Destinación de bienes en caso de disolución de una corporación

La disolución de la Unión Sacerdotal del Amor Misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús, conformada como corporación de derecho privado sin fines de lucro por los sacerdotes que seguían al sancionado presbítero Fernando Karadima, planteó un problema jurídico respecto de los inmuebles que le pertenecían y que, según sus estatutos, en caso de disolución debían pasar al Arzobispado de Santiago.

La disolución se acordó en asamblea extraordinaria por los dos tercios de los asistentes y el acta de la sesión fue reducida a escritura pública. Se aplicó en consecuencia el art. 559 letra b del Código Civil (reformado por la ley Nº 20.500), que señala que la asociación se disolverá: “b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria…”. Dado el texto imperativo del precepto hay que concluir que la entidad queda disuelta por el hecho mismo del acuerdo adoptado por la asamblea, y que la inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro sólo tiene fines de publicidad.

Una vez disuelta la corporación (y también la fundación que, para estos efectos, se sigue por las mismas reglas), “se dispondrá de sus propiedades en la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos” (art. 561 del Código Civil). Esta norma es concordante con la del art. 548-2 letra f) del mismo Código que establece que los estatutos deben contener: “f) Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la persona jurídica, indicándose la institución sin fines de lucro a la cual pasarán sus bienes en este último evento”.

Esto se cumplía en los estatutos de la Unión Sacerdotal ya que se indicaba que sus bienes, en caso de disolución, debían pasar al Arzobispado de Santiago que es una persona jurídica de derecho canónico pero reconocida por el ordenamiento civil conforme al art. 547 inc. 2º del Código Civil y el art. 20 de la ley Nº 19.638, Ley de cultos. ¿Pero cómo opera este traspaso de bienes cuando se trata de inmuebles? Es necesario que se cancele la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces a nombre de la corporación extinta y se practique una nueva inscripción de dominio a favor del Arzobispado de Santiago.

Al parecer ante la resistencia del Conservador de Bienes Raíces de practicar la inscripción con el sólo mérito del acta de disolución reducida a escritura pública, por entender que alguna autoridad pública debía certificar la disolución de la persona jurídica y el traspaso de sus bienes, el Arzobispado de Santiago consultó a la Contraloría General de la República cuál sería la autoridad competente para realizar tal actuación. La consulta fue resuelta por el dictamen Nº 19323, de 1 de abril de 2013, en el que se deja constancia de la respuesta que dieron el Ministerio de Justicia y el Servicio de Registro Civil sobre el problema. El Ministerio informó que, después de la reforma de la ley Nº 20.500, no tenía ninguna atribución para intervenir en la disolución de una corporación ni en el traspaso de sus bienes; el Registro Civil, en cambio, fue del parecer de que en ausencia de norma expresa tal cometido debería ser cumplido por el secretario municipal que, después de la reforma, es el funcionario público encargado de revisar los antecedentes de la constitución y disolución de estas personas jurídicas. La Contraloría rechazó este planteamiento: se funda en que el principio de juridicidad que rige el actuar de los órganos administrativos impide reconocer al secretario municipal una competencia que la ley no le atribuyó en forma expresa. Concluye que no hay autoridad pública encargada de constatar la disolución ni de disponer el traspaso de los bienes, de modo que debe cumplirse directamente lo que se estipuló en los estatutos: “En mérito a lo expuesto, en lo que se refiere a la disposición de los bienes que pertenecieron a la disuelta corporación Unión Sacerdotal del Amor Misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús, debe estarse a lo que sus estatutos señalen, sin que sea procedente un pronunciamiento especial por parte de ninguna autoridad administrativa, ya que en la especie, el destinatario se encuentra debidamente individualizado” (Ver texto de dictamen).

Opinamos que la Contraloría ha resuelto acertadamente la cuestión. El Conservador de Bienes Raíces debería proceder a hacer la nueva inscripción a nombre del destinatario de los bienes y, como consecuencia, a cancelar la inscripción anterior, sobre la base de copia de los estatutos y del acta de la sesión en la cual se acordó la disolución.

Debe señalarse, sin embargo, que el profesor Alejandro Guzmán Brito ha escrito que en este caso el modo de adquirir que opera es la tradición, cuyo título sería una convención de pago de una obligación establecida en la ley (cfr. Alejandro Guzmán Brito, “El destino de los bienes pertenecientes a una persona jurídica sin fines de lucro en el evento de su disolución” en Elorriaga, Fabián (edit.), Estudios de Derecho Civil VII, AbeledoPerrot, Santiago, 2012, pp. 223 y ss.). En su opinión, los representantes legales de la corporación, después del acuerdo de disolución deberían hacer tradición de los bienes al destinatario. Para ello sostiene que el simple acuerdo, pese al texto del art. 559 del Código Civil, no produce la disolución de la persona jurídica sino su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Siguiendo su doctrina, aunque él no lo llega a explicitar de este modo, los representantes de la corporación y el destinatario deberían convenir un acta de entrega del bien raíz, otorgada por escritura pública, y con ese antecedente deberían requerir la inscripción en el Conservador, inscripción que tendría el carácter de tradición.

Nos parece que esto tiene muchos inconvenientes prácticos, sobre todo cuando los representantes de la entidad fenecida no se avienen a otorgar el acta de entrega ni a requerir la inscripción conservatoria. Más problemas puede haber si la disolución se produce por causales distintas al acuerdo de los asociados (por ejemplo, como sanción por sentencia judicial).

A nuestro juicio,  la expresión del art. 548-2 letra f del Código Civil en cuanto a que los bienes “pasarán” al destinatario es suficientemente clara para concluir que la adquisición del dominio no necesita de ningún acto de tradición que, por lo demás, se hace imposible al tener la transferencia de bienes como supuesto la extinción de la persona jurídica que debería ser la tradente. Es la misma ley la que opera directamente la adquisición del dominio en este caso. Los bienes, en virtud de la ley como modo de adquirir, al extinguirse su anterior dueño pasan a ser inmediatamente del destinatario, quien podrá desde la misma disolución de la entidad ejercer las acciones propietarias. Basta, por tanto, acreditar ante el Conservador, mediante los documentos idóneos, que se ha producido la disolución y que los estatutos designan a un destinatario determinado, sea persona natural o jurídica, para que se proceda a inscribir los bienes raíces a nombre de este último en el Registro de Propiedad. Esta inscripción no constituye tradición, sino que una formalidad de publicidad del dominio transferido por la ley como modo de adquirir.

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2 comentarios en “Destinación de bienes en caso de disolución de una corporación”

  1. Mauro Dellafiori Says:

    Completamente de acuerdo. Se podría precisar, además- según mi parecer- que en el evento que la disolución de la corporación proceda por sentencia judicial (procedimiento breve y sumario, iniciado por consejo de defensa del estado. Por ejemplo, en hipótesis que corporación haya realizado íntegramente su fin o por el contrario, éste haya sido imposible de realizar) o bien, que proceda por haberse cumplido el plazo relativo a su duración (si lo hubiere), las medidas de publicidad serán las mismas : a) será menester acompañar copia autorizada de la sentencia al Servicio Registro Civil para practicar la respectiva inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y, siguiendo su postura, b) será necesario inscribir dicha sentencia en el Conservador competente en el evento que dicho “traspaso” comprenda bienes raíces (y así también, se manifiestan diversos principios que rigen en nuestro sistema: mantener la historia de la propiedad raíz, libre circulación de los bienes, Etc.)
    Por tanto, no cabe duda que el modo de adquirir es la Ley (artículo 548-2 letra f). Las posteriores inscripciones NO constituyen tradición-no puede ser de otra manera, operarían dos modos de adquirir-.
    Saludos.

    • hcorralt Says:

      Coincido con el análisis sobre la disolución por sentencia. Le agradezco la colaboración que quedará disponible en el blog para utilidad de sus lectores.


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