Incendio en el Teatro Municipal y el riesgo en una compraventa de vestuario artístico

El lamentable incendio en dependencias del Teatro Municipal de Santiago, ocurrido el pasado lunes 18 de noviembre, produjo la pérdida de dos producciones y media de vestuarios de ballet, entre ellas la de Mayerling que, según informó Andrés Rodríguez, el director general del Teatro Municipal, había sido vendida al teatro de Houston en Estados Unidos.

Ignoramos los detalles de la venta, pero podemos hacer algunas reflexiones sobre ella, poniéndonos en algunos supuestos. Uno de ellos sería que el incendio se produjo por caso fortuito y sin negligencia de la Corporación Cultural de Santiago, que administra el Teatro. Si es así, tenemos un contrato de compraventa, suponemos ya perfeccionado por el acuerdo de las partes sobre la cosa vendida (el vestuario de Mayerling) y el precio; estando pendiente la entrega de la cosa ésta perece por caso fortuito. No hay duda que, en tal supuesto, el vendedor queda exonerado de entregar la cosa, ya que su obligación se extingue por la causal “pérdida de la cosa que se debe” (cfr. arts. 1567 Nº 7 y 1670 del Código Civil). Pero, ¿qué sucede con la obligación recíproca del comprador de pagar el precio? Arribamos aquí a la clásica –y no siempre bien comprendida–, cuestión del riesgo del contrato. Si decimos que la obligación del comprador de pagar el precio subsiste, a pesar de que no recibir la cosa que esperaba adquirir, el riesgo del cuerpo cierto recae sobre él. Si en cambio sostenemos que, al extinguirse la obligación del vendedor por perecer la cosa sin culpa de su parte, el comprador también queda liberado de pagar el precio, afirmaremos que el riesgo es soportado por el vendedor. En términos más generales, y tomando en cuenta las posiciones de las partes respecto de la obligación de entregar la cosa, se considera que en el primer supuesto (subsistencia de la obligación recíproca) el riesgo es del acreedor (acreedor de la obligación extiguida, aunque deudor de la que se conserva); en el segundo supuesto, el riesgo es del deudor (deudor de la obligación de entregar la cosa, aunque acreedor de la obligación recíproca).

¿Cuál es la solución que da nuestro Código Civil a este problema jurídico? Según el art. 1550, el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se debe es del acreedor; es decir, éste último no recibe la cosa debida pero debe cumplir con su propia obligación. La norma es reafirmada por el art. 1820 en materia de compraventa: “La pérdida… de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa…”.

Esta regla ha suscitado muchas críticas en nuestra doctrina que estima que don Andrés Bello la tomó del Código Civil napoleónico sin tener en cuenta que en el sistema francés el contrato produce directamente la transferencia del dominio, y por tanto allí es coherente que el riesgo del cuerpo cierto sea asumido por el comprador porque desde el contrato es dueño de la cosa. Esto no sucede en el sistema chileno, organizado bajo la dualidad de título y modo; acá mientras no se realice la tradición (por la entrega real o ficta) el dominio permanece en el vendedor y el comprador sólo tiene un derecho personal o de crédito para exigir la entrega. En verdad es dudoso que Bello no haya advertido esta diferencia; la adopción de la regla parece deberse simplemente a la reciprocidad de las obligaciones en un contrato bilateral. Pero las críticas son justificadas porque no resulta razonable ni justo que el comprador se quede sin la cosa comprada y deba además pagar la totalidad del precio. Así, en este caso, la Corporación Cultural de Santiago podría exigir al Teatro de Houston que le pagara el precio del vestuario del ballet Mayerling sin entregar nada a cambio, y alegando que dichas especies perecieron por caso fortuito.

Pero la solución puede ser diversa si se considera que lo más probable es que esta compraventa no se rija por las disposiciones del Derecho privado chileno, sino por la ley que se haya pactado en el contrato o, en su defecto, por la Convención sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, la llamada Convención de Viena (por la ciudad donde fue aprobada en 1980).  Según el art. 1º de este tratado, la convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos es Estados diferentes, cuando estos sean Estados contratantes. Pues bien, tanto Chile como Estados Unidos tienen esta calidad, ya que ambos han ratificado la convención. Se podría pensar que una compraventa que no se realiza entre empresas comerciales sino más bien culturales y artísticas quedaría excluida de esta normativa, pero no es así: el mismo art. 1 en su párrafo 3 dispone que para determinar la aplicación de la convención no se tendrá en cuenta el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Tampoco el vestuario para obras artísticas está dentro del listado de mercaderías excluidas por el art. 2.

Si la Convención resulta aplicable, entonces la cuestión del riesgo debe ser regida por los arts. 66 a 70 de este instrumento internacional. La regla general aquí es que el riesgo es del comprador no desde que se perfecciona el contrato sino desde que se hace cargo de las mercaderías o, si no lo hace a su debido tiempo, desde el momento en que las mercaderías se ponen a su disposición (art. 69.1). Si el contrato implica el transporte de las mercaderías y el vendedor no está obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo pasa al comprador en el momento en que las mercaderías se ponen en poder del primer porteador para que las traslade al comprador. Si el vendedor está obligado a poner las mercaderías en poder de un porteador en un lugar determinado, el riesgo pasa al comprador cuando las mercaderías se ponen en ese lugar (art. 67.1).

Ninguna de estas circunstancias se han cumplido en nuestro caso, de modo que, conforme a la Convención de Viena, al haberse destruido completamente el vestuario del ballet Mayerling vendido al Teatro de Houston, el riesgo deberá soportarlo el vendedor, es decir, la Corporación Cultural de Santiago. Perderá la mercadería vendida y no podrá exigir el precio que se haya pactado por ella.

Con todo, hay que destacar que la misma Convención permite que las partes puedan excluir la aplicación de sus normas, establecer excepciones o modificar sus efectos (art. 6). Si fuera así en el caso, podría cambiar el criterio sobre cuál de las partes debe soportar el riesgo del contrato.

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