El nuevo régimen concursal y su impacto en materia civil

Con fecha 9 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.720 que derogó la antigua Ley de quiebras (incorporada en el libro IV del Código de Comercio) y la sustituyó por un nuevo cuerpo jurídico que se titula “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas” (Texto de la ley en bcn.cl).

Las novedades del nuevo régimen de la insolvencia son muchas y de gran entidad, porque implican un cambio de valoración de los procesos concursales. De allí que se desechen términos como “quiebra”, “fallido” o “síndico de quiebras” y se suprima el proceso de calificación de fortuita, fraudulenta  o culpable de la quiebra. La idea fundamental que guía la nueva normativa es que las empresas y las personas naturales pueden tener fracasos en sus emprendimientos sin que ello tenga que ser una especie de infamia que les acompañará siempre. Todo negocio, toda inversión, todo emprendimiento tiene el riesgo de no ser exitoso y, ante ello, lo que cabe es, primero intentar una reorganización que dé viabilidad al proyecto o, a falta de esto, que se liquiden los activos haciendo pago a todos los acreedores según sus preferencias, ojalá de un modo rápido y eficiente. Si el deudor ha cometido ilícitos ellos deberán castigarse aparte, conforme al derecho penal y en la jurisdicción criminal que corresponde. La ley introduce, en consecuencia, varios tipos penales nuevos en el Código Penal (nuevo párrafo 7 del título IX del libro II: arts. 463 a 465 bis).

Ya no hay quiebras sino procedimientos concursales, que son varios. Se distinguen según si el deudor es una empresa o si es una persona natural. Es empresa deudora si se trata de una persona jurídica o de una persona natural que tributa en primera categoría o según el art. 42 Nº 2 de la Ley de la Renta; las personas naturales que no son empresas en este sentido son “deudores personas naturales”. Las empresas deudoras pueden ser sometidas a dos procedimientos concursales: uno de reorganización y otro de liquidación. Los deudores personas naturales, a su vez, pueden ser sometidas a otros dos procedimientos: uno de renegociación y otro de liquidación. Los procedimientos de reorganización y de renegociación tienen por objeto intentar evitar la liquidación mediante acuerdos con los acreedores para dar viabilidad a la empresa o a la persona en insolvencia. Cuando ello no es posible, o esos acuerdos fracasan o no se cumplen, entonces proceden los procedimientos de liquidación. Los funcionarios que intervienen en los procesos de reorganización se denominan “veedores”; en cambio aquellos que dirigen el procedimiento de liquidación se denominan “liquidadores”. Todos ellos actúan bajo la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que reemplaza a la actual Superintendencia de quiebras. Además, las principales resoluciones deben ser dictadas por jueces especializados.

Hecha esta muy somera descripción del nuevo régimen concursal, veamos algunas de las repercusiones más ostensibles en materia civil. La primera es que se mantiene el efecto del “desasimiento” de los bienes del deudor en caso de resolución de liquidación, por lo que sus bienes pasan a ser administrados por el liquidador, incluida la sociedad conyugal o los bienes sometidos a patria potestad. Se mantiene también el supuesto de alimentos para el deudor y su familia que determinará el juez con audiencia del liquidador (art. 132 nueva ley). Una vez firme la resolución de término del procedimiento de liquidación, las obligaciones con saldos insolutos se extinguen por el ministerio de la ley y el deudor se entiende rehabilitado salvo que se disponga lo contrario (art. 255 nueva ley). Se acaba entonces el beneficio de competencia que se acordaba al fallido rehabilitado mientras no fuera sobreseído definitivamente (art. 237 antigua ley).

La ley modifica el art. 1496 del Código Civil referido a la caducidad legal del plazo por notoria insolvencia o quiebra. Ahora la norma dirá: “El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es: 1º Al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación, o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización” (art. 346 Nº 1 nueva ley). La primera modificación es sólo un reemplazo de la expresión quiebra por la de procedimiento de liquidación; en cambio la segunda frase exceptúa de la caducidad legal del plazo al deudor que, aunque esté en notoria insolvencia, se encuentre sometido a un procedimiento de reorganización. No queda claro si este beneficio se extiende a todo el procedimiento de reorganización o sólo al período de protección financiera concursal que fija la resolución que da inicio a dicho procedimiento y que, salvo prórroga, se extiende hasta 30 días.  Es respecto a este período que la ley señala que “Todos los contratos suscritos por el Deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando como causal el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización” (art. 57 Nº 1, letra c nueva ley).

Otras modificaciones al Código Civil son de mera adaptación: así en el art. 1617 Nº 2, la expresión “quiebra fraudulenta” se reemplaza por la frase “cualquiera de los delitos señalados en el Párrafo 7 del Título IX del Libro Segundo del Código Penal” (art. 346 Nº 2 nueva ley). Y entre las causales de extinción del mandato se modifica el Nº 6 del art. 2163 para indicar que lo que extingue el contrato es ahora que mandante o mandatario tenga la calidad de deudor en un procedimiento de liquidación (art. 346 Nº 3 nueva ley). La reforma, sin embargo, omitió sustituir la expresión “fallido” en los arts. 497 Nº 4, 2106 y 2485. También es preocupante el completo silencio que la reforma mantiene sobre la cesión de bienes regulada en el Código Civil, que no parece ahora tener sentido práctico alguno, dado este nuevo régimen concursal (la antigua ley la regulaba en los arts. 241 y siguientes).

Importantes son las modificaciones introducidas al art. 2472 del Código Civil que contiene la numeración de los créditos de primera clase. El Nº 4 sufre una mera adaptación de denominaciones de quiebra por procedimiento concursal de liquidación y de síndico por liquidador. En cambio, el número 5 se modifica en dos puntos: se adicionan las cotizaciones adeudadas (que antes estaban en el Nº 6) y se incluye la indemnización establecida en el número 2 del artículo 163 bis del Código del Trabajo con un límite de noventa unidades de fomento. Finalmente, en el Nº 8 se amplía el plazo máximo para las indemnizaciones laborales de 10 a 11 años y se incluye la indemnización establecida en el párrafo segundo del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, con los mismos límites pero calculados de manera independiente.

Para comprender estas últimas modificaciones hay que tener en cuenta que la Ley de Reorganización y Liquidación reforma también el Código del Trabajo para determinar que la resolución que ordena la liquidación del empleador constituye una causal de terminación del contrato de trabajo, agregando un art. 163 bis a dicho Código, que da derecho al trabajador a varias indemnizaciones. La que ahora se incluye en el Nº 5 del art. 2472 del Código Civil es la sustitutiva del aviso previo que corresponde al promedio de las tres últimas remuneraciones mensuales (art. 163 bis Nº 2). La que se inserta expresamente en el Nº 8 es la que corresponde al trabajador que estuviere gozando de fuero maternal (última remuneración mensual por todos los meses que resta de fuero) (art. 163 bis Nº 4 párrafo 2º). Se entiende que la indemnización por años de servicios del art. 163 bis Nº 3 queda incluida en la expresión general de indemnizaciones de origen laboral del Nº 8 del art. 2472 del Código Civil.

Por último, sobre prelación de créditos se debe tener en cuenta que se mantiene la norma que deniega la existencia de créditos que puedan tener una preferencia superior a los de primera clase: “Los créditos de la primera clase señalados en el artículo 2472 del Código Civil preferirán a todo otro crédito con privilegio establecido por leyes especiales” (art. 241 inc. 2º). Pero se establece una nueva especie de créditos que se pagan después de los valistas: aquellos créditos en favor de personas relacionadas con el deudor que no hayan sido debidamente documentados 90 días antes de la resolución de liquidación (art. 241 inc. 3º).

Es necesario añadir que, aunque los arts. 2467 y 2468 del Código Civil no han sido modificados, la expresión “concurso” a que aluden debe entenderse referida a un procedimiento concursal de liquidación. La acción revocatoria del art. 2468 se aplicará en la medida en que no resulten eficaces las acciones revocatorias especiales que la nueva ley regula con detalle en los arts. 287 a 294.

Para implementar todo el nuevo sistema y para que pueda difundirse convenientemente entre los abogados y demás profesionales jurídicos, la ley ha previsto un plazo de vacatio de 9 meses desde su publicación, de modo que su entrada en vigencia se producirá en octubre de 2014. Un buen plazo para ir asimilando este nuevo régimen de concursos y verificar las repercusiones que tendrá en áreas diversas a las del Derecho comercial.

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3 comentarios en “El nuevo régimen concursal y su impacto en materia civil”


  1. […] sus características generales y algunos alcances civiles nos hicimos cargo en este mismo blog ( ir al post ). En esta oportunidad queremos detenernos en una de las modificaciones que puede pasar […]

  2. Daniela Contrerad Says:

    Hay una duda a la que no le he encontrado respuesta que se refiere a las sociedades: En el artículo 2106 del Código Civil sobre disolución de la sociedad colectiva se dice que esta se disolverá por incapacidad sobreviniente o insolvencia de uno de los socios. ¿Cómo opera eso? Porque usted dice que los contratos continúan vigentes. ¿Opera de pleno derecho? ¿Por la sola declaración de uno de los socios de declararse insolvente?¿O se requiere el trámite de liquidación?
    Si pueiera solucionar mi duda se lo agradeceré mucho

    • hcorralt Says:

      Habría que estudiar con mayor profundidad el punto, pero me parece a primera vista que la disolución no opera de pleno derecho y que debiera declararse judicialmente la insolvencia. Esa resolución podría ser la de liquidación del socio.


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