“Acuerdo tácito” y 80 millas

La Corte Internacional de Justicia emitió su sentencia sobre la disputa por el límite marítimo entre Chile y Perú el pasado lunes 27 de enero. En síntesis, acogió la tesis chilena de que la frontera estaba fijada por el paralelo de latitud sur que pasa por el hito 1 determinado por la Comisión Mixta Demarcatoria de 1930 que, en aplicación del Tratado de 1929, lo marcó como punto de partida del límite terrestre; pero sorprendentemente concluyó que la frontera marítima se extendía sólo hasta las 80 millas desde la costa. Según el fallo, a partir la milla 80 no había frontera delimitada por lo que la Corte procedió a fijar el límite mediante una bisectriz que intenta distribuir por iguales partes entre los dos países la zona supuestamente no delimitada.

Como es natural, se han emitido diversos comentarios sobre los más variados aspectos de la sentencia, así como de los votos disidentes. En esta ocasión, y sin ser especialistas en Derecho internacional y menos en Derecho del mar, quisiéramos fijar la atención en un punto que, a nuestro modesto entender, ha sido determinante en la manera en que se resolvió el fallo. Se trata de la idea de que la determinación de la frontera marítima entre Chile y Perú se habría producido no por un tratado expreso, sino por un “acuerdo tácito”. El fallo descarta que haya habido un tratado de límites acordado en las declaraciones de 1947, así como en la “Declaración de Santiago” de 1952. En cambio, respecto al Convenio sobre Zona Marítima Especial de 1954, la sentencia observanque las partes reconocen un límite marítimo como algo ya existente. Por ello estima que la frontera marítima ha sido convenida por ambos Estados mediante un “tacit agreement”: “El Convenio de la Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 no indica cuándo y por qué medios esa frontera fue acordada. El reconocimiento expreso de las partes sobre su existencia, sólo puede reflejar un acuerdo tácito al que llegaron previamente” (nº 91). De esta manera, el Convenio de 1954 “consolida el acuerdo tácito” (That Agreement cements the tacit agreement.) (nº 91).

Una vez establecida que la frontera del paralelo tiene como fuente, no un tratado expreso, sino un acuerdo tácito, la mayoría de los jueces de Corte no ve dificultades para concluir que la extensión del límite debe colocarse de acuerdo a las prácticas de navegación y pesca existente en la década de los ‘50 y llegar de un modo discrecional a una cifra que pone en 80 millas. Esta consideración es criticable incluso siguiendo la lógica del acuerdo tácito, pero resulta aún menos atendible si se considera que la sentencia de la Corte parece haber confundido lo que es una manifestación tácita de voluntad con una cláusula implícita de un acuerdo expreso.

La manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa es la que se realiza mediante el lenguaje, ya sea oral o escrito; en cambio, tácita es la que se desprende inequívocamente de actos o conductas de las partes. Así, por ejemplo, la aceptación tácita de la herencia consiste en la realización de un acto que supone necesariamente su intención de aceptar (cfr. art. 1241 del Código Civil). Para que existiera un acuerdo tácito de límites habría que constatar hechos o conductas tanto de Chile como de Perú que permitieran deducir inequívocamente su voluntad de constituir como frontera marítima el paralelo que pasa por el hito 1. Pero esto es muy difícil, sino imposible, de precisar. La misma Corte señala que no se sabe con certeza cuándo ni cómo se produjo ese acuerdo tácito.

Otra cosa diversa es que un acuerdo esté implícito en un convenio que se ha celebrado expresamente. Es lo que sucede con la “Declaración de Santiago” de 1952. En ella, Perú, Chile y Ecuador proclamaron de común acuerdo “la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas” (párrafo II), y dejaron expresamente establecido que “Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos” (párrafo IV, énfasis añadido). La disposición se refiere al problema de las 200 millas contadas desde las costas de islas, pero es manifiesto que el límite constituido por el paralelo se aplica en todos los casos. Es más, sin esa suposición no sería posible aplicar esta disposición porque nunca se podría decir si las islas de un Estado están a menos de 200 millas marinas de la zona marítima que pertenece a otro. Sólo suponiendo que las partes acordaban que el límite maríttimo general estaba constituido por el paralelo se comprende que hayan abordado el problema de la presencia de islas. Se trata, por tanto, de una estipulación implícita pero clara, contenida en un tratado expreso.  Asi se entiende mejor que el Convenio de 1954 sencillamente dé por sentado que el límite ya estaba fijado en el paralelo.

Ahora bien, si el límite fue establecido en el tratado de 1952 es obvio que su extensión no podía ser sino de 200 millas desde la costa, ya que dicho tratado estaba reivindicando para los tres Estados: Perú, Chile y Ecuador, toda esa extensión de mar. La cláusula de límites implícita en el acuerdo de 1952 debe tener esa misma extensión. Si las partes hubieran pensado otra cosa, la hubieran declarado.

Queda claro que la restricción que el fallo de la Corte hace al límite del paralelo hasta las 80 millas no se condice con los tratados celebrados entre los dos países en disputa y parece ser una forma de evitar fallar la causa en su totalidad a favor de uno de ellos por motivaciones más bien políticas que jurídicas.

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