Responsabilidad civil del Estado por muerte en tsunami

El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de diciembre de 2013, acaparó los titulares de diarios y noticieros de radio y televisión. Por primera vez los tribunales atribuían responsabilidad al Estado por la errónea información proporcionada a la población en la madrugada del 27 de febrero de 2010, después del terremoto que asolara el país, en cuanto a la posibilidad de que en las horas siguientes se produjera un tsunami o maremoto.

La sentencia se pronuncia sobre un recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado la acción interpuesta contra el Fisco.

El caso versa sobre la muerte de Mario Ovando Garcés, quien falleció el 2 de marzo de 2010 en el Hospital Las Higueras de Talcahuano después de haber sufrido los efectos del tsunami y a causa de la gran cantidad de barro que se depositó en sus pulmones. La cónyuge del fallecido, los tres hijos del matrimonio y uno de sus nietos, demandan al Fisco por responsabilidad por falta de servicio y piden que se les indemnice el daño moral sufrido a consecuencia de la muerte de su marido, padre y abuelo. Se alega que el Estado incurrió en falta de servicio que se concreta en la intervención del Intendente de la Región del Bío Bío en una emisora radial a las 5:19 horas del 27 de febrero en la que afirmó que no existía riesgo de maremoto y llamó a las personas a mantenerse en sus casas. Los demandantes señalan que junto con el fallecido escucharon en una radio a pilas esa intervención y confiando en ella permanecieron en las afueras de su hogar situado en el pasaje Manuel Bayón 275 de la Población Santa Clara de Talcahuano. No obstante, el maremoto se produjo y entre las 5:50 y 6:00 llegó a la zona de Talcahuano su ola más destructiva. El pasaje quedó indundado hasta los dos metros de altura, pudiendo salvarse en condiciones adversas, salvo el jefe del hogar que falleció poco después en el Hospital Las Higueras.

El juez de primera instancia y la Corte de Apelaciones determinaron que, si bien había existido falta de servicio en la errónea información proporcionada por la autoridad, no se había acreditado la relación de causalidad entre ella y la muerte de la víctima directa. La falta de causalidad se basó en que ambos tribunales estimaron que los demandantes no acreditaron que el Sr. Ovando hubiera escuchado la declaración del Intendente ni que hubiera estado físicamente en el pasaje afectado por el tsunami en las horas en que éste se produjo.

La Tercera Sala de la Corte Suprema, por tres votos contra dos, casó la sentencia de instancia, por estimar que se había dictado con infracción a las leyes reguladoras de la prueba, en especial la que establece la carga de la prueba: el art. 1698 del Código Civil en relación con el art. 318 del Código de Procedimiento Civil. Los jueces consideraron que la carga de la prueba que pesa sobre el demandante de responsabilidad civil debe analizarse, conforme al principio de adquisición, es decir, en relación con lo que ha reconocido la contraparte. En este caso, el Fisco en la contestación de la demanda no controvirtió que la muerte del Sr. Ovando se hubiera producido por el tsunami ni que no hubiera escuchado la declaración del Intendente por la radio. Se limitó a alegar que, dadas las circunstancias, no había falta de servicio y, más aún, que la víctima al no huir, como hicieron otras personas, había interrumpido el nexo causal o, por último, se habría expuesto temerariamente al daño.  Por ello, tratándose de hechos no controvertidos, sostiene la Corte, no corresponde exigir a la demandante que haya rendido prueba sobre ellos. Aún así, señala que tampoco es cierto que no haya evidencias en el proceso sobre estos supuestos fácticos y se explaya sobre ellos.

Una vez consignado que puede darse por establecido que la víctima escuchó el llamado del Intendente y que permaneció en su hogar, donde sufrió los efectos del tsunami que le causó la muerte, el tribunal se pregunta si puede considerarse que la información radial ha sido la causa del daño padecido. Para ello ocupa, aunque sin explicitarlo, la teoría de la conditio sine qua non o equivalencia de las condiciones. Aplica el test de esta teoría que consiste en la supresión mental hipotética: si al suprimirse imaginariamente el hecho imputado se obtiene que lógicamente no se habría producido el daño, entonces puede señalarse que hay causalidad. En el caso, según la Corte, si se suprime la información del Intendente no se hubiera producido el deceso, ya que “la familia Ovando solamente permaneció en el lugar producto de la tranquilidad encontrada en las palabras del Intendente, de lo contrario permanecerían en la incertidumbre que los llevaría a adoptar otra conducta. Así el daño no se produciría” (cons. 33º de sentencia de casación). Señala, además, que la relación de causalidad puede ser controlada en sede de casación por “tratarse de un aspecto de Derecho, sustentado en los hechos acreditados” (cons. 33º de sentencia de casación).  En la sentencia de reemplazo la Corte se limita a sostener que los elementos de juicio contenidos en el proceso permiten a los jueces adquirir convicción de que la familia Ovando, incluido el fallecido, fue alcanzada por la salida del mar “porque allí decidieron permanecer después de haber oído al Señor Intendente de la VIII Región que así lo solicitaba, por no existir riesgo de desborde” (cons. 13º), con lo que queda acreditada la relación de causalidad entre la falta de servicio y el daño (cons. 14º) (Ver texto de sentencias).

En nuestra opinión, la Corte acierta en considerar que si el demandado no ha controvertido los hechos no corresponde imponer la carga de probarlos al demandante. También nos parece correcto que la Corte haya reconocido que la relación de causalidad no es una mera cuestión de hecho, sino una materia de derecho que queda sujeta al control de casación. Por el contrario, nos parece discutible –sino criticable– la forma en que la Corte ha construido la relación de causalidad sobre la vieja teoría de la equivalencia de las condiciones, ya desechada por la doctrina contemporánea penal y civil. La teoría de la equivalencia idea ensancha indebidamente la causalidad y no discrimina entre los múltiples factores que han concurrido en el suceder causal. Aplicando dicha teoría, y su test de la supresión mental hipotética, se podría imponer responsabilidad a la Presidenta que nombró al Intendente (si no lo hubiera nombrado no habría emitido esa declaración) o a la radio que transmitió la declaración (si no hubiera transmitido la víctima no hubiera escuchado el aviso). Pero aún más, la Corte señala, en el contexto de la teoría de la equivalencia, que la causalidad resulta “evidente” porque los demandantes habrían permanecido en su casa sólo porque acataron la solicitud del Intendente; esto no parece desprenderse de las pruebas que obran en el proceso ni tampoco puede constituir una presunción judicial que requiere de precisión. Es dudoso que en un ambiente como el que se vivió esa noche las personas hayan sido tan obedientes a una declaración radial e improvisada de una autoridad local. Por ello, bien podría sostenerse que las víctimas, incluso después de haber escuchado al Intendente, no le hubieran creído y procedieran a escapar (como de hecho hicieron otros habitantes del sector). Con ello falla el test de la supresión mental hipotética, ya que la inexistencia de la declaración permite tanto una como otra conclusión. Esto también demuestra las debilidades de la teoría de la equivalencia de las condiciones.

Un examen a la luz de la teoría de la adecuación o de la imputación objetiva podría dar mejores resultados en cuanto a considerar si la falta de servicio del Estado puede ser considerado causa de los daños que produjo el tsunami del 27 de febrero de 2010.

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3 comentarios en “Responsabilidad civil del Estado por muerte en tsunami”


  1. Profesor:
    Considerando la importancia de este fallo y la posibilidad de aplicar esta doctrina a asuntos similares, sería interesante que Ud. pudiera desarrollar en algún otro artículo la teoría de la adecuación, en relación con este mismo asunto.
    Por otra parte, ¿no le parece excesivo y hasta peligroso que el principio de adquisición se aplique no sólo por el mérito de los escritos fundamentales del período de discusión, sino que incluso por la formulación de preguntas en un pliego de posiciones?

    • hcorralt Says:

      El problema de la causalidad lo trato en mi libro Responsabilidad civil extracontractual, con segunda edición actualizada hace pocos meses. Sobre el principio de adquisición entiendo que la Corte se fija sobre todo en los escritos de discusión, y alude al pliego de posiciones para corroborar que el demandado nunca negó los hechos aseverados por la demanda en cuanto a que la víctima escuchó la declaración del Intendente y que permaneció en su casa.

  2. Cristian Says:

    Respecto de la teoría de la imputación objetiva, en este caso, podría haberse aplicado por la Corte, el principio que dice relación con el incremento del riesgo, es decir, que la información errada proporcionada por el Intendente aumentó el riesgo a que se hallaba expuesta la víctima. Hace poco leí su libro, pero sólo la primera edición. Cuando lea la segunda, pondré mayor atención en los cambios hechos por usted al abordar la relación de causalidad, aunque en la primera ya explica la teoría de la imputación objetiva. Saludos y feliz navidad.


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