Profanación

El 25 de julio, día en que el calendario litúrgico católico recuerda a Santiago Apóstol, se celebraba en la Catedral Metropolitana una misa solemne, presidida por el Arzobispo Ezzati y con la asistencia de autoridades nacionales y municipales, entre ellas la Alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, para festejar al patrono de la ciudad capital a quien Pedro de Valdivia le diera el nombre de Santiago del Nuevo Extremo. El acto de culto se vio interrumpido por un grupo de personas que participaban en una marcha a favor de la legalización del aborto que ingresó al templo con lienzos, pancartas y gritos y procedieron a hacer rayados en las puertas, paredes, uno de los altares laterales con cubierta de mármol, destruyeron un confesionario y dañaron varias bancas en el intento de sacarlas al exterior para prenderles fuego, lo que fue impedido por los fieles.

Se trató de un atentado que merece el nombre de profanación. Según el Diccionario de la Real Academia profanar consiste en “tratar algo sagrado sin el debido respeto”. Así lo comprendió la Alcaldesa Tohá: “fue un hecho agresivo –declaró a los medios–, una profunda falta de respeto hacia las personas que estaban allí. Yo estaba presente porque era la Conmemoración del Apóstol Santiago, no soy creyente, pero sentí que las personas que estaban en la iglesia estaban siendo agredidas de una forma gratuita que no es aceptable”.

Más allá de la importancia histórica del templo, se trataba un recinto sagrado, dedicado a Dios, lo que exige respeto también por los no creyentes o fieles de otra fe religiosa. Como lo sería una sinagoga, una iglesia evangélica, una mezquita o un templo masónico.

El delito de profanación está previsto en el Código de Derecho Canónico, según el cual “quien profana una cosa sagrada, mueble o inmueble, debe ser castigado con una pena justa” (c. 1376). Se entiende por cosas sagradas las cosas dedicadas al culto divino que han sido dedicadas o consagradas canónicamente. La Catedral, sus altares, el confesionario, son cosas sagradas, y esta cualidad es reconocida por el Código Civil: “Las cosas que han sido consagradas para el culto divino, se regirán por el derecho canónico” (art. 586).

En nuestro ordenamiento penal se suele hablar de profanación de tumbas para el delito previsto en el art. 321 del Código Penal y que consiste en violar los sepulcros o sepulturas practicando cualquier acto que tienda directamente a faltar al respeto debido a la memoria de los muertos. Pero existen otras figuras delictivas que se aplicarían a las ceremonias religiosas y a los objetos de culto. En primer lugar, el art. 139 Nº 1 del Código Penal sanciona a “los que con tumulto o desorden hubieren impedido, retardado o interrumpido el ejercicio de un culto que se practicaba en lugar destinado a él…”. El Nº 2 del mismo precepto castiga a “los que con acciones, palabras o amenazas ultrajaren los objetos de un culto, sea en los lugares destinados a él o que sirven habitualmente para su ejercicio, sea en las ceremonias públicas de ese mismo culto”. Es importante destacar que estos delitos están insertos en el título “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”, de modo que el bien jurídico protegido es justamente la libertad de profesar una confesión religiosa, cualquiera que ella sea. Es errónea, por tanto, la interpretación defendida por algunos profesores en cartas al Mercurio según la cual la libertad de expresión justificaría la irrupción de los manifestantes y la interrupción de culto, siendo lo único reprochable los daños causados a la propiedad, pero en cuanto cosas simples y no de significación religiosa.

A nuestro juicio, en el asalto a la catedral se cometieron los dos delitos: la interrupción del ejercicio de un culto que se practicaba en un lugar destinado a él (la Catedral) y el ultraje con acciones y palabras a los objetos de un culto, aunque puede que en el ultraje a cosas sagradas hayan participado menos personas. En este caso se daría lo que los penalistas llaman un concurso material de delitos, ya que se trata de acciones distintas, de modo que los responsables de ambas conductas deberían ser sancionadas dos veces con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias.

Pero a estos delitos podría añadirse el de daño calificado del art. 485 Nº 7 del Código Penal que sanciona con pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias a los que causen daño superior a 40 unidades tributarias mensuales “en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos”. En el caso, es claro que se trataba de un monumento y algunos de los objetos dañados pueden ser considerados objetos de arte colocado en edificio público. Pero recuérdese que la Catedral es un monumento nacional histórico (Decreto Nº 5058, Ministerio de Educación, de 6 de julio de 1951), por lo que procedería aplicar el art. 38 de la ley Nº 17.288, de 1970, que dispone que “el que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales”. No nos pronunciaremos sobre si hay concurso ideal de delitos o concurso aparente de leyes penales, porque eso seguramente será parte de la controversia judicial suscitada por la querella presentada por el Arzobispado de Santiago.

Pero sí nos parece interesante reflexionar sobre la posibilidad de añadir a dicha acción penal una acción civil de indemnización de perjuicios. Obviamente que procederá la indemnización del daño material provocado en los muros de la Catedral y en los objetos de culto (el costo de su reparación, limpieza, etc.), pero es más dudoso si procede que la persona jurídica, la diócesis de Santiago, pudiera pedir reparación de perjuicios extrapatrimoniales, lo que usualmente llamamos daño moral. Una idea restrictiva del daño moral que lo identifica con el dolor físico o psíquico ha llevado a cierta jurisprudencia a rechazar que una persona jurídica pueda demandar perjuicios por daño moral no tiene sentimientos ni puede padecer dolor. Pero esta visión restrictiva del daño moral está ya abandonada en el derecho civil moderno, y se impone, en cambio, una concepción que lo amplía a todas las consecuencias gravosas que se producen por una lesión injustificada de un derecho de la personalidad, como la libertad religiosa, el honor, la intimidad o la imagen. En esta visión más integral, no puede descartarse a priori que una persona jurídica pueda pedir reparación de un daño moral. El problema aquí es que no debiera identificarse daño con vulneración del derecho. Es claro que en el caso de la profanación de la Catedral hubo una lesión de un derecho constitucional a la honra y, por sobre todo, al ejercicio libre del culto, no sólo de los individuos que asistían a la misa, sino de la persona jurídica de la Iglesia local (diócesis de Santiago). Pero para que ésta pueda reclamar perjuicios debería acreditarse que esa violación de derechos le produjo un daño efectivo y cierto, en su prestigio o consideración social. Pareciera que justamente por lo brutal e irracional del ataque, eso no se produjo. De allí que pensamos que, al menos con los antecedentes que han aportado los medios de prensa, no sería procedente en este caso la indemnización de perjuicios morales. Recuérdese siempre que la responsabilidad civil no tiene por misión sancionar el dolo o la culpa, por graves que sean (para eso está la responsabilidad penal), sino reparar o indemnizar el daño causado. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil.

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2 comentarios en “Profanación”

  1. Margaret N. Foster Says:

    Sr. Corral:- He leído su artículo en “Viva-Chile” y he sentido vergüenza ajena.- Lo más triste, señor, es que en mi amadao país, están copiando todos los “malos hábitos” de los españoles.- Espero seguir leyendo artículos suyos.- Un cordial saludo desde España.


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