El Colegio de Abogados ante el 11 de septiembre de 1973

A la multitud de antecedentes, opiniones e informaciones que se han dado con motivo de los 40 años desde que las Fuerzas Armadas y Carabineros pusieran término al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, nos parece útil añadir algo sobre el rol que jugó en esos momentos el Colegio de Abogados de Chile, cuyo presidente era el respetado jurista y profesor de Derecho Constitucional Alejandro Silva Bascuñán, que falleció justamente en la madrugada de este 11 de septiembre de 2013.

Debe considerarse que, junto con la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, a través de su Consejo, hizo presente de manera pública y con gran fuerza que el gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende no estaba respetando la legalidad y el Estado de Derecho. Ya en octubre de 1972, el Consejo del Colegio acordó que “en presencia de la quiebra del Estado de Derecho que sufre el país” se instruía a sus colegiados a paralizar sus actividades profesionales (sesión de 17 de octubre de 1972). El paro se mantuvo hasta el 6 de noviembre. Algunos abogados funcionarios de la Administración que adhirieron a la huelga fueron sumariados, y el Colegio de Abogados hizo una presentación a la Contraloría General de la República defendiendo su decisión de privilegiar las instrucciones de la orden gremial por sobre los deberes funcionarios (Oficio del Presidente del Colegio de Abogados al Contralor General de 22 de noviembre de 1972).

En agosto de 1973, el Consejo General del Colegio emitió un informe jurídico sobre la posibilidad de considerar que el Presidente de la República se encontraba impedido de desempeñar su cargo conforme al art. 43 Nº 4 de la entonces vigente Constitución Política. En él se da cuenta que, aunque el Presidente haya declarado su intención de transitar a la sociedad socialista respetando la institucionalidad vigente, en los hechos se ve que ello no le es posible: “Y no se trata, por cierto, – se declara– de atribuir al señor Presidente de la República una dañina intención, sino de confrontar el hecho de que parece haber incompatibilidad entre el marco institucional en que debe encuadrar sus funciones y los actos que se ve obligado a realizar en el esquema programativo de su gobierno”. El informe concluye que las circunstancias reseñadas crean impedimentos que dificultan el desempeño del Presidente de la República, pero que corresponde al Congreso resolver si dichos impedimentos revisten el carácter que exige la Constitución para su destitución (Informe de 29 de agosto de 1973).

Producida la intervención armada el 11 de septiembre, el Presidente del Colegio, Alejandro Silva Bascuñán emite una extensa declaración, junto al Secretario accidental, Santiago Santa Cruz, para informar la exactitud de la realidad de lo acontecido a sus colegas del exterior. El documento es de octubre de 1973 y en él se señala que el Colegio tiene autoridad para referirse a los hechos, no sólo por la índole de sus funciones, sino porque “le ha correspondido intervención muy decisiva en el resguardo de los derechos humanos y en general del Estado de Derecho”. Hace ver cómo la asunción de Salvador Allende al gobierno fue teñida por el engaño, ya que al contar sólo con mayoría relativa en la elección presidencial (36% de los votos), y necesitar del apoyo del Congreso, ante su condición de marxista leninista confeso, se le exigió aprobar una reforma constitucional que fijase la misión de las Fuerzas Armadas y reconociese los derechos fundamentales de la persona humana. Así se hizo, pero a poco de haber asumido la Presidencia, el señor Allende confesó al periodista Regis Debray que “su adhesión a las exigencias constitucionales había sido una táctica para obtener el mando supremo de la nación”. Así –prosigue el documento–, se puede explicar que se fuesen cometiendo, primero de modo encubierto y después burdamente, violaciones y atropellos al sistema institucional que se había prometido respetar. Sin poder enumerar todas las infracciones a la juridicidad, se menciona la política de los “resquicios legales”, la negativa del Presidente a promulgar una reforma constitucional aprobada por el Congreso, la queja sostenida de la Corte Suprema por el no acatamiento de las resoluciones judiciales, y la falta de respeto a la Contraloría General de la República cuyos dictámenes y resoluciones se eludían en la práctica. Se añade que el orden público estaba amenazado, que organizaciones paramilitares armadas contaban con el beneplácito del gobierno, que la situación económica era caótica y desoladora, así como que “el relajamiento, la anarquía y la inmoralidad se hacían intolerables”. Se da cuenta de que el Colegio de Abogados por numerosos acuerdos de su Consejo hizo ver las transgresiones al orden jurídico que diariamente se cometían o se toleraban por los representantes del Poder Ejecutivo, llegando a la inédita medida, en octubre de 1972 y luego en la víspera de la caída del gobierno, de decretar un paro de actividades de todos los abogados del país.

Se sostiene que el Presidente Allende, habiendo asumido legítimamente el poder, había incurrido en ilegitimidad de ejercicio: “Se diría, empleando los términos de la filosofía tradicional, que no fue un ‘usurpador’, pero llegó a ser un ‘tirano de régimen’”. De esta manera –se afirma– no cabe atribuir a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas “una intención facista o la pequeñez de un simple cuartelazo”, sino que el ejercicio del derecho a rebelión. Se analizan los requisitos de la doctrina tomista sobre este derecho, además de la ilegitimidad del poder vigente: que sea el único medio para obtener su reemplazo; que pueda preverse que la rebelión no desencadenará peores males sobre la comunidad; una razonable probabilidad de éxito y que la autoridad que advenga dé garantías de ser ella legítima en su ejercicio y promover el bien común. Se concluye que todos ellos han concurrido en el caso, notando que “se habrían evitado aun los hechos dolorosos del asedio al Palacio de Gobierno, si el señor Allende no se hubiese obstinado hasta el suicidio en una resistencia inútil”.

El documento constata que “frente a una situación realmente insoportable y ante la imposibilidad de encontrar una salida política a la encrucijada y una rápida solución jurídica al diferendo constitucional, las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile creyeron de su deber poner en ejercicio sus atribuciones de guardadores de la seguridad interna y exterior de la Nación. El 11 de septiembre de 1973 pusieron término a un gobierno que verdaderamente se había hecho ilegítimo por sus excesos y atropellos…”.

Se deja constancia también que la transitoriedad del gobierno que asume es una condición para justificar su existencia, y que por ello la junta militar ha declarado que la plena normalidad institucional volverá a imperar tan pronto como las circunstancias lo hagan aconsejable.

El texto concluye: “Por todos los antecedentes y consideraciones que se acaban de exponer, el Colegio de Abogados ha prestado su patriótica adhesión al nuevo Gobierno y le ha ofrecido toda la colaboración técnica que le pueda ser requerida”(ver texto de Declaración).

Cumpliendo este último ofrecimiento, el mismo Alejandro Silva Bascuñán aceptó intengrar la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, conocida como Comisión Ortúzar.

La evolución posterior del gobierno surgido el 11 de septiembre de 1973 llevó a que muchos que inicialmente habían adherido a su instalación se convirtieran en opositores. Así sucedió con el mismo Alejandro Silva, que renunció a la Comisión Ortúzar en 1977, y más tarde integró el llamado “Grupo de los 24”, que elaboró un informe de reforma constitucional alternativo a la Constitución de 1980.

Pero ese cambio de criterio no impide constatar cómo vieron ellos tanto el gobierno de Salvador Allende, como su caída y el advenimiento de las Fuerzas Armadas al poder. Sólo a través de los ojos de los protagonistas de ese difícil tiempo, puede hacerse una valoración más objetiva y ponderada de las razones de la ruptura democrática que el país sufrió hace cuatro décadas.

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2 comentarios en “El Colegio de Abogados ante el 11 de septiembre de 1973”

  1. Roberto Rodríguez V Says:

    Interesante artículo, muy representativo de lo que producto de las circunstancias políticas y sociales determinaron la gran mayoría de los Abogados de la época, determinación expresada en la declaración hecha por el que por entonces era presidente del colegio Don Alejandro Silva Bascuñan que en paz descanse.
    Es una lástima que luego muchas personas se arrepintieran de su posición en consideración a que la junta no respeto uno de las condiciones que Santo Tomás señala en su doctrina del derecho a la rebelión “que la rebelión no desencadene en peores males”, sin embargo otros muchos buenos frutos resultaron de el proceso político y económico que se vivió en el país luego del 11 de septiembre de 1973.
    Muy interesante artículo.
    Saludos,


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