Autoridad parental y rechazo a vacunación obligatoria

El 15 de noviembre de 2012, la Corte Suprema confirmó un fallo de la Corte de Concepción por el cual se dio la razón al Servicio de Salud de Talcahuano que recurrió de protección en contra de una mujer que se oponía a someter a su hija de pocos meses de vida al programa de vacunación obligatorio dispuesto por el Decreto Nº 6, de 29 de enero de 2010. La Corte estimó que el actuar de la madre era ilegal, por contrariar el referido decreto, y arbitrario, por sustentarse sólo en su voluntad o capricho. Afirmó además que su negativa constituía una amenaza contra el derecho de la vida de la menor. Se resolvió que debían aplicarse las vacunas a la niña, incluso con auxilio de la fuerza pública (Texto de sentencias ).

El caso es tremendamente complejo, y por ello quizás la argumentación de los ministros pueda parecer un tanto básica. Por de pronto, y como pone de manifiesto el Ministro Muñoz en su voto disidente al fallo confirmatorio de la Corte Suprema, no puede decirse que la negativa de la madre obedezca a un capricho. La resistencia a las vacunas obligatorias es un movimiento que ha tomado fuerza en otros países, aunque en el nuestro haya sido hasta ahora prácticamente desconocido. Quienes rechazan las vacunas señalan que no hay razones para introducir sustancias en un organismo humano que está sano y que, contrariamente a lo sostiene el consenso médico actual, la vacunación incrementa los riesgos para la salud. Algunas voces han alertado que el autismo de algunos niños se debería a la vacunación obligatoria. Por otro lado, la madre del caso no se oponía absolutamente a que se vacunara a su hija sino que exigía que previamente las autoridades de salud le garantizaran que las sustancias a inocular eran completamente inofensivas y no generaban riesgos a la salud de la niña. De acuerdo a lo afirmado por la recurrida, dos cartas enviadas al Ministerio de Salud no habían merecido respuesta. La Corte de Concepción basó su convicción de que el programa de vacunación era necesario y beneficioso para el bienestar de la menor en un informe del Seremi de Salud de esa región, sin advertir que éste no podía ser imparcial frente al conflicto planteado.

La controversia es bastante más delicada porque pone en discusión dos cuestiones fundamentales: primero, si la madre es la llamada a adoptar decisiones sobre materias personales de su hija; y segundo si el Estado puede interferir en esa potestad si considera que la decisión adoptada por la progenitora es contraria a los intereses de la menor.

La doctrina reciente considera que a este tipo de materias no se aplican las reglas de la representación legal que se contemplan en el Código Civil respecto de la patria potestad, ya que éstas están diseñadas para los actos de carácter patrimonial. Por ello, se sostiene que la representación legal en aspectos personales, como los referidos a la salud, la educación, la profesión de una religión, deben aplicarse las normas relativas a los derechos de crianza y educación. Por ello correspondería atribuirla a ambos padres. A falta de uno de ellos, la representación corresponde al otro. Es lo que parece suceder en el caso comentado, ya que no se dan antecedentes sobre el padre de la niña.

Por imperativo constitucional que reconoce la autonomía de la familia, que se ve reflejada en el derecho preferente de los padres para educar a los hijos (arts. 1 y 19 Nº 10 Const.), en principio las autoridades estatales no deben inmiscuirse en la forma en que los padres deciden sobre aspectos que dicen relación con el desarrollo material, moral y espiritual de sus hijos (cfr. art.  222 Código Civil). La autoridad pública sólo podría intervenir en caso de desacuerdo de los padres o cuando éstos no cumplen con su rol protector y ponen en grave riesgo derechos fundamentales del hijo. Pero esto último debe aplicarse con gran prudencia para que la excepción no se convierta en regla y termine siendo el Estado quien decida por los padres en todo lo que se refiera a sus hijos; sobre este tema véase a Juan Andrés Varas Braun, “Decisiones vitales y representación parental: fundamentos y límites”, en Estudios de Derecho Civil. Jornadas Nacionales de Derecho Civil 2009, LegalPublishing, Santiago, 2010, pp. 337-356.

Hace unos años, en una decisión también controvertida, la Corte de Apelaciones de Valdivia (14 de mayo de 2009, rol Nº 103-2009: texto y comentario en Rev. Derecho U. Austral) estimó que si una madre de un niño que había sido sometido a un fuerte tratamiento contra un cáncer testicular se negaba a volver a someterlo a una nueva terapia ante la reaparición de la enfermedad, debía reconocerse la autoridad parental para tomar las mejores decisiones de salud sobre sus hijos sin que los poderes públicos (incluida la justicia) interfiera en la relación médico-paciente.

En otros casos, y ante la negativa de padres testigos de Jehová a que sus hijos menores sean sometidos a transfusiones de sangre, prohibidas por sus convicciones religiosas, las Cortes han considerado que el Estado puede intervenir al ponerse en riesgo grave e inminente la vida de los niños.

Pero tanto en el caso de Valdivia como en los de transfusiones, hay un niño enfermo que necesita un tratamiento que podría salvarle la vida. No sucede lo mismo respecto del caso que comentamos: la niña estaba sana, y la madre se opone a que se la someta a un programa médico que, según las autoridades públicas, la resguardarían de un riesgo para la vida y la salud en caso de contraer una enfermedad que actualmente no tiene.

Por otro lado, si se aplicara la ley Nº 20.584, sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, en vigor desde el 1º de octubre, hay que destacar que se reconoce que “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud” (art. 14). Si la persona es incapaz, la decisión le corresponde al representante legal como se desprende, a contrario sensu, del art. 15 letra c (señala que no es necesario el consentimiento si “cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtenerla de su representante legal, por no existir o por no ser habido”). La misma ley obliga a los prestadores a entregar información adecuada, suficiente y comprensible (art. 14 inc. 2º), la que cuando la persona “padezca de dificultades de entendimiento” (por ejemplo, los niños) debe ser dada “a su representante legal, o en su defecto, a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre” (art. 10).

Esta autonomía se limita en los tres casos mencionados en el art. 16: 1º) cuando por la renuncia al tratamiento se intenta acelerar artificialmente la muerte (eutanasia), 2º) cuando, tratándose de enfermos terminales, se trata de medidas de soporte ordinario, y 3º) cuando “como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario”.

Ni el primero ni el segundo límite son aplicables al rachazo de vacunas. Sí podría serlo el tercero, pero entonces la justificación no vendría directamente de los derechos o intereses del menor, sino más bien del contagio que él podría suscitar si contrae la enfermedades por haberse omitido la vacuna. Pero queda la duda de si no hay que agregar otros límites cuando quien ejerce el derecho a oponerse a una acción médica es el representante de un incapaz, especialmente si se trata de los padres de un niño. En tales casos, podría añadirse como límite el perjuicio grave e irreparable que puede traer la decisión del representante para los derechos fundamentales del menor, tales como su vida y su salud, con las cautelas que ya se ha indicado.

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6 comentarios en “Autoridad parental y rechazo a vacunación obligatoria”

  1. Cristian Says:

    Muy buena e interesante la columna don Hernán, sobre todo por los intereses que están en juego en este caso. El derecho preferente de los padres a criar a sus hijos y las atribuciones del estado para intervenir en las decisiones de los particulares. Es de esperar que nuestro máximo tribunal se explaye mucho más a la hora de fallar en estas materias.

  2. Claudia Says:

    Súper interesante el artículo, no me había enterado del caso hasta ahora. Mi humilde opinión es que se ha pasado a llevar el Derecho Constitucional de la madre de cuidar y educar a su hija, pues si la niña fuere alérgica al huevo, la vacuna produciría efectos adversos, y el examen en que se determina a qué es alérgica un bebé se hace a los 2 años y medio de vida… ésto lo sé, porque tengo una bebé de 9 meses que es alérgica, y aún no sabemos a qué, por lo que cuando fuimos para que la vacunaran, se negaron hasta tener la autorización de su pediatra… en resumen entiendo perfectamente la postura de la madre.

    Saludos!

  3. javiera Says:

    Este es un tema de gran relevancia, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.584. Lamentablemente no existe un criterio unánime sobre el procedimiento adecuado a impartir por un servicio o consultorio de salud, cuando una madre rechaza la vacuna para su hijo, pues muchas veces esta asociado a la entrega de leche, por lo tanto, si no figura la vacuna en el carnet niño sano, no hay leche, y por ende, se condiciona el derecho a la entrega de alimentación, a la postura de estas vacunas. Sin perjuicio de lo anterior, a mi entender no existe aún una obligación real para los padres, pues en caso de rechazo, sólo estampan el mismo en la ficha clínica, y sólo en caso de que el servicio accione se enfrentan a la intervención de la justicia. Falta regulación al respecto. Hasta que punto llegan las facultades de los padres, y donde principian las del Estado?

    • hcorralt Says:

      Muchas gracias por la información. Me parece que en principio priman los derechos de los padres, salvo que se vea amenazada la vida o la salud del niño.


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