurídicas que son aplicables y determinar qué significa el “cierre” de una Universidad y cuál es el procedimiento que permite llegar a él.

Determinar las normas aplicables tiene su complejidad, ya que después de la reclamación estudiantil de derogar la Ley Orgánica de Enseñanza, ley Nº 18.962, la vilipendiada “LOCE”, en un acuerdo entre el Gobierno de Michelle Bachelet y la entonces oposición, en vez de sustituirla por otra, se convino en aprobar una Ley General de Educación: la ley Nº 20.370, publicada el 12 de septiembre de 2009, que sin embargo dejó vigentes algunos segmentos normativos de la ley Nº 18.962, que a la fecha tenía un texto refundido por el D.F.L. Nº 1, de 2005. La ley misma Nº 20.370 facultó al Presidente de la República para dictar un nuevo Decreto con Fuerza de Ley y refundir las nuevas normas de la ley Nº 20.370 con las no derogadas de la LOCE. Se dictó, así, el D.F.L. Nº 2, de 2009, cuyo enigmático título es “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley nº 1, de 2005”; en realidad, esta es la nueva Ley General de Educación, equivalente a antigua LOCE. A ella debe agregarse la ley Nº 20.109, de 2006, sobre aseguramiento de la calidad de la educación superior, que crea la Comisión Nacional de Acreditación.

Despejado el marco normativo, hay que advertir que éste prevé una forma especial de constitución de una Universidad como persona jurídica. Se erige como corporación sin fines de lucro mediante el depósito de sus estatutos en el Ministerio de Educación y la inscripción en un Registro público en el mismo Ministerio (art. 57 DFL 2). Cosa diversa es el reconocimiento oficial que debe otorgarse por decreto supremo cuando la Universidad, ya constituida como persona jurídica, acredite el cumplimiento de varios requisitos, entre ellos la aprobación de su proyecto institucional por el Consejo Nacional de Educación (arts. 61 y 62 DFL 2). Las Universidades nuevas deben pasar por un proceso de licenciamiento hasta llegar a su autonomía plena. De allí pueden someterse al proceso de acreditación que dirige la Comisión Nacional de Acreditación.

La Universidad del Mar pasó todos estos trámites: fue constituida como corporación sin fines de lucro, fue reconocida oficialmente, obtuvo su plena autonomía y recientemente fue acreditada por 2 años (diciembre de 2010 a diciembre de 2012).

Ahora el Ministerio pretende que se “cierre”, pero ¿qué significa esto? ¿la pérdida de autonomía, la revocación del reconocimiento oficial o la cancelación de la personalidad jurídica? De acuerdo al D.F.L. Nº 2, de 2009, lo que procede es que mediante un decreto fundado del Ministerio de Educación se cancele la personalidad jurídica y simultáneamente se revoque el reconocimiento oficial. Se señala expresamente que “La sanción de cancelación de la personalidad jurídica implica la revocación del reconocimiento oficial” (art. 65 D.F.L. Nº 2). Las causales por las cuales puede decretarse esta cancelación y revocación son: si la Universidad no cumple con sus objetivos estatutarios; si realizare actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; si incurriere en infracciones graves a sus estatutos y si dejare de otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado (art. 64 D.F.L. Nº 2). Al parecer, las causales que se invocan en el caso de la Universidad del Mar serían las de no cumplir con sus objetivos estatutarios e incurrir en infracciones graves a sus estatutos.

La razón por la cual el Ministerio no decretó inmediatamente la cancelación y revocación de la Universidad y pidió un pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación se encuentra en la exigencia que establece la ley de que el decreto debe ser dictado, “previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por mayoría de sus miembros, en sesión convocada a ese solo efecto, y escuchada la entidad afectada” (art. 64 D.F.L. Nº 2).

El Consejo emitió un comunicado en el cual se señala que “Es preocupación prioritaria del Consejo adoptar prontamente el pronunciamiento que el Ministerio de Educación le ha solicitado, por lo que se encuentra estudiando cuidadosamente la información que se ha puesto a su disposición”.

No hay plazo fijado en la ley para este pronunciamiento, pero lo ideal es que no se retrase la decisión, y que sea lo más ecuánime posible. Entre tanto, según la ley corresponde al Ministerio de Educación “velar por el adecuado resguardo de la información acerca de los procesos iniciados en virtud de este artículo hasta que se haya dictado la resolución definitiva y no queden recursos pendientes por parte de la entidad afectada” (art. 64 D.F.L. Nº 2).

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2 comentarios en “El naufragio de la Universidad del Mar”

  1. José Luis Muñoz A. Says:

    Por fin una opinión informada y tranquilizadora, ello en términos de entender que el Pretor no puede por sí y ante sí, resolver el cierre de la Universidad del Mar, muchas de nuestras autoridades de todo orden, no fueron capaces de dar una opinión tan iluminadamente simple. No es llegar y cerrar, un alumno U del Mar


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