¿Acusación constitucional o censura parlamentaria?

Esta semana fue presentado el escrito, firmado por diez diputados: Ricardo Rincón (DC), Sergio Aguiló (IC), Fidel Espinoza (PS), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Manuel Monsalve (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), Gabriel Silber (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind.), por el cual se propone que la Cámara apruebe una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación Harald Beyer, por las causales previstas en el art. 52 nº 2, letra b de la Carta Fundamental, en particular las de infringir la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución (Ver noticia con escrito).

El texto de la acusación se centra básicamente en la supuesta falta de fiscalización en que habría incurrido el Ministro sobre el “lucro” de algunas universidades, pero sus alegaciones no han sido compartidas por importantes líderes de la oposición. El ex ministro y actual precandidato a la presidencia, Andrés Velasco, habló de abuso constitucional.

En efecto, lo que parece suceder – en éste como en otras acusaciones anteriores propiciadas por la actual alianza oficialista– es que se confunde la institución del juicio constitucional contemplado en sistemas presidencialistas como el chileno y la moción de censura que es propia de los regímenes parlamentarios.

La moción de censura tiene por objeto que la Cámara baja declare formalmente, y por mayoría de sus integrantes, que el Primer Ministro o alguno de los miembros del gabinete está siguiendo una política o ha tomado una medida que no cuenta con la conformidad de ese cuerpo parlamentario. De allí que cuando se vota favorablemente una moción de censura, el Primer Ministro o miembro del gabinete cuestionado sea obligado a dimitir. Si se trata del Primer Ministro cae todo el gabinete y, en ocasiones, se disuelve la Cámara y se llama a elecciones anticipadas.

La acusación constitucional no es una moción de censura, porque opera en el ámbito de un sistema presidencial. En éste, los Ministros de Estado son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, de modo que el Congreso no puede destituirlos, aunque haya una mayoría importante contraria a sus modos de ejecutar las políticas gubernamentales. Sólo en los casos en que, al igual que otras altas autoridades del Estado (incluido el mismo Presidente de la República), incurran en una conducta gravemente ilícita, tipificada expresamente por la Constitución, pueden ser removidos, mediante la acusación y el juicio constitucional.

Aunque la expresión “infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución” podría interpretarse latamente para que se incluya cualquier actuación u omisión de un Ministro de Estado, es menester considerar el contexto normativo en el cual se encuentra y las otras conductas que son sancionables mediante este procedimiento: los Ministros de Estado pueden ser acusados “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”. Es decir, la infracción o la falta de ejecución de las leyes debe ser de una envergadura tal que sean análogos a comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación o a los delitos de traición, concusión, malversación y soborno.

Que no puede tratarse de una disconformidad política sobre el modo de ejecutar las leyes es claro, además, porque una vez aprobada la acusación en la Cámara, no por ello el Ministro debe dimitir (como en las mociones de censura), sino que debe resolver el Senado como jurado y declarar “si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa” (art. 53 Nº 1 Const.). La declaración de culpabilidad no sólo implica la remoción del funcionario, sino que la aplicación de otra sanción: inhabilidad para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el plazo de cinco años.

Más aún: esa sentencia tiene un efecto prejudicial respecto de procesos penales o civiles que deberían incoarse contra el destituido por la gravedad de las conductas que han sido comprobadas durante el juicio constitucional: “El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares”(art. 53 Nº 1 Const.).

Cabría preguntarse, en consecuencia, si las conductas que se están impugnando en la acusación son tan manifiestas, evidentes y graves como para que ameriten sancionar de este modo a Harald Beyer, impidiéndole realizar funciones públicas por cinco años y llevándolo a responder penal y civilmente por delitos o hechos ilícitos dañosos. Como no parece ser así, hay que concordar con Andrés Velasco en que se está abusando del texto constitucional, al tratar de convertir la acusación y el juicio que ella prevé en una moción de censura que no es propia de un régimen presidencial como el chileno.

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One Comment en “¿Acusación constitucional o censura parlamentaria?”


  1. […] No es raro que nuestra Constitución no regule ninguna forma de censura parlamentaria y, por el contrario, señale que el Presidente de la República puede nombrar y remover a su voluntad a los Ministros de Estado (art. 32 Nº 7). La acusación constitucional y el juicio político son instituciones diversas a la censura, como hemos tenido ocasión de precisarlo en este mismo medio (Ver post). […]


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