“Ley de empresas en un día”: nuevo sistema de constitución de sociedades

Conocida mediática y políticamente como la “ley de empresas en un día”, se publicó, en el Diario Oficial del 8 de febrero de 2013, la ley Nº 20.659, que establece un régimen especial, más simple que el común, para constituir sociedades y empresas individuales de responsabilidad limitada (ver texto de ley).

Se trata de un régimen legal alternativo opcional que funcionará de manera paralela al sistema tradicional de constitución en papel, que contempla el otorgamiento de una escritura pública cuyo extracto debe ser publicado en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro de Comercio.

El nuevo sistema es de carácter digital. La sociedad se constituye a través de un formulario electrónico que se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Economía. El formulario tendrá los campos necesarios para las estipulaciones básicas que permiten la validez de la sociedad respectiva, y a ellos podrán añadirse otros pactos o acuerdos. De esta forma, el formulario contiene el contrato social y el estatuto que regirá a la persona jurídica. A falta de estipulaciones especiales, rigen las reglas supletorias que establece la ley para cada tipo de sociedad. El formulario podrá ser suscrito, desde un computador en Chile o en el extranjero, pero usando una firma electrónica avazanda. Si el suscritor carece de este mecanismo, podrá firmar mediante la intervención de un notario que tenga firma electrónica avanzada. Si se desea actuar a través de representante, el mandato debe ser otorgado por escritura pública (en papel) y se necesitará la intervención de un notario en la firma del formulario.

No es menester que todos los socios suscriban el formulario al mismo tiempo: desde que firma el primero existe un plazo de 60 días para que firmen los demás; pero éstos no pueden introducir modificaciones en el formulario firmado por el primer socio. Una vez terminada la suscripción, el formulario automáticamente se “incorpora” al Registro de Empresas y Sociedades que llevará la Subsecretaría de Economía y de Empresas de Menor Tamaño. Al producirse esta incorporación, se perfecciona el contrato de sociedad y se genera la persona jurídica con fines de lucro. Procederán luego los trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, el que se informará de la constitución por el mismo Registro.

Una vez perfeccionado el contrato nace para los socios la obligación de cumplir con el aporte estipulado. Aquí la nueva ley se remite al régimen común, al señalar que “cuando se requiera de formalidades o solemnidades especiales para enterar el aporte, según el tipo de bien, deberá efectuarse conforme a ellas” (art. 8 inc. 1º). La norma está pensada para el aporte de bienes raíces, ya sean corporales o incorporales (por ejemplo, un usufructo sobre inmueble). En estos casos, el cumplimiento de la obligación del aporte debe hacerse por la tradición que requiere inscripción de la propiedad o del derecho real en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces. En esta etapa nos salimos del ámbito digital, ya que estos registros se llevan en papel. Para hacer la inscripción conservatoria se necesitará un instrumento público que pueda ingresar al Conservador. Lo más lógico hubiera sido una copia autorizada del formulario inscrito en el Registro de Empresas y Sociedades, pero la ley se refiere a “certificados” otorgados por el Subsecretario de Economía, que tienen “el valor probatorio de instrumento público” (art. 22 inc. 2º). En realidad, nos parece que son instrumentos públicos, ya que son autorizados por un funcionario competente y con las solemnidades legales (cfr. art. 1699 del Código Civil). El Subsecretario, o su delegado, actúa como ministro de fe, a semejanza de un notario o conservador (art. 12). La ley agrega que los certificados constituyen también títulos ejecutivos, de modo que con ellos podrá demandarse el cumplimiento forzado del aporte en juicio ejecutivo.

El régimen digital se aplica no sólo a las sociedades sino también a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). Se excluyen, en cambio, las sociedades colectivas y en comanditas civiles, y las sociedades anónimas abiertas (art. 2). Si bien existen razones que explican la exclusión de las sociedades anónimas abiertas, por la función que realizan y la supervisión especial que existe sobre ellas, es criticable que se haya dejado fuera a las sociedades colectivas y en comandita civiles.

El mismo mecanismo de formulario digital e incorporación al Registro electrónico rige para la modificación, transformación, fusión, división, terminación o disolución de cualquiera de estas personas jurídicas. También es posible el saneamiento de vicios de nulidad de que adolezca la constitución (arts. 16 y 17).

Hemos dicho que se trata de un régimen optativo y lo es incluso después de haberlo elegido. Es decir, las sociedades o empresas creadas bajo el sistema digital pueden “migrar” hacia el régimen del Registro de Comercio en papel; viceversa aquellas sociedades y empresas que hayan sido constituidas en el régimen tradicional pueden “migrar” hacia el sistema digital.

Debe tenerse en cuenta que muchos detalles de aplicación de la ley se entregan a un reglamento, y que la vigencia misma del nuevo sistema queda supeditada a la aprobación de éste. La aplicación del nuevo régimen a las sociedades en comandita comerciales se difiere incluso más: dos años después de la publicación de la ley (es decir, hasta el 8 de febrero de 2015). Es de esperar que el Reglamento se dicte a la mayor brevedad posible para que no suceda como en el caso de otras reformas legales que han quedado por largo tiempo en el limbo jurídico por falta del reglamento (como sucedió con la ley de prenda sin desplazamiento).

Como podrá observarse, la ley Nº 20.659 va mucho más allá de lo que era su objetivo inicial: posibilitar que se pueda constituir una sociedad en un día, para establecer todo un nuevo sistema de creación de personas jurídicas con fines de lucro que, aunque presenta riesgos –como todo cambio por lo demás–, puede representar un gran avance en el aprovechamiento de la tecnología digital en el Derecho privado. Es cierto que no es un ideal mantener dos sistemas paralelos que apuntan a lo mismo, pero ante la envergadura de la innovación puede estimarse que ha sido lo más prudente. Se podrá observar el funcionamiento del nuevo sistema y corregir sus posibles deficiencias, y al mismo tiempo, estudiar una reforma al entero sistema notarial y registral que incorpore las nuevas tecnologías informáticas. Así en el mediano plazo debería legislarse para establecer un sistema unificado para la creación, modificación y disolución de las personas jurídicas con fines de lucro, que conjugue adecuadamente flexibilidad y rapidez con certeza y fe pública.

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