La paradoja del infanticidio: a propósito del asesinato del niño por la secta de Colliguay

Los comentaristas de noticias han dicho que se trata de uno de los crímenes más horrendos cometidos en el país, y no les falta razón. Según las primeras pesquisas, en el seno de la secta dirigida por Ramón Castillo Gaete, que se hacía llamar “Antares de la luz”,  y que se instaló en un fundo de la localidad de Colliguay, el 23 de noviembre de 2012 se habría producido el sacrificio de un niño recién nacido, al que se arrojó dentro de una fosa excavada en el suelo donde se había preparado una hoguera. El niño había nacido 2 días antes: el 21 de noviembre, y era hijo del mismo Castillo y de una las mujeres integrantes de la secta,  que presenció y participó en el macabro ritual.  Invocando su propia divinidad, el funesto líder había convencido a sus seguidores de que el niño era el anticristo y que debía morir para salvar al mundo de la destrucción que tendría lugar el 21 de diciembre de 2012. La madre, y varios de los partícipes, se encuentran detenidos. Ramón Castillo viajó hasta el Cusco y, al parecer, al verse sin escapatoria posible se habría suicidado el miércoles 1º de mayo en esa ciudad peruana.

Para determinar el delito cometido y la pena que puede ser aplicable, –dejando fuera al padre, que ha fallecido–, hay que tener en cuenta el parentesco y la edad de la víctima. En principio, los que participaron en el hecho sin tener vínculos de parentesco con el menor podrán ser inculpados de homicidio calificado ya sea por considerarse que la muerte fue cometida con ensañamiento o premeditación o con ambas circunstancias calificantes (art. 391 Nº 1º del Código Penal). Para estimar la conducta de la madre que mata al propio hijo, hay que distinguir la edad del menor: si el niño fue asesinado dentro de las 48 horas después del parto, ella será culpable de infanticidio, según el art. 393 del Código Penal: “Cometen infanticidio del padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las cuarenta ocho horas después del parto, matan al hijo o descendiente…”. En cambio, si el niño muere después de las 48 horas posteriores al nacimiento, el tipo aplicable es el de parricidio: “El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo…” (art. 390 del Código Penal).

Lo desconcertante es que, contra lo que pudiera parecer, el infanticidio tiene una pena bastante más reducida que la del parricidio e incluso que la del homicidio calificado. El parricida puede ser condenado con presidio mayor en su grado máximo (15 años y 1 día a 20 años) a presidio perpetuo calificado; el homicida calificado puede ser sancionado con una pena que puede ir de presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años) a presidio perpetuo. El infanticida, curiosamente, merece una pena menor, que va de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, esto es de 5 años y 1 día a 15 años.

¿Cuál es la razón por la cual el padre o madre que mata a una criatura de 48 horas es tratado por la ley más benévolamente que si asesina a un hijo de 3 o más días? Se  piensa que los motivos son históricos porque la disposición del infanticidio fue tomada del Código Penal español de 1848 que se fundaba en que las madres de hijos ilegítimos se veían impulsadas a darles muerte para “resguardar su honra”. Pero esta razón fue considerada impresentable ya en 1874 durante la discusión de nuestro Código en el Congreso. Además, la norma del Código Penal chileno no exige esa motivación y extiende su cobertura privilegiada al padre y a los ascendientes del niño. En alternativa se esgrime que el legislador ha tenido en cuenta el estado psicológico alterado que puede tener la madre después del parto, pero nuevamente esto no explica la extensión del tipo a los demás parientes, ni tampoco que no se tenga que probar que esa alteración haya concurrido efectivamente en los hechos. Si hubiera sucedido algo semejante no habría problemas para aplicar a la madre una eximente o atenuante de responsabilidad penal; pero tal eventualidad no justifica una figura delictiva propia con pena más baja sólo porque el hijo o descendiente es especialmente vulnerable. En definitiva, no hay forma racional para fundamentar el infanticidio como figura penal privilegiada, como no sea la “idea de que el que no ha cumplido cuarenta y ocho horas de edad es menos digno de protección contra sus parientes homicidas que el mayor de esa edad, posición que ciertamente no se justifica” (Etcheberry, Alfredo, Derecho penal. Parte especial, Edit. Jurídica de Chile, 3ª edic., Santiago, 2005, t. III, pp. 77-78).

En el caso de la secta de Colliguay la cuestión podría complicarse si se estima que no sólo el pariente se ve favorecido por el tipo privilegiado por el infanticidio sino también sus copartícipes. Hay algunos penalistas que piensan que el privilegio se “comunica” a los que participan como coautores (cfr. Politoff, S.; Matus, J. P y Ramírez, M. C., Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte especial, 2ª edic. actualizada, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2006, pp. 83-84). Si fuera así, estos copartícipes, (llamados en la técnica penal extraneus), dejarían de ser imputables por homicidio calificado y deberían ser encausados por infanticidio, aprovechándose de una pena menor.

Al parecer el Ministerio Público ha intentado evitar que se produzca esta distorsión asumiendo que el niño murió después de las 48 horas del parto. Por eso se explica que haya imputado a la madre no el infanticidio, sino el delito de parricidio y a los copartícipes el de homicidio calificado. Habrá que ver cómo se prueba la hora del parto y la del asesinato, y si se logra escapar, por esta vía, de la incoherencia punitiva que introduce la figura del infanticidio.

Aunque ello se logre en el caso, la incongruencia normativa se mantiene. Es cierto que se han presentado varios proyectos de ley para suprimir o modificar el tipo penal del infanticidio. La mayoría pretende que el infanticidio, con pena privilegiada, se restrinja a la madre que da muerte al recién nacido. En nuestra opinión, el tipo penal debería suprimirse completamente, porque, como señalábamos, si la madre da muerte al niño recién nacido por algún trastorno psicológico derivado del parto ello debiera ser probado en el proceso y configurar una eximente o atenuante del delito de parricidio que es el que realmente corresponde aplicar por la gravedad de la lesión al bien jurídico de la vida humana. No alcanzamos a visualizar por qué la vida del niño de hasta 48 horas sería menos valorada jurídicamente justamente respecto de quienes, como la madre, tienen el deber primario de custodiar su integridad.

Esperemos que la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización del Código Penal, designada en marzo de 2013, pueda incluir en sus estudios este problema que, subsiste en nuestro ordenamiento jurídico pese a las críticas prácticamente de toda la doctrina especializada, y lo resuelva proponiendo simplemente la eliminación del infanticidio como homicidio privilegiado.

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4 comentarios en “La paradoja del infanticidio: a propósito del asesinato del niño por la secta de Colliguay”


  1. Gran columna profesor.

    El único reproche es que el formato no se aviene con lectores de blog como feedly, obligándome a dirigirme a este enlace para ver el artículo completo. Algo muy fácil de corregir y que mejoraría sustancialmente la experiencia en su blog.

  2. Andrés Covarrubias Says:

    Buena columna, en cuanto al tema que se quiere evidenciar (falta de justificación racional en la penalidad del delito de infanticidio).
    En el caso concreto de la secta de Colliguay, no obstante, resulta tan evidente la necesidad de analizar aspectos subjetivos del tipo penal (que podrían llevar incluso a una sentencia absolutoria), que -al no incluirlos-, la columna aparece incompleta.
    En definitiva (y al margen de las penas establecidas para el infanticidio y/o el homicidio calificado), en materia penal sancionamos una conducta, no por lo horrendas que puedan parecernos a nosotros (lo cual sabemos que es cambiante según las culturas y la época histórica), sino por el hecho de que una persona, concientemente, perpetre el tipo penal. Si en este caso se logra probar que los perpetradores del hecho estaban convencidos de estar prestando un servicio a la humanidad, y eliminando al Anticristo para que el mundo no se terminara el 21 de diciembre, no cabría sino absolver y aplicar alguna medida de seguridad a cargo de una institución psiquiátrica.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario. Efectivamente la posibilidad de aplicar una pena depende de que no haya alguna causal de exculpación, pero esto sólo puede determinarse después de que se presenten las pruebas sobre las posibles circunstancias exculpantes. El análisis de la columna pretende poner en discusión la incoherencia legislativa del infanticidio, suponiendo que concurre en el delito la culpabilidad, que en principio se presume salvo prueba en contrario. Me parece inverosímil que todos los participantes del acto hayan estado en tal estado de enajenación mental como para creer que estaban salvando el mundo sacrificando una criatura apenas nacida.


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